La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que, a siete meses de las protestas masivas en Cuba, expresaba su preocupación ante la continuidad de la privación de libertad y realización de procesos judiciales en contra de personas, entre ellas adolescentes, que participaron en las manifestaciones.
En un comunicado, la CIDH señaló que al 7 de febrero, “más de 700 personas siguen encarceladas en Cuba como consecuencia de su participación en las protestas de julio de 2021” y que las condiciones en que estas personas se encuentran detenidas, se caracterizarían, entre otras cuestiones, por altos niveles de hacinamiento, falta de acceso de acceso a agua potable y alimentación adecuada, negligente atención médica, y bajo el empleo de medidas de aislamiento.
La CIDH informó que “la Fiscalía General de la República reconoció que un total de 790 personas son acusadas de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden” y que, de acuerdo con información disponible, “la mayoría de estas personas detenidas estarían bajo el régimen de prisión preventiva, en contraposición con los principios internacionales de su aplicación”.
“Además, los procesos judiciales se basarían en tipos penales abiertos y cargos penales infundados y desproporcionados. De igual forma, se tiene información de afectaciones al debido proceso, como la restricción de acceso a expedientes penales o copias de las sentencias, y ausencia de defensa técnica adecuada y de contacto con representantes legales”, agregó.
Respecto de la situación de los adolescentes, la CIDH dijo que la Fiscalía de Cuba informó que 55 tienen entre los 16 y 18 años, y fueron acusados de delitos en el contexto de las protestas. De los cuales, 28 estarían bajo prisión preventiva, y a 18 acusados se les modificó la solicitud de sanción por otras de menor severidad.
“Al respecto, sociedad civil ha denunciado que estos adolescentes habrían sido privados de la libertad y sometidos a procesos judiciales sin respecto a los estándares que rigen el sistema penal de justicia juvenil, especialmente en lo que respecta al acompañamiento de las madres y padres en el proceso. Además, destacan que enfrentarán acusaciones de delitos graves, que incluyen elevadas condenas, de hasta los 20 años de prisión”, expresó el organismo.
Por otra parte, la CIDH recibió denuncias sobre la persistencia de actos de intimidación, hostigamiento y violencia por parte de fuerzas de seguridad del Estado y personas afines al gobierno en contra de familiares de las personas acusadas, así como periodistas y activistas.
La CIDH urgió al Estado cubano a liberar a todas las personas privadas de la libertad, adolescentes y adultas, por el hecho de participar en las protestas, así como a cesar la práctica de hostigamientos y detenciones por causas relacionadas con la protesta social u otros derechos conexos. Asimismo, recordó que el Estado debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas, de conformidad con los estándares interamericanos.
Finalmente, la Comisión reiteró que la detención de adolescentes es una medida que debe utilizarse como último recurso, y de manera excepcional por el período más breve posible y aseguró que el Estado cubano debe adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo el contacto de esta población con los sistemas de justicia penal.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
