Mientras el presidente chileno Gabriel Boric trata de recuperar el apoyo de su electorado, el borrador de la eventual nueva Constitución Nacional, uno de los blancos de la derecha local, fue entregada a la Comisión de Armonización, de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.
Dos son los focos de atención política actuales en Chile: el retroceso en la simpatía de los chilenos a Boric, de 36 años, con menos de tres meses en el Palacio de La Moneda, y la guerra de los conservadores contra la Carta Magna que, de ser aprobada, modificaría el sistema político y social del país andino, lo cual sería clave para el gobierno surgido en elecciones bajo la bandera de la coalición progresista Apruebo dignidad.
Con marcado interés la población chilena sigue con expectativa el camino del documento redactado por una Convención Constituyente de 154 miembros, electa en las urnas mediante votación libre y secreta, en la que están representados los diferentes sectores sociales, incluidos los pueblos indígenas, invitados por primera vez a un evento de tamaña responsabilidad.
La Convención quedó instalada a regañadientes durante el régimen del derechista Sebastián Piñera (2018-2022), quien intentó impedir sus funciones al negarle las condiciones mínimas para realizar la delicada labor de sustituir la actual Carta Magna heredada de Augusto Pinochet, el general traidor que en 1973 derrocó con un golpe de Estado militar al presidente Salvador Allende.
Este organismo, que será disuelto una vez celebrado el referendo, fue exigido por la población en una consulta pública el 25 de octubre de 2020. El pueblo chileno, en especial su sector juvenil, durante años se mantuvo en la calle –incluso en algunos momentos álgidos de la pandemia de la COVID-19- debido a las medidas neoliberales impuestas en el llamado país del cobre, donde hay una desigualdad social de enormes proporciones.
Una de las exigencias actuales de la población es que se reforma o desaparezca el brutal cuerpo de Carabineros, la policía urbana militarizada (Foto: El Comercio).
Datos del Banco Mundial señalan que solo 1% de los hogares posee un cuarto de la riqueza de ese país, mientras que el 50 % de las familias más pobres posee el 2,1 por ciento.El camino del texto recién redactado comenzó en octubre de 2019, a partir de las históricas protestas estudiantiles por el alza del pasaje del transporte público, convertidas en una grave crisis social y política para el multimillonario empresario Piñera, en su segundo mandato presidencial.
UNA CONSTITUCIÓN NACIONAL POR DENTRO
El documento provisional consta de 499 artículos, mientras la vigente solo posee 129 debido a que no penetra en el tejido social chileno, y fue redactada a conveniencia de la oligarquía nacional, sin considerar necesidades y derechos de la población.La Comisión de Armonización tiene hasta el próximo 4 de julio para editar la versión final del texto que será sometido a consulta popular dos meses después, luego que las 10 comisiones de la Convención concluyeran su labor el pasado sábado.Críticas de diverso tipo son utilizadas por los partidos tradicionales para tratar de tergiversar el articulado e impedir un voto favorable. Las redes digitales constituyen una fortaleza de los conservadores que, entre otros inventos, denunciaron que sus propuestas fueron ignoradas, lo que carece de fundamento, pues en la Constituyente no funcionaron grupos políticos.
Esgrimieron también que los todos los constituyentes eran personas progresistas y sin experiencia en el área constitucional, por lo que, afirman, diseñaron normas contradictorias y sin representación de toda la sociedad.Sin embargo, la Convención en sí constituye un elemento innovador desde su integración, pues por primera vez en el planeta una Constitución es redactada por igual número de mujeres que hombres, y con presencia de las diversidades sexuales y los pueblos indígenas. En el borrador quedaron plasmados temas novedosos, como derechos de género, ambientales, y perspectivas innovadores respecto a los animales y la Naturaleza.
Establece también una paridad inédita en la integración de los poderes Ejecutivo (en todos su niveles) y Legislativo, con un perfil de por lo menos el 50 % de féminas, pero que es apenas un piso, no un límite.
Se trata de un texto moderno, acorde con el criterio de una mayoría poblacional, que el tradicional conservadurismo chileno trata de desvirtuar para que el resultado del referendo sea negativo, y con ello desaparezca uno de los pilares del gobierno que prometió la transformación de la sociedad.
Partidos de derecha agitan sus banderas contra la decisión de la Convención de transformaciones en el Poder Legislativo, que estaría integrado por el Congreso de Diputadas y Diputados (escrito con el uso del lenguaje inclusivo para referirse a ambos géneros), y una Cámara de las Regiones sustituta de la de Senadores, catalogada como “un órgano deliberativo, paritario y plurinacional”.
La nueva Constitución Nacional permitiría –tal como aparece en su contenido- la reelección presidencial consecutiva, hasta ahora prohibida.Otro de los artículos rechazados por la derecha es el referido a los derechos de los pueblos indígenas, tradicionalmente marginados en ese país. Ahora, la llamada Ley de Leyes reconoce que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, ecológico y “plurilingüe”.
Reconoce derechos humanos –como los sexuales y reproductivos- vistos con ojeriza por sectores tradicionalmente negados a los cambios. En ese contexto, es poderoso el dominio de las tradiciones religiosas.Para ponerle un freno a gobiernos excluyentes, la llamada Constitución del pueblo también aprobó el derecho al trabajo decente, libertad sindical, huelga y remuneración equitativa, con una prohibición expresa de la precarización laboral; a la memoria histórica, la alimentación y la protección de datos personales.
BATERÍA DERECHISTA
La batería mediática de la derecha dispara contra la Carta Magna aun en borrador y el presidente Boric, un exlíder estudiantil que ganó la presidencia con el mayor número de votos recibidos por un candidato (58%), ha visto menguar en las últimas semanas la aprobación a su corta gestión.
En una reciente entrevista, Boric declaró el ¨final del período de transición¨ y pidió a sus ministros que actúen con la celeridad que exige el pueblo.
Una crisis coyuntural sufrió el gobierno cuando decenas de camioneros bloquearon vías para garantizar su seguridad en las regiones de La Araucanía y Bio Bio, a unos 600 kms de Santiago, la capital. El presidente anunció que analiza la posibilidad de permitir al Ejército viajar al sur para proteger a los conductores y acabar con la delincuencia que asola esa región.
Este joven mandatario, al frente de un Ejecutivo con un promedio de edad de 40 años, reconoció el pasado día 1 en una entrevista al periódico local La Tercera, que sus dos meses en el poder no se desarrollaron como pensaba, pues ¨ha habido dificultades y errores, y es importante asumir las responsabilidades propias¨.
Su tasa de aprobación cayó a casi 24% en la segunda mitad de abril, un desplome de casi 23 puntos desde su asunción, según una encuesta de Pulso Ciudadano publicada a principios de este mes. Otro encuestador, Cadem, reportó que la aprobación del dignatario era de 36%, una caída de 14 puntos.
Cristóbal Bellolio, profesor de ciencias políticas en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, consideró que Boric y su equipo tardaron en detallar los planes de su gobierno. “Se abusó en un comienzo de la idea de tomarse un tiempo para diagnosticar la situación y después actuar”.
Boric lidia al mismo tiempo con algunos problemas que habrían representado un desafío para cualquiera en su puesto.
Es muy relevante la decadente situación económica. La tasa de inflación anual de Chile alcanzó el 10,5% en abril, rompiendo la marca del doble dígito por primera vez en 28 años y superando el aumento del 7,2% registrado en 2021.Ante las actuales dificultades económicas, el gobierno redujo la semana pasada sus expectativas de crecimiento para el año de 3,5% a 1,5%, y elevó su pronóstico de inflación para 2022 a 8,9 por ciento.
Otro punto de fricción que dura casi 100 años es la destructiva relación de las fuerzas derechistas de los distintos gobiernos con el pueblo mapuche, siempre en rebeldía, un asunto que, afirma el mandatario, debe ser resuelto por su administración pero que ahora está en un punto candente en el sur del país.
Otra reclamación del pueblo es la reforma o la desaparición del cuerpo de Carabineros, la policía militar que durante el estallido social del 2018 detuvo, asesinó, violó, y dejó ciegos o tuertos a cientos de personas.Algunos analistas coinciden en que las expectativas creadas en torno al presidente y su equipo eran muy altas e irreales, en especial la rapidez con que Boric implementaría nuevas medidas para contrarrestar la desigualdad social.Observadores entienden que el pensamiento derechista establecido, que busca el desprestigio de la posible Carta Magna, hace que hoy las encuestas anticipen un escenario desfavorable en el plebiscito.
Según el último sondeo publicado esta semana por la consultora Cadem, el 46% de la ciudadanía rechaza el borrador, mientras que el 38% lo respalda.Esa situación puede cambiar en la medida que Boric pueda cumplir sus promesas electorales, y la derecha se vaya quedando sin municiones en su guerra contra un futuro que debe ser mejor.Si gana el Sí por la nueva Carta Magna, Chile debe empezar a curar las heridas hechas por un sistema que denigra la condición humana. El triunfo más importante de Boric para consolidarse en el gobierno depende de que la aprobación en el plebiscito sea lo más abrumadora posible.
