De tanto repetir esa escaramuza en que una supuesta articulación de foros mundiales condena hechos específicos –mientras silencian bajos sus faldas mediáticas la basura propia, generalmente más alevosa, horrenda y escandalosa que el asunto que atacan– ya no pueden esconderla como herramienta promotora de esos golpes blandos con que lograron destruir la estabilidad de varios países, y que hace rato ensayan contra Cuba, sin otros resultados que el fracaso y el ridículo.
De las más recientes campañas subversivas contra la Revolución Cubana, un reportaje investigativo del portal Misión Verdad, titulado Mapa de acciones y actores en la guerra blanda contra Cuba, desenmascaró cómo, además de la Unión Europea, organizaciones mundiales como Amnistía Internacional y Pen International han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos vandálicos del 11 y 12 de julio de 2021.
En una investigación anterior había sido develado cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos llegaron «de manos de las sucursales de la CIA para la región, la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED».
Hay otros actores, precisó el reportaje: el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo, de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones, junto a otras ong registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.
El portal destacó que el entramado de medios, influencers y agentes mediáticos que dan respaldo a los actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento, hasta la actualidad, en redes y medios digitales.
Recordó Misión Verdad que, durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del llamado Movimiento San Isidro (MSI), y quien, desde entonces, ha dicho realizar varias huelgas de hambre.
Uno de sus patrocinadores, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Argentina, solicitó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero, y lo mismo pidieron para Maykel Castillo Pérez «Osorbo», detenido desde mayo de 2021 por los delitos de resistencia y desacato.
El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó aquellas protestas vandálicas de «manifestaciones espontáneas» que fueron «un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión».
En claro acto de injerencia, también valoró de «desproporcionadas» las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando.
Además, hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e instó a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió contundente: «Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», y añadió que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano.
El Canciller manifestó que la ue debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de los menores detenidos en sus cárceles.
El comunicado de Borrell hacía referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden con el delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos.
Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos reincidente en la comisión de hechos delictivos, y quien se encontraba de licencia extrapenal; el otro, multirreincidente y antes sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
Sobre los que alegan como menores de edad: fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años, a quienes se les aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas. A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta un tercio. A 22 de ellos se les probó mala conducta social, además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.
Aunque también subrayado por Misión Verdad, sobran las evidencias públicas de la intervención flagrante del Gobierno de Estados Unidos y de varias de sus administraciones aliadas, en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado, en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia de la COVID-19.
