Una profesora universitaria me escribió hace un tiempo para preguntarme si le podía hacer llegar la opinión de la Iglesia católica sobre el Código de las Familias. En el WhatsApp de respuesta le expresé: «Hoy día la imagen perfecta para ilustrar el pensamiento católico cubano es un poliedro, es decir, la unión de todas las posiciones disímiles sobre un determinado tema que en la unidad conservan la originalidad de su parcialidad. No hay una sola respuesta desde el catolicismo cubano con respecto al proyecto de Código en discusión».
Después, le compartí el mensaje del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba sobre el asunto, pues es la opinión eclesial emitida de mayor institucionalidad.
El reto es poder leer el Código de forma sosegada e íntegra, pues surfean a nivel barrial y eclesial diversos criterios sobre él, incluso sin haberlo leído, lo que complejiza la salud del debate. Vale destacar que mientras el país permanece cerrado a tópicos concebidos desde lo más avanzado de Europa respecto a temas vinculados con derechos de la sociedad civil —como las protestas masivas legalizadas—, en el referido Código han entrado a colación varios asuntos del mayor interés para el sistema cultural europeo.
Un punto a reflexionar es que se debió haber transformado primero el Código Civil o, al menos, a la par del de las Familias. Este paso, por alguna razón, se ha ido aplazando, lo que provoca un desfase entre los dos procesos y se evidencia en discusiones en un espacio como el Código de las Familias, que se deberían haber tenido dentro del Código Civil.
Sin embargo, no ha sucedido así con el Código Penal, que ha sido legislado en medio de todo este marasmo de debates, y su lectura, de gran importancia social, ha quedado relegada a un segundo plano para el cubano promedio.
Es indiscutible que el Código trae varias reformas loables, como las vinculadas a la protección de adultos mayores, necesaria en un entorno social en el que estos suelen vivir con mayor vulnerabilidad. Siempre es difícil legislar en el campo familiar, pues se trabaja con la materia humana y es preciso admitir que no se puede hacer ningún documento legal con la capacidad de satisfacer las demandas personales de cada cubano. Por eso, no es justo negar de plano todo el proyecto, sin antes tener una opinión fundamentada sobre el mismo.
(Imagen: Revista Alma Mater)
Si deseamos abordar el procedimiento de votación para aprobar el Código de las Familias, corresponde hablar del referéndum, un proceso donde todos los cubanos somos corresponsables con la decisión final.
Llama la atención que en la descripción de los pasos a seguir para el desenlace óptimo, se nombra singularmente la figura del matrimonio. Esto no ocurre con otros conceptos esbozados en el proyecto. Con seguridad, ello deviene del debate causado por el conocido artículo 68, que derivó en un artículo 82 de la Constitución que no decía nada y pospuso la definición, esbozada ahora en el Código de las Familias como «la unión de dos personas sin distinción de sexo».
Las urnas definirán la opinión pública mayoritaria, pero la opinión pública es un estado que se construye en base, sobre todo, a los flujos de información que llegan al pueblo desde las élites políticas y la utilización que estas hacen de los medios de comunicación. En otros países estos procesos son absorbidos en gran medida por los partidos, pero en el caso de Cuba, con un modelo político de partido único y control absoluto de la esfera mediática, no hay mucha variedad en la manera de abordar el tema desde los medios de comunicación.
Tal situación propicia que el elector vaya a las urnas con una perspectiva coaccionada. Para que esta sea libre necesitaría diversas fuentes de información que le permitan cimentar una visión propia, buena o mala, pero suya. Hace poco se trasmitió un programa televisivo en el que un pastor bautista cuestionaba el Código, mientras una pastora presbiteriana evidenciaba otra postura. Eso estaría bien si siempre fuera así, pero este tipo de debate es un ave rara en los medios.
En un referéndum de quinientos artículos, las asambleas locales no parecen ser la fuente más adecuada, además, podríamos cuestionar cuántos se han leído el Código. Ir a las urnas a votar un Código cuyos impulsores saben que la mayoría de los votantes no va a leer, cambia en gran medida la democracia ideal alrededor del proceso.
Responsabilidad Parental
Entre los tópicos objeto de mayor debate en las redes, destaca el de la responsabilidad parental. Este nuevo concepto sustituye al de patria potestad. Según una de las miembros de la comisión redactora del nuevo Código, la Dra. Ana María Álvarez-Tabio Albó, «desde que los derechos bajan a nuestras casas y nos tocan a la puerta, no queda más que asignarlos a un proceso de construcción de su legalidad». (1)
La responsabilidad parental se basa en el principio ―para resumir el asunto a los lectores― de que las madres y padres no tratan igual a sus hijos durante cualquier etapa de sus vidas, y la ley debe responder a esa obviedad.
Según la academia, el cambio de paradigma en la responsabilidad parental es hacia los derechos del niño, pues se le concibe como sujeto en desarrollo, capaz de ser avalado por sus propios derechos. La potestad en el derecho romano incidió, sobre todo, en dos acápites: la potestad marital, con la cual el marido podía hasta disponer de los bienes de su esposa, y la potestad sobre sus hijos, que le otorgaba la posibilidad de hacer con ellos lo que le pareciera mejor, incluso venderlos. Con el tiempo, dicho principio se ha ido transformando hasta quedar en el imaginario como el derecho de un adulto sobre un menor.
El lenguaje tiene un peso importante en las denominaciones que damos a las cosas; no es lo mismo decir «un incapaz», que «una persona con alguna discapacidad». En el nuevo Código se justifica el cambio de patria potestad por responsabilidad parental con marcada intención. (2) La responsabilidad parental tiene que ver mucho con el principio de autonomía progresiva, que plantea que el niño se desarrolla biológicamente de manera constante y debe ir adquiriendo derechos en la misma medida.
El proyecto hace una distinción entre la titularidad de la responsabilidad de los hijos e hijas: nadie más que los padres la puede tener; pero afirma que el ejercicio de paternidad es otra cosa. La responsabilidad parental habla de la protección que madres y padres pueden guardar sobre sus hijos.
En Cuba, con el auge de las migraciones, muchos niños que estaban al cuidado de sus madres y padres, han quedado desprotegidos legalmente de tutor. En vista de eso, se introduce ahora la posibilidad de delegar el ejercicio de la guarda y cuidado de los menores a otros miembros de la familia. Antes, cuando había una separación, se legislaba automáticamente que la guarda y cuidado recaía en la madre; ahora no, bajo la responsabilidad parental se puede equiparar el derecho del padre al de la madre.
Se eliminará la definición de maltrato leve como una limitación que se arrastraba de la patria potestad, pues puede existir quienes golpeen levemente a sus hijos por años. Antes no se les podía quitar la custodia, ahora sí. En el nuevo Código se incorpora la figura del defensor familiar, cuya función es velar por los derechos de los menores desde las leyes autorizadas en el país.
También se brinda un valor jurídico a las figuras de madrastra y padrastro. Se les asignan deberes, pero también derechos a los que cumplan con ese reconocimiento familiar de cara al menor. La idea es ofrecerles la posibilidad de que, si alguna vez se rompe la relación de pareja, ellos puedan seguir teniendo relación con ese ser humano que han ayudado a crecer.
Es menester comprender la utilidad de adaptar, acorde a los signos de los tiempos, las normas jurídicas que acompañan a las familias cubanas. Por ejemplo, con el siglo xxi han surgido nuevos entornos a legislar, como la responsabilidad de los padres sobre los hijos en ambientes digitales.
El interés superior y la autonomía progresiva cambian; por ejemplo, un menor que asegura que no quiere ir a la escuela porque desea trabajar, pero luego que causa baja de la escuela no trabaja, ¿qué sucederá con él?
El empoderamiento de niños y adolescentes en una sociedad donde se han perdido tantos valores, es un desafío. La institucionalidad cubana debe lograr una respuesta coherente a este empoderamiento del menor, y ello incluye la participación en cualquier litigio de un dirimente exterior nombrado por el Estado y ajeno a la familia, todo un reto.
Procesos asistidos de gestación
El Estado tiene el deber de garantizar a todas las personas las mejores condiciones para su salud, pero no puede imponerles cuándo tener hijos o cuántos. Respecto a la inseminación in vitro, no quedan establecidos varios aspectos, como qué se hará con los embriones sobrantes; entiéndase que los embriones son descendencia, o sea, hijos, y sobre eso solo deberían legislar los padres.
Las técnicas de reproducción asistida establecen que el donante puede elegir si participar o no, o si es anónimo o no. Hay Estados donde se prohíbe el anonimato, reconociendo así el derecho del menor a conocer sus orígenes. El anonimato pudiera ocasionar, en un caso extremo, que se produjeran relaciones incestuosas, y debería estar entre los asuntos a tener presentes en la nueva formulación que se llevará a referéndum.
La gestación solidaria se prevé en nuestro Código de forma altruista. Aquí el tema a debatir es que pueda ocurrir un secuestro afectivo para sacarle provecho a tal situación, asunto que escapa de la mera formalidad de un contrato civil. La gestación post-mortem tiene el riesgo del tema vinculado al interés del niño. La preocupación principal es su futuro, pues de manera planificada nacerá una criatura con un padre muerto, que no estará para responder a las demandas de su prole.
Luego de mencionar estos asuntos, polémicos de sí, es válido recordar que Cuba ha sido un país avanzado en materia de derecho familiar. Si vamos a la historia, podemos corroborar que en 1917 se aprobó una ley que permitía a las mujeres administrar sus bienes. En 1918 se dictó otra que concedía los mismos derechos jurídicos a mujeres y hombres en caso de divorcio.
El principio de igualdad en la corresponsabilidad parental fue aprobado desde 1950; hasta ese momento únicamente los hombres tenían derechos sobre sus hijos. En España, por citar un ejemplo, ese último tema fue aprobado una década después que en la Isla.
Que la sociedad cubana esté totalmente preparada para varias de estas nuevas disposiciones es algo difícil de afirmar previamente, pero es válido intentar actualizarse pues la vida cotidiana sigue enriqueciéndose de los conocimientos adquiridos. Es tarea de la Iglesia hacer que el Evangelio de Jesucristo llegue al corazón de las personas y las estructuras sociales; de ahí se desprende el derecho a opinar con base de cada católico cubano sobre el nuevo Código de las Familias.
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(1) Nota tomada por el autor en el encuentro En Diálogo, organizado por la revista Espacio Laical el jueves 6 de abril de 2022, en el Centro Cultural Félix Varela.
(2) Artículo 132: La Responsabilidad Parental es el conjunto de facultades que corresponden a los padres y madres para contribuir a la educación y formación de sus hijos.
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Estimados lectores:
Con tristeza debemos comunicarles que la gustada sección de la escritora Maylan Álvarez dejará de publicarse. Motivos ajenos (y contrarios) a su voluntad y a la nuestra la obligan a cerrar su espacio de sábados alternos. Sinceramente esperamos que cuando los tiempos sean más propicios (o menos adversos), pueda regresar con sus estampas, humor y agudeza. Hasta entonces, los brazos de La Joven Cuba están abiertos para ella.
