La Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía (AMFA) envió una carta este 16 de abril a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que muestra su “preocupación” por la situación de miles de jóvenes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021.
“La dictadura (…) ha publicita que existen 790 jóvenes detenidos y sujetos a procesos, muchos de ellos sumarios, sin reales garantías de derecho de defensa, con abogados plegados al régimen Castro-Canel”, asegura el documento.
AMFA relata cómo el régimen cubano viola los artículos de su propia Constitución y otros tratados internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La Asociación pide a la CIDH que interceda a favor de los detenidos por vías diplomáticas y exige su liberación inmediata. También exige que se haga cumplir el debido proceso en los juicios.
Según el último listado de Cuban Prisoners Defenders, publicado el 7 de abril, de los 1027 prisioneros políticos presentes en la lista actual, 891 provienen de la represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La organización no gubernamental reconoce que la cifra real sería al menos un 30% más alta.
Entre los 1027 casos hay 38 menores, incluido uno de 13 años, de los cuales 20 ya han sido condenados a penas que promedian los siete años de privación de libertad. Dos niñas y 14 niños verificados por PD fueron sentenciados por el supuesto delito de sedición.
Un total de 169 manifestantes, incluyendo a los menores mencionados, fueron procesados por sedición.
Unos 652 prisioneros ya han sido sentenciados, 259 de ellos con penas de más de diez años. El grupo de prisioneros políticos incluye, al menos, a 131 mujeres.
Prisoners Defenders sostiene que, en las manifestaciones del 11J, más de 5000 personas fueron detenidas y más de 1500 han sido procesadas penalmente, incluidos menores de edad.
En abril de 2021 había 140 prisioneros políticos en la Isla. Es decir, la cifra se ha multiplicado por diez en un año. Desde entonces, y hasta el 31 de marzo de 2022, a la cifra se han sumado otros 1061 prisioneros políticos.