Dos grandes adversarios tiene ante sí la clase política que detenta el poder en Cuba: el tiempo malgastado y la pérdida del monopolio de la información y las comunicaciones. La hostilidad de los Estados Unidos, y el injusto bloqueo que es su secuela más evidente, influyen negativamente pero no representan el principal obstáculo; lejos de eso, han permitido justificar políticas erróneas e ineficacias internas de vieja data.
Cuando en abril del 2011, once años atrás —en medio del 6to Congreso del PCC—, los inf proclamaron al 2030 como meta hipotética o puerto de llegada a un socialismo «próspero y sostenible» (devenida utopía discursiva) ya el bloqueo estaba allí, era, por tanto, un miembro de la ecuación. Trump no estaba. Ni la pandemia. Otra cosa que estaba era una infraestructura básica en condiciones de franco deterioro.
¿Cómo fue posible entonces anunciar una transformación de la economía nacional sin haberse propuesto asimismo transformar previamente, o al menos en una fase inicial, la infraestructura básica? Esta pregunta es esencial. Nuestra burocracia política es muy dada a definir conceptos generales en pose grandilocuente, pero rara vez consigue operacionalizarlos en estrategias viables que se concreten en el corto, mediano y largo plazos.
Tampoco logra concebir las medidas en forma de sistema. De modo que la lentitud, estancamiento o no realización de proyectos se debe también a que se han aprobado decisiones imposibles de concretar, pues otras debieron ser tomadas antes o al mismo tiempo, y no después. O nunca.
En una isla estrecha y alargada debió haber sido más fácil mejorar el estado de carreteras, autopistas, calles, caminos, viales y ferrocarriles que en extensos territorios continentales. No lo ha sido. Hace pocos meses viajé desde Matanzas al poblado Los Palos, en la provincia de Mayabeque. Fueron necesarias más de dos horas para recorrer apenas setenta y cinco kilómetros por el estado de las carreteras, verdaderos caminos vecinales olvidados de Dios.
Una carretera central construida en tiempos de Gerardo Machado, durante la primera mitad del pasado siglo, y una autopista que llega solo hasta la provincia de Sancti Spiritus —ambas en muy mal estado y testigo de dramáticos accidentes—, son las vías más importantes del país. El resto, mientras más alejadas de la Carretera Central en peores condiciones están. Una excepción es la Vía Blanca que conecta La Habana y Matanzas, construida en tiempos de Batista cuando grupos mafiosos del Norte se interesaron en el turismo insular.
(Foto: todocuba.org)
Los ferrocarriles, por su parte, presentan pésimo estado a pesar de que el nuestro fue el segundo país del hemisferio en estrenar el innovador medio de transporte en 1835, aun antes que la metrópoli española. Eso en cuanto al transporte interprovincial. Respecto al urbano, ni la capital ni ninguna ciudad importante cuenta con un metro que ayude a descongestionar la transportación citadina, que se convierte en lucha cotidiana de las personas para trasladarse a sus centros laborales.
De la generación eléctrica, qué decir que no suframos cotidianamente. Cuba produce casi toda su electricidad mediante termoeléctricas que utilizan el petróleo nacional, muy pesado y rico en azufre, con el consiguiente desgaste técnico por mantenimientos y roturas. La más aportadora de todas, la planta matancera Antonio Guiteras, fue construida para producir electricidad con eficiencia por treinta años. Ya tiene treinta y cuatro. El socialismo sostenible requeriría una energía ídem que no parece haber estado entre las prioridades del diseño reformador.
En la época de gran afluencia de recursos provenientes del campo socialista, se comenzaron la autopista y una central electronuclear que quedaron inconclusas. Contamos igualmente con conductoras ineficientes y muy pocos centros de tratamiento de agua; redes telefónicas técnicamente antiguas; y limitado abastecimiento de gas, que se concentra en determinadas ciudades y zonas.
No sin razón se le denomina infraestructura básica o crítica, pues describe bienes esenciales para el funcionamiento de una sociedad y economía sin los cuales es difícil sustentar otros procesos y cambios. Tal es así, que su estado es uno de los aspectos que tiene en cuenta la inversión extranjera antes de aventurarse en cualquier país. Algo que evidentemente no ha sido una preocupación para los que atienden ese ámbito en Cuba.
No creo que privatizar tales bienes sea la solución para su correcto manejo, ya que por su carácter estratégico deben ser de propiedad pública, o al menos mixta en determinados sectores. Pero su estatalización y la consiguiente falta de democracia en el manejo de lo público en Cuba, impidió a la ciudadanía intervenir en su proceso de administración y gestión, lo que incluye las inversiones necesarias para un adecuado funcionamiento.
Existen experiencias que documentan cómo la sociedad civil cubana funcionó en tanto mecanismo de presión sobre autoridades de gobierno para el manejo de infraestructura básica. Citaré como ejemplos al Comité Pro-calles de Cárdenas y al Patronato Pro-calles de Matanzas durante la República, hay muchos otros.
Este último actuó entre 1941 y julio de 1959 y se caracterizó por su aporte desinteresado y su honradez administrativa. Se financiaba en parte con fondos del gobierno municipal o provincial, y en parte con fondos particulares a través de una cuota mensual voluntaria de un peso, entregada por personas asociadas; escuelas públicas y privadas; negocios, industrias y comercios locales; asociaciones profesionales y obreras; sindicatos, logias masónicas, partidos políticos, medios de prensa, clubes, asociaciones… Su declive tuvo lugar durante el gobierno de Carlos Prío, cuando se prohibió inyectar fondos estatales a proyectos gestionados por particulares.
El prestigio de esa organización cívica fue tan grande, que cuando el 7 de enero de 1959 la Caravana de la Libertad pasó por Matanzas, el pueblo solicitó a Fidel Castro que el acueducto de la ciudad —subastado en 1958 por treinta años a la empresa Servicios Públicos Unificados, como parte de un turbio negocio—, fuera administrado por el Patronato Pro-calles, lo cual se aprobó, aunque por apenas dos meses. (1)
Los que gobiernan Cuba —devenidos clase política con el decursar de los años—, se adaptaron desde el inicio del proceso revolucionario a administrar mal y a no rendir cuentas. No debían temer nada y, efectivamente, durante décadas nada se les reclamó. No era posible. En buena medida por la confianza en ellos de gran parte de la ciudadanía, pero también porque no existía modo de confrontar decisiones erróneas en el uso de los fondos de inversión de las empresas, el manejo de créditos, inversiones y deudas; la concertación de negocios, licitaciones o contratación de servicios y, más recientemente, en la transferencia y/o disolución de la propiedad pública.
Desde la desaparición del campo socialista hasta hoy, han sido innumerables las estrategias, proyectos y planes anunciados para revertir la situación de la economía cubana. He aquí algunos de los más significativos en orden cronológico: proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, proceso de Perfeccionamiento empresarial, creación del holding Gaesa, desmontaje de la industria azucarera, Programa electro-energético nacional, proceso de Actualización de la economía cubana, experimento de Artemisa y Mayabeque, Zona Especial de Desarrollo Mariel, Tarea Ordenamiento.
A tenor con su costumbre de dilapidar el tiempo, quizás los decisores no se han percatado (¿o sí?) de que solo restan siete años y medio para el ansiado 2030. En ese breve plazo casi todo está por hacer, de modo que nuestra élite política empieza a reciclar expectativas en lugar de reciclarse a sí misma.
Veinte años después de su decisión de desmontar la industria azucarera, se nos informa que Raúl Castro convocó a salvarla. Dicha convocatoria llega justo a tiempo: la zafra del 2021 es la más baja desde 1959. En esa vuelta en círculos también se apela a la revitalización del ALBA. Nada que no hayamos visto antes.
No obstante tales dejavus, la realidad se muestra implacable, agravada asimismo por más de dos años de pandemia. La temporada turística fue decepcionante, lo que no se explica únicamente por la situación que generó la Covid-19, si se comparan los resultados del año con los de países del área turística caribeña.
Para Cuba, cuyo Estado ha destinado en el último lustro el mayor por ciento de sus inversiones a la construcción inmobiliaria asociada al turismo, esas cifras son elocuentes indicadores del fracaso en la concepción del modelo económico, que como bien ha demostrado el economista Mauricio de Miranda, solo ha conducido a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada.
La necesidad de pagar la deuda externa contraída, más las escasas fuentes de financiamiento provenientes del exterior; retroalimentan una situación interna de crecimiento acelerado de la inflación, aumento sostenido de precios, escasez de alimentos y productos esenciales y enorme descontento ciudadano, que se expresó como estallido social hace casi un año.
A fines de 2019 el presidente Miguel Díaz Canel exhortó a vivir «los próximos días y horas como si triunfara la Revolución otra vez». Su solicitud era congruente con la costumbre, descrita por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de las generaciones que:
«(…) aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria [que] es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal».
En lugar de vivir «como si triunfara la Revolución» deberíamos lograr que triunfara una que nos libere de la «burocracia empoderada», como denomina el estudioso Mario Valdés Navia a esa clase política que ha enajenado para sí el poder al excluir a la ciudadanía de cualquier decisión. Bien la describe un fragmento del ensayo «Los excluidos», del profesor René Fidel González García:
Los que han manejado durante muchos años la información pertinente y objetiva de todas las ramas de la sociedad cubana, los que han podido incluso evaluar e intentar corregir a partir de datos y evidencias suficientes los errores y deformaciones que ellos suponen, los que han podido articular e instrumentar durante todo este tiempo propuestas y decisiones como políticas públicas en un orden de complejidad sistémico, los que han dominado en todo momento los umbrales de incertidumbre y los riesgos de cada escenario, nos han llevado, por la acumulación y calidad de sus actos de gobierno, por los propios límites y la soberbia presentes en sus aprendizajes y desenvolvimiento, por el goce inapelable de la impunidad y la imposibilidad de la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad y control de sus actos, por la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas reales, a una situación de desastre estratégico, a una situación potencialmente inestable y catastrófica para futuras generaciones pero de seguro crítica y difícilmente reversible en el orden económico y social (…)
Ese grupo cree que puede mantenerse exclusivamente mediante la coacción y la instrumentación de la ley a su favor. Se equivoca.
«Los perros metidos en el tabaco»
Con permiso de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, bautizo este epígrafe con una frase coloquial suya, eco de su natal Pinar del Río, que usara en una reunión del 2018 de la cual conocimos hace poco. El funcionario alertaba a sus pares de la Fiscalía y el Minint que con la nueva Constitución los abogados podrían intervenir desde el inicio en la fase de instrucción penal y serían tan incómodos como «perros metidos en el tabaco».
En un modelo político como el de Cuba, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, semejante a una enorme jauría. Sobre todo cuando tiene todos los motivos para estar molesta. Dicho modelo detenta, como condición sine qua non, el monopolio de la información, las comunicaciones y la opinión pública.
En mi artículo anterior argumentaba que «Un partido único se puede mantener si existen estas condiciones: 1) control casi absoluto de la información y de la opinión pública y 2) ciertos niveles de consenso y prosperidad social, incluso en condiciones de austeridad. Puede fallar una de ellas, pero no ambas. Ninguna está presente en Cuba hoy».
El grupo de élite que determina la política insular parece convencido de que con mano dura (evidente en el Decreto-Ley 35, en la severidad de las penas a las personas detenidas el 11 de julio y en el nuevo Código Penal) solucionará el creciente disenso. Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la «práctica abusiva de derechos constitucionales». Pero es precisamente practicando tales derechos que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación para que la burocracia empoderada no siga definiendo proyectos y estrategias que no está en sus manos, ni en su voluntad, cumplir.
Hace unos días se suscitó un interesante debate en Facebook a partir de la valoración de hipotéticas opciones de cambio político para Cuba sugeridas por José Gabriel Barrenechea. Una de ellas cuestionaba la definición de situación revolucionaria, al argüir que el modelo cubano ha demostrado que «los de arriba» pueden mantenerse siempre que «su aparato represivo funcione y la élite se mantenga unida».
No se interpretaba bien ahí el verdadero significado de la frase de Lenin: «que los de arriba no puedan». No se trata de que puedan porque posean la fuerza del aparato represivo; se trata de que puedan continuar en el poder usando los métodos tradicionales de gobierno. Lo cual, para el caso de un Partido y gobierno que se define de izquierda y popular, significaría no abandonar esa actitud para asumir cada vez más un cariz abiertamente anti-constitucional, violento y dictatorial.
Se trata de poder gobernar manejando ciertos niveles de legitimidad, pero esos niveles han disminuido peligrosamente en los últimos tiempos, sobre todo tras el 11 de julio. Si se acudiera única o esencialmente a la fuerza represiva para mantener el poder, ello ocasionaría (ya se está viendo) que el costo político y (no perder de vista) el económico sean tan elevados que no puedan pagarse sin que repercuta en un aumento consiguiente del disenso, que conduciría asimismo a mayor represión, en un proceso de alimentación recíproca o relación directamente proporcional.
Sin embargo, tal proceso no puede ser eterno, pues no existe posibilidad para el gobierno de mantenerse mucho tiempo sin recuperar legitimidad y aumentar el consenso en alguna medida. Eso si pretende continuar presentándose ante los ojos de la ciudadanía y de la comunidad internacional como popular y de izquierda, cosa cada vez menos creíble.
En el artículo «Cuba, los árboles y el bosque», de finales del 2020 resalté la novedosa coexistencia de condiciones objetivas y subjetivas para una transformación sociopolítica del modelo cubano. Afirmé entonces: «La cuestión que está en juego ahora no es si hay que cambiar, sino cómo hacerlo».
Continúo pensando igual, creo que es una cuestión de tiempo y sigo defendiendo medios pacíficos para el cambio. La incógnita sería entonces: ¿Un cambio para construir un inexistente socialismo democrático o que apueste a una perspectiva pro-capitalista? Pero eso será objeto de un próximo análisis.
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(1) Caridad Contreras: El Patronato Pro Calles de Matanzas. Una respuesta ciudadana, Ediciones Matanzas, 2009.
