LA HABANA, Cuba. — Dayanis Salazar Pérez, Secretaria Ejecutiva del opositor Partido Autónomo Pinero (PAP), fue multada este jueves con 3 000 pesos (CUP) en virtud del Decreto-Ley (DL) 370, Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba, también conocido como “ley azote”. De esta manera, ya suman más de 50 los multados por esta norma legal en el país.
La joven había sido citada para las cuatro de la tarde en el sector de la policía de Nueva Gerona. “Cuando llegué, allí estaban tres personas del Ministerio del Interior (MININT) y un inspector. Los oficiales me dijeron que ya tenía 21 años y que podía incurrir en delito por mis actividades políticas y publicaciones”, narró Salazar Pérez al Proyecto Inventario.
La activista contó, además, que los oficiales indagaron sobre una publicación suya en Facebook en la que hacía públicos unos folletos confeccionados por el MININT que contenían fotos, descripciones, direcciones particulares y varios datos de los activistas del PAP y opositores del territorio, catalogados como C/R (contrarrevolucionarios).
“Trataron de averiguar de dónde obtuve esos folletos (…). Me dijeron que” los mismos “denigraban al Ministerio del Interior, porque esa lista estaba en círculos muy cerrados y que tenían que indagar de qué manera la habíamos obtenido. Me ponen la multa porque no querían que se hiciera pública, pero ellos mismos han repartido esa lista en centros de trabajo y estudio. Este fue el tema sobre el que más hablamos. El inspector de Telecomunicaciones también me enseñó una publicación que hice por la muerte de la madre de uno de los prisioneros del 11J, que era el encargado de cuidarla, y en la cual escribí ‘Abajo la dictadura asesina comunista’”, relató.
Este jueves fue igualmente citado por la policía el activista del PAP Osvel Barzagas, quien desde entonces se encuentra detenido en la estación de la policía del territorio.
Juan Michel López Mora, Jefe del Departamento de Relaciones Públicas del PAP, explicó a CubaNet que en la estación de policía los oficiales le explicaron que Barzagas estaba siendo instruido de cargos, acusado de “desobediencia” y que solicitarían a la Fiscalía la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva. El motivo era que Barzagas, cuando le fueron a aplicar la multa y la confiscación de su teléfono celular en base al DL-370, rompió su celular.
Sin embargo, hasta el momento ni CubaNet ni Proyecto Inventario han podido confirmar si finalmente a Barzagas le fue impuesta la multa por el DL-370.
Según el artículo 147 del Código Penal, incurre en el delito de desobediencia “el particular que desobedezca las decisiones de las autoridades o los funcionarios públicos, o las ordenes de los agentes o auxiliares de aquéllos dictadas en el ejercicio de sus funciones”. En caso de ser finalmente procesado por este supuesto delito, pudiera ser sancionado de tres meses a un año de privación de libertad, o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
Barzagas estuvo entre los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) en la Isla de la Juventud. Fue detenido ese día y liberado un mes más tarde bajo fianza, medida que luego de conmutaron por una multa administrativa de 3 000 pesos en virtud del Decreto-Ley No. 310, artículo 8, inciso 3.
Según el Proyecto Inventario, hasta la fecha se han impuesto 57 multas a 51 personas en nueve provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. De ellas, cinco corresponden a activistas del territorio pinero: José René Estévez Torres (23/04/2021), Hayro Laborí Pelegrín (29/10/2021), David Gómez Sánchez (05/11/2021), Oscar Boicet Potrillé (21/03/2022) y Dayanis Salazar Pérez (21/04/2022).
Desde su entrada en vigor, el 4 de julio de 2019, el DL-370 es utilizado fundamentalmente contra opositores, activistas y periodistas independientes que divulgan “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad del las personas” (Artículo 68, inciso i), Decreto-Ley 370), o sea, opiniones e informaciones que el gobierno cubano considera negativas o demasiado críticas.
Aunque en enero del presente año tres de los cuatro activistas opositores del territorio que estaban siendo procesados por el 11J resultaron absueltos —entre ellos los padres de Salazar Pérez—, el asedio contra los mismos no ha cesado, sino que se ha evidenciado mediante multas, citaciones, confiscaciones de teléfonos u otros artículos personales o propiedades, arrestos arbitrarios, difamaciones y amenazas por su activismo.
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