Aprobada Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural (+ PDF)

Más tarde en la jornada de este lunes, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural,  que tiene por objeto regular la protección del patrimonio cultural y natural de la nación, la importación y exportación de los bienes culturales, inscritos o no como patrimonio cultural, los sujetos de la gestión patrimonial y sus atribuciones generales.

La normativa se encarga del funcionamiento ordenado, racional y orgánico de los museos, así como las responsabilidades y obligaciones de los órganos, organismos y entidades del Estado, unido a los comportamientos contravencionales para la protección de las manifestaciones culturales inmateriales y los bienes culturales muebles e inmuebles.

Al presentar ante la Asamblea el proyecto de ley, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, recordó que fue debatido mucho con las organizaciones y diputados. 

“Por primera vez se incluye el patrimonio natural”, apuntó.

Aspectos novedosos de la ley:

• Se lleva a rango de ley la noción de patrimonio como aspecto para la cultura y el desarrollo, en cuanto constituye un importante capital de la sociedad.
• Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y a la participación ciudadana como importantes vehículos para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones.
• Precisa que el patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute, y es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros.
• Se precisa que el patrimonio natural enriquece el capital social conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial.

Alonso Grau destacó el reconocimiento en la ley tanto del patrimonio material como del inmaterial, junto al patrimonio natural, así como de categorías a menudo olvidadas como el patrimonio industrial.

Señaló que la ley regula mecanismos y procesos para la protección del patrimonio cultural y natural, derechos y obligaciones de personas naturales y jurídicas, derechos de propiedad y transmisión de dominio, la importación y exportación de bienes culturales inscritos o no como patrimonio, los sujetos de la gestión patrimonial y sus funciones, y el funcionamiento ordenado, racional y orgánico de los museos, entre otras cuestiones.

Apuntó que ha sido resultado de un proceso de consulta profundo, en el que fueron recogidos 1 522 criterios. “Más de 300 personas expresaron criterios y se celebraron 37 encuentros, 574 criterios fueron aceptados, lo que implicó modificar 124 artículos. Fue una ley muy discutida”, destacó.

También los diputados hicieron 27 planteamientos, de los que se aceptaron 12 que implicaron modificaciones significativas en el texto. Alonso Grau añadió que en los últimos días fueron recibidos otros 69 criterios y se aceptaron 23, junto a 13 consideraciones. Como resultado, se introdujeron modificaciones a 21 artículos.

“Se presenta un proyecto de ley que da respuesta a los principios de la política que los sustenta. Será un paso trascendental en la consolidación de la política del Estado cubano para proteger el legado cultural y natural de la nación, y la implementación de disposiciones que permitan hacer más eficaces la identificación, protección y socialización del patrimonio y su uso como fuente de desarrollo local”, dijo.

Afirmó, además, que “refuerza nuestra soberanía” y que protege y promueve la identidad nacional en el contexto de guerra cultural en que nos encontramos. “Es imprescindible para enfrentar la colonización cultural”, subrayó, y agregó que “defender nuestro patrimonio es una forma de expresar nuestro orgullo de ser cubanos”.

El dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente resalta el alto valor de la propuesta legislativa, pues actualiza el ordenamiento jurídico en esta materia, conforme con las necesidades actuales de protección del patrimonio en Cuba, pero también con el rigor de los instrumentos internacionales.

“Esta norma refuerza nuestra soberanía, pues eleva a rango de ley elementos importantes de la cubanía, la identidad nacional y valores esenciales para la formación de las nuevas generaciones”, consideró la diputada Martha del Carmen Mesa Valenciano al presentar el dictamen.

Juan Carlos Rodríguez Díaz, diputado por Pinar del Río, indicó que estamos en presencia de una ley de extraordinaria importancia, que se corresponde con el rico patrimonio cultural y natural del país.

Rodríguez Díaz recomendó que el contenido de la ley sea impartido en los diferentes niveles de enseñanza y compartido con la población.

Por su parte, el diputado Irán Millar Cuétara, Premio Nacional de Arquitectura y director de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, señaló que con la aprobación de esta ley se debe fortalecer la escuela cubana de restauración.

En opinión del diputado Eduardo Torres Cuevas, esta es una de las leyes más ansiadas por el pueblo que aprecia sus monumentos como parte del mundo que rodea la identidad.

“Es el resultado de una larga experiencia. El tema del patrimonio se discute hace décadas, su rescate, la diversidad y los contenidos diferentes que recoge la palabra”, apuntó.

“El hecho de unir el patrimonio cultural y natural es un acierto”, sostuvo.

“A veces el patrimonio nos dice más que un discurso, porque allí está visualmente la historia de nuestro país, particularmente en los museos”, afirmó, y llamó la atención sobre la existencia de una escuela cubana madura en cuestiones de restauración y patrimoniales, así como la importancia de tener varios sitios en la lista del patrimonio mundial.

“Y podemos tener otros”, añadió. “Y hay que pensar en el patrimonio de los municipios, en tradiciones, en lugares, en su patrimonio tangible e intangible. Esta ley abre caminos, pero también tiene grandes retos por delante. Hay que hacer que funcione”.

Recordó que las ciudades patrimoniales tienen un potencial enorme, “pero también hay que pensar en cómo ayudamos al municipio para que pueda proyectar económicamente esos monumentos, cuyo costo de conservación es alto”.

Liliam Mendoza Estrada, diputada por Calimete, Matanzas, se refirió, entre otros asuntos, a la importancia del ámbito económico para sostener los sitios patrimoniales, y también de la investigación y promoción en este campo, así como de la preparación de decisores locales y de los promotores del patrimonio en las comunidades.

• Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural (PDF)