El análisis del (re)cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba tiene, al menos, tres niveles. Por un lado, la valoración puntual de cada medida según su mérito y las posibles consecuencias que pudieran traer. Por otro, las repercusiones que tendrán en dependencia de cómo responda el Gobierno cubano. Y, finalmente, el contexto en el que se anuncian estas medidas, el mensaje que envían, así como las interpretaciones que cada quien haga del anuncio.
En un primer nivel, algunas de las medidas tienen una connotación humanitaria. El procesamiento de las visas fuera de Cuba tiene un alto costo material y humano. En tal sentido, es positivo que los cubanos puedan solicitar las visas dentro de su país y que el programa de reunificación familiar de parole sea restablecido. Asimismo, es también positivo que los cubanos que viven en Estados Unidos, en su mayoría en el sur de la Florida, puedan viajar a sus provincias para visitar a seres queridos y amigos.
En lo referente a las remesas, quedan dudas sobre cómo llegarán a manos del destinatario. Es importante que el cliente —quien envía el dinero— pueda decidir la moneda que su familiar o amistad recibirá: divisas o pesos cubanos. Lo anterior, sobre todo, porque el valor de cambio que ofrece el Gobierno cubano muchas veces no se ajusta al del mercado. Además, porque el Gobierno —que se apropia de la divisa al momento del cambio— usa esa moneda sin transparencia alguna.
En otro nivel, algunas medidas parecen depender mucho más de la reacción del Gobierno del archipiélago. Por ejemplo, abrir el acceso del financiamiento estadounidense a las mipymes cubanas sería beneficioso para el conjunto de la sociedad si, primero, el Gobierno de La Habana avanzara una legislación que permita que inversiones extranjeras lleguen al incipiente sector privado, y segundo, si estas empresas no fuesen forzadas a ser leales al Gobierno y cualquier postura o política suya. Es decir, si para existir —y, por tanto, aspirar a una inversión estadounidense— estas pequeñas y medianas empresas privadas tienen que —de manera formal o de facto— sacrificar su autonomía como actores económicos, sociales y políticos, entonces, el paso en concreto sería contraproducente o, cuando menos, generaría beneficios en la misma medida que injusticia.
El contexto en el que anuncian las medidas es llamativo. El Gobierno cubano aprobó el 15 de mayo de 2022 un nuevo Código Penal, el cual amplía la persecución por motivos políticos y económicos. Además, aunque el régimen ha excarcelado a algunos presos del 11J en fechas recientes, centenares continúan sin libertad o a la espera de juicio. Por ello, es de esperar que muchos vean el anuncio como políticamente inoportuno, mientras otros lo valoren como un regalo inmerecido a la Administración de La Habana. Desde luego, a otros tantos estos cálculos políticos les importan bastante poco.
Por todo esto, mi posición respecto a las medidas es, como seguro adelanta el lector avezado, reservada. Por un lado, creo importante que se restablezcan los vuelos a las provincias cubanas. También es urgente que, en la medida de lo posible, la Embajada estadounidense en La Habana trabaje para procesar en suelo cubano todas las visas que faciliten la reunificación familiar y, de manera general, el flujo de personas de una orilla a la otra.
Tengo mis reservas en torno al flujo de remesas, pero si estas se pueden hacer sin que el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas se apoderen de los USD enviados por sus exiliados, entonces será un paso positivo. Tengo estas reservas, sobre todo, porque las personas que viajen desde Estados Unidos a las diferentes provincias cubanas podrían llevar consigo remesas en efectivo. Esta experiencia existía antes de que Barack Obama aprobara las operaciones de Western Union mediante Fincimex, en manos del conglomerado militar Gaesa.
Por último, respecto al timing del anuncio, pareciera o bien que la Administración Biden improvisa e intenta tomarle el pulso a los cubanos en el sur de la Florida, o que pretende enviar un mensaje claro de que el (re)cambio de política es una cuestión de Estado que no se ajusta de manera necesaria a las corrientes de opinión.
Esto último, aunque tiene sentido, debe considerarse con mucho cuidado. La actual Administración estadounidense —aun desde una visión estrictamente estatista— debió ser más cuidadosa respecto al momento de anunciar las medidas. Desde luego, es posible que detrás de estas haya más que un simple anuncio. Por ejemplo, es improbable que no hubiera, y continúen, negociaciones entre ambos Estados o que, incluso, estas incluyan a terceros —como Venezuela—. Todo ello se conocerá o inferirá en el futuro.
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