Una vez más los indígenas ecuatorianos se movilizan contra las políticas neoliberales aplicadas en su país. Son noticias los cierres de las principales vías en la Sierra, la costa y la Amazonía.
La convocatoria estuvo a cargo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), y la han seguido más de 53 organizaciones de la sociedad civil, que demandan el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2021, después de las protestas que obligaron al Gobierno a instalar una mesa de diálogo.
Los reclamos versan sobre congelar el valor del combustible, adoptar precios justos para los productos del campo, garantizar la seguridad en el empleo y las políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral; además de subsidios para los agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.
También exigen la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minero-petrolera, con auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales; el alto a las privatizaciones de los sectores estratégicos; el control de los precios de la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad; y el respeto a los derechos colectivos en educación, salud, libertad de asociación y autodeterminación de las etnias.
Prensa Latina citó a Leonidas Iza, líder de Conaie, quien alertó al mandatario Guillermo Lasso que debe responder a las diez demandas formuladas por las organizaciones y mostrar voluntad de estar con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional. Había dicho que los ecuatorianos enfrentaran la represión policial que se desataría a raíz de las jornadas de lucha.
Por causa de su protagonismo, Leonidas Iza fue detenido. Ante el acontecimiento, cientos de personas se movilizaron, este martes, hacia la sede de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, para exigir su liberación.
Guillermo Lasso, en un mensaje al país, sin mencionar explícitamente a Iza, dijo que había «iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de los actos violentos».
De hecho, el mandatario, antes de comenzar la huelga general, ya la había calificado de violenta, añadiendo que parar al país sería lo peor que pudiera ocurrir, porque la economía comienza a reactivarse e intentan salir de la crisis pospandemia.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que en la primera jornada de protestas participaron unos 4 000 manifestantes que bloquearon 44 puntos de diferentes vías, principalmente en las provincias andinas de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por su parte, informó que trabajan de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el alto mando del Gobierno para acabar con la huelga.
Los ecuatorianos recuerdan las protestas de octubre de 2019, durante el gobierno de Lenin Moreno, que dejó 11 muertos, 1 340 heridos –entre ellos 11 personas que perdieron un ojo– y 1 192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El Ecuador indígena nuevamente se levanta porque la crisis inducida por la burguesía, alega, la paga el pueblo, y para ese pueblo, «organizarse es necesario, resistir es justo y luchar es un derecho», según reza la convocatoria a la protesta.