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En Cuba se han protegido los precios de los servicios más sensibles a la población

Convulsiones en sus estructuras económicas, inflación y problemáticas de todo tipo forman parte del actual escenario internacional en diversas naciones del mundo.

Por solo citar dos ejemplos, la primera economía del mundo, la de Estados Unidos, se ve resentida por un proceso inflacionario sin parangón a lo largo de décadas. En España, los precios de la electricidad y el combustible alcanzan montos considerables.

Como bien expresara el lunes, en el programa Mesa Redonda, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, el incremento de los costos en el mercado internacional ha conducido a que el del combustible esté creciendo en el entorno del 30 %, con un incremento del precio del barril a más de 90 dólares.

También los precios del arroz y los frijoles se han incrementado, a lo cual hay que sumar el valor de los fletes que, en ocasiones, se ha triplicado, agregó la Ministra.

Igual sucede con el aceite crudo, el refino, la soya, el trigo…, prosiguió. Acontece ahora, a escala global, un desequilibrio entre la producción de bienes y su demanda. «No es un fenómeno exclusivo de Cuba, sino que está presente, incluso, en países del primer mundo», dijo.

La crisis económica mundial y la COVID-19 han incidido, sobre nuestro país, en el proceso de adquisición de insumos, materias primas y productos terminados, precisó.

Añadió que, a lo anterior, se unen las difíciles y complejas condiciones en que Cuba precisa salir al mercado internacional, sujeta al efecto de las medidas punitivas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, como parte del recrudecimiento de la política hostil de bloqueo imperialista.

El citado desequilibrio mundial entre la producción de bienes y la demanda se traduce, en la Isla, «en el déficit de oferta, porque el producto no está a la mano».

En medio de tal contexto, desde 2021 tiene lugar un proceso de incremento de los precios, dado el aumento de los costos de las materias primas, los insumos y los productos terminados de importación, complementó Bolaños Weiss.

Algunos plantean que ante «la inflación, que se ha venido acrecentando, no hay intervención del Estado. ¿Cuándo intervendrá el Gobierno?, ¿qué medidas va a adoptar para contener los precios?», comentó la Ministra de Finanzas y Precios, quien expresó que, «pese a la difícil situación con la que opera la economía, y a la escasez de divisas, el Estado sí ha intervenido en el control de los precios, centralizando los gravámenes de tarifas y servicios más sensibles en la vida cotidiana de la población, como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y transporte público».

Bolaños Weiss recordó que, cuando se diseñó la Tarea Ordenamiento, el precio del petróleo manejado fue el de los años 2019 y 2020, cuando osciló entre 53 y 62 dólares el barril. Hoy cuesta 92 dólares. No obstante, las tarifas de electricidad que entraron en vigor tras el ordenamiento monetario se han mantenido.

«Pudiéramos decir que no hay intervención del Gobierno si se trasladara el precio real del combustible
–como ha pasado en países europeos–, con lo cual sube el precio de la electricidad. Y entonces tendríamos menos déficit. Pero no es el objetivo en nuestro país, donde, tomando en cuenta las condiciones circunstanciales en las que estamos por el enfrentamiento a la pandemia, el objetivo es seguir apostando por un socialismo próspero y sostenible. Pero eso tiene un costo dentro del déficit fiscal», enfatizó.

También se ha mantenido sin modificaciones el precio de los medicamentos. «Aun cuando los costos de las materias primas se han incrementado, no se ha subido el precio de estos. Entonces, sí hay intervención del Gobierno para preservar un grupo de servicios básicos», reflexionó.

Recordó que el país no renunciará a mantener los programas sociales ni a atender a las personas en situación de vulnerabilidad, aunque ello tenga un alto costo en el presupuesto estatal.

En otro momento de su intervención, consideró que transitar hacia la racionalidad en los precios habrá de lograrse no solo con medidas gubernamentales, sino con la eficiencia y el control en la formación de estos.

«Tenemos que transformar el control institucional, potenciarlo desde las direcciones municipales. También necesitamos impregnar racionalidad en el proceso de los precios, no podemos tener altas utilidades a costa de incrementar los precios y de no actualizar las fichas de costo».

No se puede, a costa de subir precios, generar utilidades ficticias que impactan en la inflación, porque no se generan más bienes ni servicios, dijo.

 

MOTIVACIÓN POR EL EMPLEO

Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, resaltó que la Organización Internacional del Trabajo ha anunciado una pérdida del 4,2 % del empleo para las mujeres y del 3 % para los hombres a nivel global.

A diferencia de la tendencia universal, en Cuba, donde aumenta la motivación por el trabajo, se produce un ascenso en la generación de empleos. La titular del ramo ilustró con el finalizado año 2021, cuando fueron creados 140 000 nuevos empleos.

«Es un esfuerzo extraordinario. No solo estamos contando los de carácter estatal, sino también los que se generaron producto del desarrollo local, una forma que también debemos potenciar e incrementar en las ofertas de empleo para que las personas puedan sustentarse económicamente».

Se incorporaron más de 236 400 personas que estaban desvinculadas del estudio y del empleo. En tanto, una cifra superior a los 12 600 jóvenes se incorporó al estudio, como paso previo para acceder al empleo.

«Una cualidad que tiene esta incorporación al estudio, a los cursos y al empleo, es que el 35 % de los que se incorporaron son mujeres, y el 59 % jóvenes. Eso lo hemos valorado como muy positivo», sostuvo Feitó Cabrera.

Consideró que la irrupción de nuevos actores económicos contribuyó en este proceso, pues también se están contando los empleos que generaron las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los proyectos de desarrollo local, así como los que son producto de la inversión y la recuperación de capacidades en el sector estatal.

En otro momento de su comparecencia, manifestó que ha habido mucha motivación por la creación de los colectivos laborales agropecuarios. En la actualidad, hay más de 874 colectivos creados en más de 60 empresas, que incluyen a más de 9 500 trabajadores, informó.

Resultado de lo anterior –entre otras causas relacionadas con las 63 medidas aprobadas para dinamizar la producción agrícola y aumentar la capacidad productiva de la empresa estatal socialista– es el incremento de la producción de alimentos, aunque todavía no en las proporciones y dimensiones que queremos.

Ponderó la alta motivación de los trabajadores por el colectivo laboral, cuyo jefe es el que puede, junto al resto de los trabajadores, aprobar el sistema de pago que allí se acuerde, y el momento o la periodicidad con que se va a pagar dicho salario.

La Ministra aseveró que es un diseño propio de ese colectivo. De ese modo, dijo, se va poniendo a este actor estatal en igualdad de condiciones. No debe esperarse porque el jefe de la empresa apruebe el sistema de pago, sino que ellos lo hacen; el propio jefe del colectivo también tiene la posibilidad de que, en determinado momento en que se requiera una fuerza de trabajo adicional –por estar en pico de cosecha o de siembra, por ejemplo–, la puede contratar.

Asimismo, se oficializa la figura del gestor de fuerza de trabajo, porque verdaderamente esa empresa que está en el campo no puede estar dedicándose a gestionarla todo el tiempo, sino que puede auxiliarse de otra persona que la facilita. Se hacen los acuerdos, se establecen las formas de pago y la periodicidad de este. Es un diseño muy particular que tiene cada uno de esos colectivos, acotó.

«Actualmente, se lleva de manera exhaustiva el control para evaluar los impactos de esta medida. El Ministerio de la Agricultura ha sido muy celoso en su seguimiento y cumplimiento. Es algo que está empezando, pero debe dar mejores resultados mientras avance el año», opinó.

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