El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró este 28 de abril que los juicios contra los manifestantes del 11 de julio se llevaron a cabo de acuerdo con “todas las garantías legales”, informó Prensa Latina.
Díaz-Canel subrayó que los manifestantes imputados están siendo procesados conforme a la ley y que los juicios se han llevado a cabo “con todas las garantías y bajo total limpieza y transparencia” al intervenir en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)
“Nuestro sistema judicial está enfocado en la reeducación y reinserción en la sociedad de aquellos que cometen delito, porque en él priman el humanismo y el respeto por el ser humano”, afirmó.
Se trata de la segunda ocasión en menos de una semana que Díaz-Canel aborda estos controvertidos procesos judiciales, tras la entrevista radiofónica que ofreció el pasado sábado al argentino Atilio Borón.
En esa ocasión, tachó de “mentira” que por las protestas del 11 de julio haya en prisión menores de 16 años y que se hubiese encarcelado a personas por criticar a la “revolución”.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que, “en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.
Hasta la fecha, Cuba es el único país del continente que no ha permitido la entrada de AI para observar procesos y constatar la situación del respeto a los derechos humanos.
Sobre los menores de edad presos, la abogada Laritza Diversent, directora del centro de asesoramiento legal Cubalex, declaró a ADN Cuba que el enjuiciamiento de decenas de jóvenes entre 16 y 18 años viola varios convenios de la ONU de los que Cuba es signataria.
“En Cuba, a partir de los 16 años se adquieren responsabilidades penales mínimas, pero una persona sigue siendo menor de edad hasta los 18 años en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, un documento que Cuba firmó en 1990 y entró en vigor para la isla en agosto de 1991”, precisó la especialista.
Por tanto, entre los 16 y 18 años un menor de edad puede ser llevado a tribunales y sometido a juicio, pero el proceso judicial que se le aplique exige garantías especiales, y debería ocurrir de acuerdo con las recomendaciones de la ONU, algunas de las cuales el régimen no ha tomado en cuenta.
La ONG Prisoners Defenders, por su parte, aseguró en su último recuento que a finales de marzo había en las cárceles cubanas 891 personas por las protestas del 11 de julio y que ha registrado medidas contra al menos 26 adolescentes de entre 14 y 17 años.
El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones que tuvieron como principal causa la grave crisis económica que atraviesa el país.
