Yohana Odriozola, viceministra de Economía y Planificación; Alejandro Gil, vice primer ministro cubano y ministro de Economía y Planificación y Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Hasta el 9 de mayo habían sido aprobados en Cuba 3 292 nuevos actores económicos: 3 191 mipymes privadas y 51 estatales, además de 50 cooperativas.
Actualmente, hay más de 8 000 trabajadores por cuenta propia con más de tres empleados, negocios que, según establecen las normas, deben reconvertirse este año en microempresas o cooperativas, informó Yohana Odriozola, viceministra de Economía y Planificación, ante diputados cubanos reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Odriozola comentó que este proceso no busca forzar la creación de las cooperativas, como ocurrió años atrás cuando fueron “inducidas”, sin un verdadero espíritu del cooperativismo. Incluso, hubo algunas que funcionaron como empresas privadas.
Más del 70% de las mipymes aprobadas son micro y pequeñas empresas. “Estamos hablando de negocios con un alcance más bien local, dedicados a actividades de menor complejidad”, apuntó la viceministra.
- El 58% de los nuevos actores se dedica a la prestación de servicios en sectores como la construcción, la gastronomía, la informática y la reparación de vehículos y equipos.
- El 26.5% se dedica a las industrias manufactureras.
- El 15.4% se dedica al procesamiento de alimentos.
- Se estima que crean 53 644 nuevos puestos de trabajo.
- 117 son proyectos de desarrollo local.
- 11 empresas están incubadas en el Parque Científico Tecnológico de La Habana.
- El 22.4% de los socios son mujeres y el 77.6% son hombres.
- Solamente ocho municipios no cuentan con mipymes.
- Un chequeo realizado por los diputados en 35 mipymes y cooperativas arrojó opiniones favorables sobre el desarrollo del proceso de constitución de los nuevos actores económicos.
Son destacados:
- Digitalización del proceso de aprobación, agilidad y transparencia.
- Consecuencias positivas de ser personas jurídicas.
- Aportes al empleo.
- Marco normativo más flexible.
- Acompañamiento de determinadas instituciones y territorios, y funcionamiento activo de canales de comunicación.
- Posibilidad de decidir a partir del negocio cuál forma jurídica adoptar.
Insatisfacciones:
- Inexistencia de un mecanismo legal de compra de divisas.
- Necesidad de implementar procedimientos para acceder a la inversión extranjera y la colaboración internacional.
- Negativa de las entidades estatales a arrendar locales, o excesivos precios aun cuando requieren importantes inversiones.
- Negativa a realizar contratos con los nuevos actores.
- Demoras y trámites engorrosos en el otorgamiento de licencias.
- Necesidad de acceder a financiamientos bancarios.
- Agilizar procesos de importación.
- Inconformidad con las definiciones sobre el asesoramiento jurídico.
- Necesidad de modificar procedimientos, mecanismos existentes que no se ajustan a las características de los nuevos actores.
- Necesidad de capacitación (temas económicos, contables y legales).
Medir el impacto real de los nuevos actores económicos en el crecimiento de la economía es uno de los retos señalados en el informe presentado ante la Comisión de Asuntos Económicos. Además, continuar eliminando trabas, recortando términos y trámites y emitiendo nuevos procedimientos.
También señala la necesidad de lograr un encadenamiento efectivo con el sector no estatal, diseñar espacios de mercado, y trabajar en el diseño de las políticas públicas necesarias (inserción internacional, empleo femenino, jóvenes, responsabilidad social).
Al intervenir en el debate, Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro cubano y ministro de Economía y Planificación, reconoció que una de las principales limitaciones de los nuevos actores es el acceso a la divisa, lo que les obliga a obtenerla en el mercado informal.
Además, se ha detectado que algunas empresas estatales venden sus productos y servicios en MLC a esas nuevas formas de gestión. Esta situación impacta en la formación de precios.
El ministro reiteró la imposibilidad del país de vender divisas, pues la liquidez existente se emplea en la compra de los productos básicos para la población.