LA HABANA, Cuba.- El domingo Cuba amaneció con la noticia —no la sorpresa— de que el nuevo Código Penal había sido aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El documento en cuestión es tan nocivo para las libertades ciudadanas, tan dictatorial en su esencia y objetivos, que no pueden entenderse las medidas anunciadas por la administración Biden para supuestamente ayudar al pueblo cubano a perseguir sus sueños de libertad.
Una vez más Estados Unidos afloja la soga al cuello de la dictadura. El “enemigo histórico” responderá con dinero, mucho dinero, a las estrategias de presión que desde la era de Fidel Castro practican sistemáticamente los comunistas para obligar a la Casa Blanca a negociar. Deshielo sin algarabía ni visita presidencial, sin Tampa Bay Rays ni discurso en el Gran Teatro de La Habana, ni reunión con emprendedores selectos.
El témpano ha empezado a derretirse en silencio, con la reanudación del Programa de Reunificación Familiar y el reinicio de vuelos procedentes de Estados Unidos hacia otras ciudades de la Isla, además de La Habana. No siendo suficiente con esto, el presidente Joe Biden eliminará el límite de remesas impuesto por la administración Trump y permitirá las visitas de ciudadanos estadounidenses que estén autorizados a visitar Cuba, con el objetivo de retomar el contacto pueblo a pueblo y las investigaciones académicas.
Así retribuye el “enemigo” al régimen que dio la orden de combate contra su propio pueblo el 11 de julio de 2021, que mantiene cientos de presos políticos en sus cárceles, que acaba de aprobar un Código Penal que criminaliza al extremo la libertad de expresión, el derecho a ejercer el activismo político y a tener una prensa libre. Dinero, mucho dinero para la dictadura que no solo mantiene la pena de muerte, sino que la incluye como castigo en más de veinte figuras del nuevo Código Penal y encima ha justificado su vigencia con las “políticas hostiles” de Estados Unidos hacia la Isla.
Extraña hostilidad esa que se traduce en generosas concesiones, incompatibles con el lamentable estado de la democracia en Cuba. Premio gordo para el castrismo que impide a más de 200 cubanos salir de Cuba, y con idéntica prepotencia prohibió el regreso a la Isla de la curadora y activista Anamely Ramos en febrero pasado. Premio gordo para el régimen que apoya la invasión a Ucrania, que ha llenado de espías los paneles de LASA y en días recientes mintió en Naciones Unidas al afirmar que el Servicio Militar en Cuba es voluntario.
La Casa Blanca afirma que sus nuevas ayudas serán para el sector privado, y no es difícil suponer que se refiere a los mismos “emprendedores vitrina” que le vendieron a Obama como sociedad civil y actores independientes de la economía nacional. Ya los gestores y testaferros del castrismo deben estar muy bien posicionados para absorber todo el capital posible cuando se desate la avalancha de dólares, porque las inversiones y un porciento de las remesas irán adonde siempre, de eso no cabe la menor duda.
Nada se sabe de la entidad estadounidense que ha sido privilegiada con la única licencia emitida por la OFAC desde 1960 para invertir en Cuba. El financiamiento sería, supuestamente, para una empresa cubana privada cuya identidad se desconoce hasta el momento; pero ningún emprendedor que no esté bien encamado con la cúpula se llevaría una tajada de ese pastel, y eso lo saben perfectamente en la Casa Blanca.
Es decepcionante comprobar que el esquema se repite; pero que el Gobierno estadounidense actúe de modo tan espléndido justo ahora, en medio de una escalada represiva contra la sociedad civil cubana como no se había visto en décadas resulta, cuando menos, inexplicable. ¿El pueblo cubano? Ahí, autodestruyéndose y soportando cada día más penurias mientras el ministro de economía plantea la posibilidad de introducir una tercera tasa cambiaria para los “actores económicos”, incluso aquellos que dan pérdidas. El recontrajodido ciudadano que trabaja y cobra en moneda nacional tendrá que seguir esperando a que haya suficiente disponibilidad de MLC para poder acceder a esa red comercial.
Una cosa sí es cierta: Estados Unidos es un problema para Cuba; pero no por culpa de un bloqueo que no existe, sino por la volatilidad de sus políticas en dependencia de quien se siente en el despacho oval. El diferendo es un relajito. Los intereses de uno y otro lado se concilian a puertas cerradas para complacencia de una dictadura que además ejerce con éxito su ramería en la esfera diplomática; y mientras le saca a Biden todo lo que puede, también firma convenios para que el invasor Putin le envíe carnes enlatadas, productos lácteos y otras minucias para mantener entretenidos a los cubanos, y gordos a los agentes de la Seguridad del Estado.
El régimen tiene la constitución y la ley de su lado; pronto tendrá también, por miles de millones, los dólares que tanto ambiciona. Si con esta nueva movida del Gobierno estadounidense el pueblo cubano no entiende que la libertad está exclusivamente en sus manos, que vaya preparando el cuello para un dogal mucho más asfixiante. Las dictaduras no se tumban con dinero, y si este le llega justo cuando acaba de aprobar un Código Penal de corte estalinista, queda claro que el mundo libre respalda su proceder.
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