Prestigiosas organizaciones internacionales han respaldado a grupos para los derechos humanos en Cuba en una carta abierta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, instándola a denunciar enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos.
La organización Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Instituto de Raza e Igualdad y ARTÍCULO 19 suscriben el llamado a Bachelet que han firmado también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la asesoría legal Cubalex y Prisoners Defenders.
“Señora Alta Comisionada, su condena pública sigue siendo de vital importancia para proteger los derechos de los cubanos y aumentar la atención internacional sobre la inaceptable represión en el país. Instamos a su oficina a hablar más abiertamente sobre la situación en Cuba y permanecemos a su disposición para discutir las condiciones del país”, indican las organizaciones firmantes que urgen a Bachelet a reportar sobre “una de las peores situaciones de derechos humanos en Cuba en muchos años”.
“El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disenso y crítica pública, mientras los cubanos enfrentan una terrible situación económica que impacta sus vidas en los derechos económicos y sociales”.
“Celebramos su pronunciamiento del 16 de julio de 2021, donde hizo un llamado a la liberación de todos los detenidos arbitrariamente tras las protestas del 11 de julio. Lamentablemente, la represión en Cuba contra los manifestantes, los activistas y los periodistas solamente se ha venido profundizando desde entonces. Cientos permanecen en detención arbitraria, o en arresto domiciliario y muchos activistas y periodistas independientes han sido forzados al exilio”, denuncian los firmantes.
El documento destaca entre los cientos de activistas detenidos y procesados tras las manifestaciones, a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez, “El Osorbo”, y el líder de la organización de oposición política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer García.
La Carta Abierta a Bachelet denuncia que muchas de las personas detenidas durante las manifestaciones del 11 de julio han estado incomunicadas por días e incluso semanas, han sido sujetas a arrestos violentos y en muchos casos han sufrido maltratos durante la detención.
“Algunos han sido obligados a desnudarse, han sido privados del sueño, han sido golpeados brutalmente, han sido mantenidos en celdas de castigo sin luz natural, mientras pierden la noción del tiempo. Otros han sido amenazados con reprimendas contra ellos o contra sus familias por protestar, han sido liberados a cambio de un arresto domiciliario o han estado sujetos a intensa vigilancia y detenciones si intentan abandonar sus hogares”, indica la misiva.
Además recuerdan los cortes de Internet a lo largo del país y fallos en la conexión, incluyendo restricciones en el acceso a redes sociales y a la mensajería en semanas posteriores a las manifestaciones.
El texto recuerda que en las semanas posteriores a la manifestación, decenas de manifestantes fueron condenados en juicios “sumarios”, que los manifestantes fueron juzgados conjuntamente, a menudo sin representación legal, en audiencias mayoritariamente a puerta cerrada, en las que los fiscales los acusaron con frecuencia de cometer delitos vagamente definidos, como “desórdenes públicos”, basándose únicamente en declaraciones de testigos de agentes de policía.
“Más recientemente, desde noviembre, las autoridades cubanas han llevado a cabo los llamados juicios “ordinarios” contra los manifestantes, condenando a docenas a hasta 30 años de prisión. Muchos han sido procesados por “sedición” y declarados culpables y condenados a duras penas de prisión por presuntamente participar en incidentes, como tirar piedras durante las protestas”, agrega el documento.
“Mientras las autoridades cubanas toman medidas drásticas para castigar a las personas que participaron en las manifestaciones, también han tomado medidas para desmantelar el limitado espacio de libertad que permitió que se llevaran a cabo estas protestas. En agosto, el gobierno hizo público el Decreto Ley 35 y varias normas complementarias, que restringen severamente la libertad de expresión en línea. A fines de enero, el gobierno dio a conocer un proyecto de código penal que incluye una disposición que castigaría con hasta 10 años de prisión a quien proporcione, reciba o tenga fondos “con el propósito de pagar actividades contrarias al Estado y su orden constitucional”. Una norma tan ampliamente definida podría usarse fácilmente para atacar a activistas y periodistas independientes”, alertan.
Al anunciar el respaldo a la carta, Amnistía Internacional denunció que “el gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa profundizando una violenta política de represión”.
Mientras que Human Rights Watch dijo que “hasta ahora, el silencio en público de Bachelet sobre Cuba ha servido de poco y nada”.
