Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación, varias personas que han estado a cargo de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un grupo de periodistas han instado al gobierno cubano a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y al youtuber e influencer Yoandi Montiel (conocido como “El Gato de Cuba”).
Ambos están detenidos de forma arbitraria desde hace varios meses acusados del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, indica una declaración divulgada esta semana.
El texto pide a la comunidad internacional “medidas concretas en reclamo al gobierno de Cuba para poner fin a la represión, los arrestos arbitrarios y las persecuciones sistemáticas contra periodistas independientes, activistas de derechos humanos, usuarios de redes sociales y ciudadanos en general que demandan cambios a las disposiciones vigentes ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, además de los derechos de reunión, manifestación y asociación” .
“Como organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos y personas comprometidas en la defensa de la libertad de expresión, instamos a la comunidad internacional para que interceda ante el gobierno cubano a fin de reclamar el cese inmediato de la represión contra quienes ejercen de forma pacífica sus derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación. Reiteramos nuestro reclamo al gobierno de Cuba a liberar a los ciudadanos cubanos y las ciudadanas cubanas detenidas de forma arbitraria y hacemos un llamado a la solidaridad internacional con las víctimas de una política de Estado que reprime y criminaliza cualquier forma de disenso o crítica pública”, indica la declaración.
La Coalición por la Libertad de Asociación, creada en febrero de 2021, y conformada por 21 organizaciones de la sociedad civil, recuerda el informe sobre la libertad de expresión en Cuba publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018, en el que se afirma que “durante décadas, el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como artistas y ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social”.
La declaración denuncia que tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, “la represión gubernamental en contra de la oposición pacífica ha recrudecido y se ha intensificado”.
“De hecho, las autoridades han incrementado las restricciones a partir de nuevas regulaciones sobre las telecomunicaciones, en busca de reforzar la censura informativa y ampliar el control oficial”, sentencia la coalición.
También agrega que en agosto de 2021 La Habana dispuso nuevas medidas que criminalizan el acto de compartir información “falsa” y “ofensiva” en la Internet, y extienden las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio como el Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones; y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.
“En Cuba, el proveedor de servicio de Internet estatal, ETECSA tiene órdenes de bloquear contenido objetable, e impide el acceso a algunos blogs y plataformas de noticias críticas al gobierno. Las autoridades embisten contra periodistas críticos, activistas pacíficos y disidentes políticos mediante el acoso, el hostigamiento, la intimidación, la vigilancia física y digital, las detenciones arbitrarias, los registros de viviendas y las confiscaciones de equipos. En muchas ocasiones periodistas, activistas y disidentes se ven forzados al exilio”, denuncia la declaración.
“Más recientemente, en enero de este año, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificará el artículo 143 del Código Penal y prohibirá a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades del Estado amordazar a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, una iniciativa que estipula penas de hasta 10 años de prisión. Es importante recordar que el encarcelamiento de periodistas en represalia por su labor informativa independiente, viola las normas más básicas del Derecho Internacional, entre ellos el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , que garantiza a todo individuo el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, agregan.
El documento señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales han destacado que la protesta social es un mecanismo esencial para asegurar el respeto y la garantía a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y exhorta a las autoridades a canalizar el descontento social a partir del diálogo y la escucha activa de los reclamos ciudadanos tomando las medidas que resulten necesarias para su satisfacción.
