La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este domingo, en sesión extraordinaria, un nuevo Código Penal que anuncia sanciones de hasta tres años de privación de libertad a quienes insulten a altos funcionarios públicos.
“Todos conocemos bien la impopularidad que tiene el nominado Presidente de la República, y que esta se manifiesta en las cosas que le dicen en Internet y en algunos letreros públicos que ponen en la calle. Esto va a ser un delito”, alertó la opositora Martha Beatriz Roque.
“Habrá restricciones en Internet y, por consiguiente, en nuestra sociedad, que ya es bastante reprimida, y se va incrementar ese hostigamiento y esa represión contra todos los cubanos. No solo contra los que disienten, contra los que se oponen, contra los familiares de los presos políticos. Es contra todos los cubanos, que tienen que pensar muy bien qué es lo que ponen en Internet, porque cualquier cosa que escriban puede llevar una sanción, según la nueva legislación”.
Los diputados aprobaron el Código Penal en una sesión en la que estuvo presente el gobernante Miguel-Díaz Canel, y el exmandatario Raúl Castro.
“El sentido general de esta reforma es arreciar la represión contra la sociedad civil, contra todo lo que tenga visos de independencia en el país. Por cierto, esta Ley no es imprescindible, porque ahí están los fiscales y los jueces que siempre van a encontrar un precepto en el cual subsumir cualquier conducta que sea desagradable, que no convenga al régimen”, subrayó el abogado independiente René Gómez Manzano, y agregó:
“Tenemos el ejemplo del 11 de julio. Hubo una cantidad de personas sancionadas por delito de sedición, algo que es una enormidad penal, empezando porque el pueblo, harto del sistema que está padeciendo, se lanzó a la calle, espontáneamente, y entonces lo sancionan por un delito de sedición que se supone que, para que exista, tiene que ser deliberadamente orientada. O sea, que al régimen nunca le van a faltar mecanismos o preceptos del Código Penal para sancionar a quien le dé la gana”, recalcó.
En la mira proyectos y prensa independiente
Otro de los asuntos que más se han debatido entre la sociedad civil cubana es el artículo mediante el que se prohíbe el financiamiento externo. Activistas han denunciado que esta reforma busca silenciar la protesta social y la prensa independiente.
El flamante código prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional“, apunta el documento.
“No recibir pago del extranjero. Un periodista independiente en Cuba estaría loco si pensara trabajar para los medios nacionales. Y, entonces, una cosa internacionalmente aceptada como es colaborar con un órgano de prensa radicado en el extranjero, en Cuba crean un precepto para perseguir esto”, indicó el jurista.
Por la otra parte, sus promotores, califican el nuevo Código Penal como “garantista” y actualizador, ya que el anterior no contemplaba la cibercriminalidad y delitos medioambientales.
“Dicen que es para hacer justicia, pero, en mi opinión, lo que están haciendo es injusticia para esta sociedad”, insistió Roque, economista de profesión.
La prensa oficial dedicó escuetas notas al Anteproyecto de Código Penal publicado en la web del Tribunal Supremo Popular, a finales de enero, en contraste con la avalancha de artículos para promover el anteproyecto del Código de las Familias.
“No me canso de repetir que, a diferencia del Código de la Familia, al que han dado una gran relevancia en un sistema de consulta nacional, este Código Penal, que en definitiva es para reprimir al ciudadano o el ciudadano es el que va a sufrir la virulencia de esta vuelta de tuerca del régimen; con el que intensificaron las sanciones, crearon nuevas figuras delictivas, etcétera, el ciudadano que va a sufrir todo eso, pero con él no se contó”, advirtió Gómez Manzano.
El Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat llamó la atención sobre la falta de transparencia en lo que el régimen califica como un “proceso participativo” y consideró que “el texto mantiene como tendencia la regulación de tipos penales vagos, aplicables a un amplio espectro de circunstancias”.
“Desde los organismos de derechos humanos y la sociedad civil tienen un fuerte carácter y propensión a ser utilizados con fines políticos contra opositores, como es el desacato o el delito de desórdenes públicos. Adicionalmente, viene marcado por los sucesos de julio de 2021, al incorporar tipificación de acciones u omisiones desde la propia interpretación política del régimen”, señaló el Observatorio de DemoAmlat.
La normativa, que entrará en vigor dentro de 90 días, cuando será publicada en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos, como el de “desórdenes públicos”, para penalizar “las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”.
Igualmente, establece como sanción máxima la de privación perpetua de libertad, pero mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte con carácter excepcional en 23 tipos penales.