Activistas cubanos por la defensa de los derechos humanos en la isla buscan apoyo internacional y difunden la situación de la niñez y la población penal en Cuba ante organismos internacionales. A muchos de ellos el Gobierno cubano los ha relegado al exilio y desde el exterior procuran desmontar el relato que el Gobierno en la isla ha proyectado internacionalmente sobre la situación del país.
Entre el 3 de mayo y el 3 de junio de 2022 acontece el Nonagésimo Período de Sesiones de la Convención sobre los Derechos del Niño. La cita se recordará por la aseveración de la diplomática cubana Yissel González García de que en Cuba “no se reclutan ni se reclutarán niños”, al ofrecer una información incompleta sobre la obligatoriedad del Servicio Militar Activo para hombres.
En las sesiones del Comité de los Derechos del Niño se abordó la situación de la infancia en Cuba durante más de seis horas, según reportó la periodista Darcy Borrero, quien participó en la reunión junto a los abogados Alain Espinosa y Giselle Morfi. El ingreso al servicio militar, la separación de hijos y padres “desertores”, la falta de libertad de expresión, manifestación y credo de los niños fueron objeto de análisis.
Sobre el tema de las Escuelas de Formación Integral (EFI), tuteladas por el Ministerio del Interior y conocidas como Escuelas de Conducta, Alain Espinosa dijo a Cibercuba: “La impresión que nos llevamos es que el Comité no quedó para nada satisfecho con su respuesta (la de la delegación del Estado cubano). De hecho, fueron un paso más adelante y una de las consideraciones que tuvieron fue que los ilustraran sobre cuáles eran las características de estas escuelas de formación integral: si había rejas, si había candados, si había policías, si estos chicos podían salir cuando ellos lo deseaban, por voluntad propia, si podían recibir las visitas de sus familiares”.
Según relató Espinosa, la delegación cubana respondió con imprecisiones en cuanto a la cantidad de niños en las escuelas, y solo mencionaron alrededor de 150 matriculados anualmente como promedio.
Los expertos aún no han hecho sus observaciones —estarán listas el 6 de junio y se publicarán el 8—, por lo que Giselle Morfi alertó que “todas las políticas penales de modificación de medidas cautelares, de sanciones, que estamos viendo ahora, pueden ser perfectamente estratégicas para justificar que la justicia penal en Cuba y los jueces son independientes porque los tribunales de instancias superiores desmontaron todas las sentencias y el juicio que le hicieron a estas personas. Esto no es así”.
De acuerdo con las consideraciones de Darcy Borrero, tanto de las sesiones del Comité de los Derechos del Niño como las del Comité contra la Tortura, que se reunió los días 20, 21 y 29 de abril, sobresale la demanda de información sobre la población penal cubana. Contar con más detalles les permitirá a los expertos determinar si las regulaciones internacionales se cumplen o no, y cuál es la situación de las personas privadas de libertad en el país.
Del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, Borrero Batista destacó que rara vez concurren a esta instancia dos informes alternativos al que presenta la parte oficial cubana como Estado parte. El hecho en sí representa un gran avance. De los informes alternativos, uno fue preparado por la organización no gubernamental Prisoners Defenders y el otro por una coalición de más de diez organizaciones independientes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en Cuba.
Borrero Batista representó a Justicia 11J, un grupo de mujeres que tras las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 y la respuesta represiva del Gobierno recopila la información sobre los detenidos y sus procesos judiciales.
“Nosotros pedimos una visita [de los expertos del Comité contra la Tortura] a Cuba, a las cárceles, para conocer detalladamente y revisar cómo son tratados los presos, cuáles son las condiciones sanitarias y materiales en las que están ahora mismo esas personas. Las celdas a veces son demasiado pequeñas, no tienen las condiciones adecuadas para la alimentación, ni los presos disponen del acceso a medicamentos y a tratamientos especializados”, explica Borrero Batista. “Pedimos esa visita in situ, pero el Comité no puede obligar y quizá tampoco presionar a Cuba para que los expertos hagan la visita, sino que el Estado parte, en este caso Cuba, tendría que invitar a la comisión a que vaya al país y visite las prisiones”.
Con la presentación de los informes, se da a conocer a la comunidad internacional una información diferente a la presentada por el Estado parte que, de acuerdo con lo relatado por la periodista, “lejos de mostrar evidencias, se centró en tratar de desmontar a priori que las organizaciones de la sociedad civil “mienten””.
Olga Guzmán Vergara, consejera de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial Contra la Tortura, enfatizó que el Comité escuchó atentamente las preocupaciones que plantearon las organizaciones, hicieron preguntas muy particulares respecto a la información presentada en el informe y mostraron interés, también inquietud, por las cifras de presos políticos (790 procesados penalmente), por las condiciones de detención, por la falta de independencia de jueces y abogados en la isla.
“En ese sentido, el Comité inició un diálogo constructivo con el Estado. A este diálogo constructivo se presentó el embajador de la misión de Cuba en Ginebra y se plantearon una serie de preguntas relacionadas con estos temas”, precisó la consejera. “Para las organizaciones ha sido una sesión importante dado que particularmente las violaciones a derechos humanos que se cometieron en el contexto de las protestas del año pasado han sido traídas a la luz bajo este ejercicio de escrutinio internacional. El Comité contra la Tortura, cabe recordar, está conformado por expertos internacionales y es un órgano de tratados de las Naciones Unidas, quienes revisan que los Estados parte, como lo es Cuba, implementen las disposiciones de la Convención”.
La madre de Ángel Jesús Veliz Marcano, condenado a prisión por participar en las protestas del 11 de julio, también denunció ante las Naciones Unidas la situación de los familiares de los jóvenes detenidos por manifestarse pacíficamente y los abusos cometidos con su hijo. La psicóloga Ailex Marcano solicitó el apoyo internacional para reclamar la libertad de los presos del 11J, ya que las autoridades nacionales no escuchan a los familiares.
El apoyo de la comunidad europea
La visibilización de nombres y rostros de los enjuiciados —incluidos menores—, de los heridos de las protestas, la demostración del uso del delito de sedición con intenciones políticas y la denuncia del exilio forzado a opositores ponen a Cuba bajo la mirada internacional. La violación sistemática a los derechos humanos es también presentada en espacios internacionales por la historiadora del arte y activista Carolina Barrero.
Desde que fue obligada a salir del país hacia España en febrero de 2022, Carolina ha dado a conocer la situación de Cuba en medios internacionales. En marzo del año en curso convidó en el programa televisivo Buenos días, Madrid “a los que niegan la dictadura a que se atrevan a vivir la verdad. Cuba no es el contenedor de todas las aspiraciones utópicas de la izquierda internacional, hay una realidad que implica a miles de personas que sufren”, dijo.
También realizó una gira por Europa, comenzó en Berlín, para reunirse con importantes personalidades. El 21 de abril de 2022 sostuvo un intercambio con la Sra. Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. “Ella estuvo un largo tiempo conmigo, es señal de que las cosas están cambiando y es un gran avance para nosotros que nos reciba. Además, se comprometió a dar seguimiento a algunos de los temas que nosotras tratamos”, dijo Carolina.
Al día siguiente, Barrero se reunió con Bahia Tahzib-Lie, embajadora de Derechos Humanos de los Países Bajos, de quien resaltó: “Su compromiso con los derechos humanos es inspirador. Hablamos de la valentía de las madres y de los que defienden la dignidad humana y la libertad en Cuba. No están solos”.
El 26 de abril Carolina se reencontró en Bruselas con la artista Tania Bruguera y el director de programas para América Latina de Civil Rights Defenders, Erik Jennische, para abogar por la liberación de los presos políticos. Dos días más tarde, con el apoyo de la Asociación Francesa por la Democracia en Cuba, las activistas cubanas compartieron sus testimonios sobre la persecución de artistas y manifestantes en la isla en el marco de la conferencia “Arte y política: libertad de expresión en Cuba”.
Barrero y Bruguera intercambiaron, entre otras personalidades, con Geneviève Garrigos, encargada de los derechos humanos en el Consejo de París, y con Delphine Borione, diplomática francesa y embajadora por los derechos humanos, quienes escucharon sobre las víctimas del autoritarismo en Cuba y los casos de criminalización de la sociedad civil.
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