MADRID, España.- Prisoners Defenders denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la violación de los derechos del niño en Cuba.
De acuerdo a un informe publicado este lunes en su sitio web, la organización registró dos tipos de violaciones al respecto: 1) el procesamiento penal de niños desde los 13 a los 17 años por motivos de conciencia y 2) la separación forzosa a los niños de sus padres, profesionales, durante 8 años.
Sobre el primer caso, Prisoners Defender presentó 36 ejemplos de menores incluidos en su lista de presos políticos.
“De 36 menores procesados en el marco de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, 22 son los casos que analizamos bajo denuncia detallada. 14 casos adicionales se enumeran e identifican someramente por el tiempo para la elaboración de esta denuncia, dado el aviso de 7 días para ello. Sin embargo, los casos de los 14 presuntos menores procesados y bajo privaciones diversas de libertad son muy similares a los estudiados en profundidad. Las edades comprenden desde los 13 años hasta los 17 años”, precisa el documento.
La segunda violación denunciada por PD está relacionada con las sanciones a los trabajadores que no terminan las “misiones” en el extranjero, y a quienes se les aplica la Ley de los 8 años, decretando que son “desertores” y “traidores a la patria”.
Prisoner Defenders presentó más de 1 111 testimonios de profesionales cubanos que han sufrido esta expatriación/repudio forzado por 8 años; de los cuales el 48 % tenía hijos menores durante el trabajo en el extranjero, lo que representa más de 5 000 niños separados actualmente de sus padres.
Para probar sus denuncias, PD entregó a la ONU Certificados Consulares de validez legal internacional emitidos por el Gobierno de Cuba que las confirman, donde se explica la llamada Ley de los 8 años; así como convenios, contratos y otros documentos.
Estas separaciones están “generando un río de enfermedades emocionales, mentales y físicas. Una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres y amedrentar a más de 50 000 profesionales de trabajo civil en el extranjero de los que el régimen extrae desde el 80 % al 95 % del salario con los que empresas multinacionales implicadas y gobiernos remuneran sus servicios”, denunció Prisoners Defenders.
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