Calunga, de 31 años, cuenta con una década de activismo pro democracia en Cuba. Natural de Ciego de Ávila, sus reclamos al gobierno comunista comenzaron por solicitar la electrificación del barrio donde vivía. Tras la desatención a sus peticiones, el joven mostró un cartel exigiendo a las autoridades que “no engañen más al pueblo”.
“Por eso fui detenido, golpeado y encarcelado por un año y seis meses. Me acusaron de propaganda enemiga. En esa oportunidad, la policía política me dio una paliza que me trajo como consecuencia una hernia discal y dos vértebras comprimidas”, contó el opositor al portal YucaByte.
En 2019, Calunga se unió al proyecto La Cola De La Libertad, impulsado por la activista y comunicadora independiente Iliana Hernández, como coordinador en Santiago de Cuba. En abril de 2021 se sumó a la huelga de hambre que inició la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), liderada por el preso de conciencia José Daniel Ferrer.
Mantuvo su negativa a ingerir alimentos durante una semana, pero “debido a mis condiciones de salud, tuve que deponerla. Al terminar la huelga, los miembros de esta organización comenzaron a llamar a un paro nacional que promoví todo lo que pude en redes sociales”, relató al medio citado.
El joven fue uno de los firmantes de la solicitud de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma política Archipiélago para el pasado 15 de noviembre. Debido a su promoción de la convocatoria, la policía y la Seguridad del Estado le decomisaron su computadora y otros equipos informáticos.
El 14 de noviembre, Calunga fue detenido en una irrupción policial “a la fuerza” en casa de su novia. Estuvo recluido durante cinco días, según le dijeron, “para evitar que saliera a las calles el día 15 de noviembre”. En enero de 2022, fue llamado a juicio en el Tribunal Municipal Popular, donde pretendieron aplicarle el Decreto Ley 35.
