MIAMI, Estados Unidos. — Activistas y colectivos dentro y fuera de Cuba, aglutinado en el grupo “Solidaridad 11J”, llamaron a la comunidad internacional y, en especial, a los sectores de izquierda, a respaldar a los manifestantes de julio del 2021 condenados injustamente que permanecen en cárceles de la Isla con penas de hasta 30 años de prisión.
La declaración, remitida al gobernante Miguel Díaz-Canel, a Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, y a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, también solicita a las autoridades de la Isla una Ley de Amnistía que ponga en libertad a los centenares de ciudadanos presos por protestar durante el 11J.
El documento expresa que “en Cuba se manifiesta una crisis estructural profunda” que condujo a una parte de la ciudadanía a lanzarse a las calles el verano pasado.
“La decisión de comercializar en el mercado interno bienes fundamentales en divisas, ajenas a las posibilidades de acceso de las mayorías, y los efectos de la pandemia, exacerbaron con razón la inconformidad de sectores atravesados por la pobreza y la marginación, relacionadas con el lugar de residencia, el color de la piel, el género y otras categorías de exclusión”, destaca el texto.
Para los activistas y resto de firmantes, se trata de una crisis económica y política que “se expresa también en el paulatino deterioro de indicadores sociales de salud, educación, deporte y cultura” que ha conducido un éxodo masivo de jóvenes.
La declaración hace énfasis en la violencia con que las fuerzas represivas del régimen cubano arremetieron contra los manifestantes del 11J. Critica, además, la manipulación de la propaganda castrista sobre los hechos acontecidos durante aquella jornada.
“En las protestas sociales de julio, las mayores después de 1959, hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes. Mientras estos últimos han sido sometidos a la criminalización y las prácticas punitivas, evidenciadas en el discurso oficial y las condenas desproporcionadas, como claras medidas ejemplarizantes para prevenir escenarios similares futuros, los sectores simpatizantes del gobierno, las fuerzas del orden y los funcionarios responsables de la represión y los excesos de violencia desde el estado permanecen impunes”.
El documento también abunda en el acoso y la persecución que sufren activistas, opositores, periodistas independientes y otros representantes de la sociedad civil en la Isla.
“Diversos sectores y activismos de la sociedad civil son objeto de acoso constante por parte de las autoridades. Esta persecución y vigilancia toma forma en los aparatos de seguridad policial, que se caracterizan por actuar al margen de la legalidad constitucional y atentar contra la dignidad de las personas”.
La misiva también denuncia la impunidad de las autoridades de la Isla para suprimir derechos fundamentales, así como “la falta de garantías legales para el ejercicio de la asociación libre, entre las personas y grupos ciudadanos con inquietudes de participación en el espacio público”.
“El ciclo de represión se completa con el empleo de los medios de comunicación para desacreditar reputaciones, tildar a todo disenso de mercenarismo y deslegitimar a toda persona u organización que se cuestione la realidad”, añade el texto, firmado por centenares de cubanos de dentro y fuera de Cuba, así como por otros cientos de ciudadanos de diferentes países.
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