Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, Justicia 11J, solicitan a los ciudadanos que, si tienen fotos de los funcionarios, las compartan en los comentarios del post o las envíen por mensajes privados.
Este fin de semana, la oficialista Unión de Juristas de Cuba (UNJC) se quejó de una supuesta “campaña de descrédito” y amenazas contra especialistas del sector por su participación en los procesos legales contra manifestantes de las protestas.
Según el periódico estatal Tribuna de La Habana, órgano del Comité Provincial del Partido Comunista, los delegados patentizaron “su apoyo y solidaridad a fiscales y jueces que intervienen en investigaciones y juicios, cumpliendo con el debido proceso y otros principios básicos de la Constitución”.
Aprobaron también una proclama en rechazo a la exposición pública de los funcionarios, en cuya lectura el presidente de la junta provincial de la UNJC, Osmín Álvarez Bencomo, afirmó que los fiscales y jueces que intervienen en los referidos procesos han tenido una “actitud responsable” y “apego a la verdad y el carácter humanista en la impartición de justicia”.
El régimen sentenció a los manifestantes de la Esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, a penas de hasta 30 años de cárcel, según información publicada el miércoles pasado por el Tribunal Supremo. Luego de celebrarse los juicios entre diciembre de 2021 y febrero del presente año, las sanciones fueron impuestas por los delitos de “hurto” y “sedición”.
La mayoría de las condenas superan los 10 años de prisión. En los casos de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven ascienden a 30 años de cárcel, mientras que para Wilmer Moreno Suárez serían 26 años tras las rejas. Brandon David Becerra, uno de los detenidos menores de edad, que cumplió 18 años encarcelado, fue sentenciado a 13 años, a pesar de que su petición fiscal era de cinco años sin internamiento. El joven Walnier Aguilar, cuya familia denunció que padece discapacidad intelectual, fue condenado a 23 años.
