La Habana, 14 may (ACN) La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su V sesión extraordinaria de la IX Legislatura, aprobó hoy por unanimidad la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, novedosa dada la ausencia en el ordenamiento jurídico cubano de normativas relacionadas con la materia.
Antes de someterse a su análisis final -y aprobación- el proyecto de ley, Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, destacó su importancia al contribuir al desarrollo del sector, a la sustitución de importaciones, a la educación nutricional, a no sólo producir alimentos sino a que estos sean sanos, a promover la participación popular desde la base y a ser soberanos y sostenibles.
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Subrayó cuán oportuna resulta esta ley en momentos que a nivel internacional crece el precio de los alimentos y de los insumos, a consecuencia de la pandemia y también, en el caso de Cuba, del bloqueo estadounidense recrudecido.
Unidos a esos factores subyacen fenómenos como la emigración del campo a la ciudad, el envejecimiento poblacional y el cambio climático, y en su exposición mencionó como aspectos novedosos de la nueva ley su carácter intersectorial, interdisciplinario y multidisciplinario, lo cual coadyuva a organizar a los actores productivos.
El ministro explicó a los diputados cuánto contribuye la normativa a la autonomía de los municipios por ser allí, en la base, donde se complementan y descentralizan sus artículos o contenidos.
A preguntas del presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, la directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, Mayra Cruz Legón, explicó cómo desde su condición de anteproyecto el texto fue enriquecido con los aportes realizados en encuentros, por videoconferencias y en consultas por productores, universidades, academias e instituciones nacionales y expertos internacionales.
Varios diputados coincidieron en su importancia, máxime cuando la aprobación del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, el 22 de julio de 2020 por el Consejo de Ministros, establece los principios que sustentan las regulaciones contenidas en la norma.
Al presentar el proyecto de dictamen a la ley, Ramón Osmani Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento, señaló que la nueva ley cumple con los mandatos constitucionales expresados en los artículos 77 y 78, y tiene como objeto establecer el marco jurídico general para alcanzar la soberanía alimentaria.
Mediante esta normativa se perfeccionan los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos, a partir de las capacidades endógenas de cada territorio.
El diputado subrayó que se definen las responsabilidades y los deberes comunes y específicos de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias con respecto a la sustitución de importaciones de alimentos, materias primas, insumos y tecnologías para asegurar la producción nacional de alimentos.
Relevante resulta, dijo, la participación de las agencias de las Naciones Unidas, encabezadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el aporte de las experiencias regionales e internacionales en el tema, así como en la capacitación y la movilización de fondos de la colaboración internacional para apoyar su elaboración.
Se dedica un título a la Educación Alimentaria y Nutricional y a la Comunicación Social y se reconocen los actores fundamentales a tales fines.
Aguilar Betancourt explicó que en los meses de marzo, abril y mayo, las comisiones Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el proyecto de Ley con los diputados, en reuniones desarrolladas por videoconferencia y de forma presencial, oportunidad en la cual fueron recepcionadas 75 observaciones.
También se realizaron seis encuentros en igual número de provincias con cooperativistas, campesinos y sus dirigentes, con un total de 371 participantes, que generaron 68 intervenciones.
Estos criterios, sumados a los 12 realizados por la población a través del sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular habilitado, 18 de las formas asociativas, 10 de universidades y 99 de agencias de Naciones Unidas vinculadas a la alimentación, fueron evaluados por ambas comisiones de conjunto con funcionarios y expertos.
De las 282 propuestas recibidas, 146 fueron aceptadas y 59 aceptadas en parte; se realizó una modificación íntegra al artículo 44, así como modificaciones parciales a 44 artículos y se incorporó una Disposición Final al texto inicialmente circulado.
