Sobre las 11:00 a. m. del 13 de octubre de 2021, Ernesto Padilla Hernández tuvo un accidente de tránsito mientras salía de El Roble, Guanabacoa. Su moto, una Suzuki GN de 125 CC, impactó contra un auto.
Él, con varios golpes y una herida en la pierna, quedó distante de su vehículo que aún tenía las llaves puestas. “Del tumulto salió un oficial de policía que se hallaba en la zona; tomó la voz cantante y empezó a guiarnos en lo que debíamos hacer”, comentó en entrevista con elTOQUE.
“Además, apareció una persona que enseñó un carné y se identificó como oficial del DTI (Dirección Técnica de Investigaciones) y le comunicó a la víctima que conduciría su moto hasta el Hospital Naval y se la entregaría a sus familiares. El policía, por otra parte, dio su consentimiento sin respetar que cuando ocurre un accidente todo debe preservarse en el lugar hasta que lo determinen los especialistas”.
“El policía se fue del sitio y no informó sobre el accidente. El supuesto oficial del DTI también se fue, pero nadie sabe para dónde. La moto nunca llegó al hospital”.
Horas después del hecho, Ernesto compartió lo sucedido en su perfil personal en Facebook con el objetivo de encontrar pistas. En los últimos meses la red social se ha convertido en una plataforma de denuncias ciudadanas sobre robo de motos, especialmente eléctricas.
A raíz de estos sucesos que ponen en jaque el sosiego de motoristas y sus familias, han nacido espacios para que las víctimas notifiquen el robo, cuenten su historia y brinden detalles específicos de su vehículo con la esperanza de que alguien ayude a localizarlos.
Al menos ese fue el propósito del usuario Ales Sánchez al crear, el 25 de agosto de 2020, el Grupo contra el robo de motos en Cuba en el cual comparte casi a diario este tipo publicaciones; sin embargo, hasta la fecha, no conoce ningún caso en el que la moto haya sido recuperada por su dueño.
El Club Followme, con casi cinco mil participantes, también se hace eco de las denuncias, promueve iniciativas como manejar en parejas y comparte sugerencias para evitar estos incidentes.
“El consejo más sacrificado, pero efectivo, es instalarle a la moto, de forma oculta, un dispositivo GPS; esto no evita el robo, pero garantiza que el ladrón y el vehículo sean localizados. Otra idea es ponerle la chapa lo antes posible”, comenta Jorge Fariñas, presidente del club y administrador de su página en Facebook.
La inscripción de ciclomotores y motos eléctricas se inició a partir de noviembre de 2019, pero se interrumpió meses más tarde a causa de la COVID-19. El 7 de junio de 2021 reinició el proceso que se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2022. A partir de junio de este año los vehículos solo podrán ser inscritos por las personas a cuyo nombre se emitió la factura de compraventa o los documentos de importación.
“La chapa siempre ayuda. Al ser registradas quedan guardados una serie de parámetros, por ejemplo, el número de cuadro, el modelo, marca y color de la moto. Esto último no te da ninguna información porque puede ser algo común, pero el número de cuadro es único. Al menos sabemos que la persona que la robe no podrá hacer nada con el cuadro, le será inservible y la moto estará circulada. Además, quien la compre la adquirirá sin papeles de circulación ni de aduana ni de compra y venta ni una declaración jurada”, explica Jorge.
Sin embargo, aún queda la opción de la venta de piezas en el mercado negro, que llena el vacío de ofertas que deja el mercado estatal muchas veces con piezas de dudosa procedencia.
De las 30 denuncias públicas en redes sociales consultadas para este reportaje, en las que la gran mayoría de las motos estaban registradas, se pudo confirmar que, hasta el momento, solo una víctima ha recuperado su vehículo. Si bien en otro caso ocurrido en Holguín el 24 de diciembre de 2021 la moto fue hallada, su dueño, de acuerdo con revelaciones del Ministerio del Interior (Minint), fue asesinado a manos de sus cuatro agresores.
El robo de motorinas aumenta, ¿qué dicen las autoridades?
Mientras en redes sociales la colaboración entre los motoristas aumenta, una nota firmada por el Minint el primero de enero de 2022 pone en tela de juicio las acusaciones de los implicados y declara que se trata, en muchas circunstancias, de sucesos ocurridos en años anteriores o, incluso, de noticias falsas con la intención de crear un ambiente de impunidad e inseguridad ciudadana.
Por otra parte, un artículo publicado por el sitio oficialista Razones de Cuba manifiesta que el incremento de denuncias responde a una nueva estrategia financiada por el Gobierno de Estados Unidos para boicotear el turismo internacional en la isla.
Sin embargo, el texto reconoce la existencia de delitos de este tipo al notificar que entre enero y noviembre de 2021 las autoridades cubanas esclarecieron el 60 % de las casi 470 denuncias de robo de motorinas; lo que serían unos 281 casos, y de ellos 186 bienes han sido devueltos a sus propietarios legales.
Este asunto, aunque ha aumentado su incidencia en los últimos meses, no es nuevo. El 26 de noviembre de 2020 el Noticiero Estelar transmitió un reporte sobre el arresto de tres individuos acusados de nueve delitos de robo con fuerza de carácter continuado en diferentes municipios de La Habana.
Dentro del domicilio de uno de los implicados se recuperaron cinco motos completas y otras cuatro desarmadas, pues la intención, como expuso un instructor penal, era modificar los vehículos, cambiarles partes y piezas, y luego venderlos a través de las redes sociales.
Entre los modus operandi en estos hechos delictivos, según explicó un teniente coronel del Minint al que no identificaron con nombre y apellidos, está el traslado de los bienes hacia otras provincias con propiedades fotocopiadas o escaneadas. Asimismo, anunció que en el momento del robo suelen participar dos o más personas que se aprovechan del descuido de las víctimas al dejar sus motos en lugares públicos sin mucha protección.
No obstante, el posible descuido de las motos no siempre es el método por las que son sustraídas, pues las experiencias de varios afectados también involucran asaltos en la vía pública o robo con allanamiento de morada.
“Ocurrió sobre las cinco de la mañana según grabó una cámara de seguridad que había en la zona. También se llevaron una bicicleta”, contó Manuel Antonio Hernández, a quien le robaron su moto del garaje donde todas las noches la guardaba en el municipio Playa.
La víctima hizo la denuncia a la policía y notificó el robo en varios grupos de Facebook buscando respuestas. “Me escribieron personas preocupadas, otros me mandaron fotos de motos parecidas que veían por la calle, pero realmente nada que me ayudara. Al contrario, lo que hacía era desesperarme y alterarme más. Imagina que te digan todo el tiempo cosas como “vi una parecida por 23”, que después me manden una foto de una moto por Boyeros y así sucesivamente. Nada, mejor olvidar”.
Si bien el reclamo en las redes sociales no le trajo ventajas a Manuel, en otros casos la relación entre los motoristas ha sido imprescindible. A Marlon Reyes también le robaron su moto en la puerta de su casa en el municipio Diez de Octubre a la una de la tarde del 2 de noviembre de 2021. Su vehículo no ha aparecido, pero en el grupo Amantes a las motos eléctricas nació una iniciativa con el fin de ayudarlo.
“Lo publiqué bastante y de un momento a otro tenía a mucha gente de diferentes páginas regalándome piezas y dinero, a tal punto que casi me armaron una moto entera. A raíz de eso, el representante de la marca Bucatti en Cuba me buscó y me dio la noticia de que el dueño de la compañía había decidido donarme una moto. Yo no me lo creí hasta que la tuve cerca. En cuanto a las piezas donadas me he quedado con algunas y otras las he regalado a personas que han pasado por lo mismo que yo”.
¿Qué dictamina el Código Penal sobre el robo de motos?
Si bien en el argot popular toda extracción de un bien de manera ilegítima es considerado un robo, desde el punto de vista penal existen otras clasificaciones.
El Código Penal determina qué tipo de delito fue teniendo en cuenta la forma en la que se ejecutó el hecho: un robo con fuerza en las cosas, un robo con violencia, una apropiación indebida, un hurto.
“En este tema de las motos es muy común la apropiación indebida que se tipifica en el Artículo 335 y se manifiesta cuando una persona se queda con un bien que no es de su propiedad y se le fue confiado por el dueño. Aquí no es común la violencia ni nada por el estilo”, explica una jurista de la Fiscalía Municipal de Playa que pidió no revelar su identidad por cuestiones de seguridad personal.
Por otra parte, el robo con violencia en las personas expuesto en el Artículo 327 ocurre cuando el agresor, como mismo lo dice, violenta o intimida a la víctima a la hora del robo; mientras que el robo con fuerzas en las cosas, en el Artículo 328, acontece cuando se hace presión sobre lo que desea robar o sobre alguna vía para lograrlo como por ejemplo usar una llave falsa o verdadera que hubiese sido sustraída o hallada.
El inciso b) del segundo apartado de este artículo expone que la sanción es de ocho a 20 años de privación de libertad cuando el delito se ejecuta, entre otras circunstancias, fingiendo ser el culpable un funcionario público; a su vez, el inciso c) declara que la sanción también es aplicable cuando “el hecho se ejecuta aprovechando el momento que tiene lugar un ciclón, terremoto, incendio u otra calamidad pública”.
Un oficial del DTI es un funcionario público, y un accidente, según expone la jurista, puede ser considerado una calamidad pública. O sea, ambas circunstancias están presentes en el caso de Ernesto Padilla.
“Mi moto sigue en paradero desconocido. Sobre el sujeto que se la llevó hay tres posibles respuestas: puede ser alguien corrupto del DTI, algo que consideran difícil; puede ser alguien que se encontró el carné y lo usa para actos delictivos; o puede ser un carné falso. Sea como sea, la situación es complicada”, comenta Ernesto a quien hace algunas semanas le archivaron su denuncia policial por falta de nuevas pistas.
“Al oficial de policía que estuvo en el hecho sí lo encontramos; es un primer teniente de la unidad de Cojímar y ahora se está enfrentando a un proceso disciplinario, lo cual lamento mucho, pues no tengo nada en contra de él”.
“Yo quiero recuperar mi moto o al menos tengo la esperanza de que se me reponga de manera justa y equitativa con un medio de transporte similar porque no fue robada por mi irresponsabilidad. No voy a parar y voy a exigir donde y cuanto sea necesario. Varios usuarios de Facebook, en los comentarios de mis publicaciones, me han sugerido a dónde debo dirigirme”.
En Cuba existen tres tipos de sanciones que se usan dependiendo del delito en cuestión: multa, privación de libertad y pena de muerte. Esta última se aplica excepcionalmente, para delitos específicos como homicidio, secuestro o terrorismo y se aprueba por el Consejo de Estado. Además, a la hora de la sentencia se toman en cuenta las particularidades de cada caso y de cada acusado, pues temas como la edad, la reincidencia, la conducta mantenida hasta el momento de los hechos, la apreciación de las circunstancias, el o los tipos de delitos cometidos, etc… pueden disminuir o aumentar la sanción del imputado.
“Una persona que roba una moto tiene dos posibles sanciones: multa elevada de 300 a 1 000 cuotas o privación temporal de la libertad. Todo depende de las condiciones del robo”, explica la jurista.
Una carta pública al presidente
Sergio Luis Cardoso encontró en Facebook una forma de llevar a cabo una iniciativa pública y pedir que, de una forma u otra, frenen estos actos ilícitos.
El 9 de noviembre de 2021 publicó en el grupo Taller Club. Motos Eléctricas Cuba una carta pública dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel solicitando un decreto ley que ampare una “sanción severa en extremo” para aquellos individuos que comentan el delito de robar una moto.
“Mi petición no tiene fines políticos, solo pretendo buscar seguridad para las personas que, como yo, manejamos vehículos automotores, en este caso, motos. En los comentarios alguien me puso el correo del Departamento de Atención a la Población [del Consejos de Ministros] y a ellos les escribí”.
Nathaly León, estudiante de 4to año de Derecho en la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca y alumna integrada en el Tribunal Municipal de Pinar del Río considera que esta petición no es pertinente, pues se refiere a un delito recogido en el Código Penal, que representa una peligrosidad social, ataca los derechos patrimoniales de la personas y deja víctimas.
Sin embargo, sea cual sea la determinación que se tome con esta carta, Sergio no ha hecho más que poner en práctica su derecho “a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley”, plasmado en el artículo 61 de la Constitución de la República.
“Hace unos días el Departamento de Atención a la Población me escribió un correo de vuelta en el que dice que envió mi petición al Gobierno de la Provincia, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de la República, pues son quienes pueden darme un argumento. Hasta ahora no he encontrado a alguien en contra de esta solicitud, al contrario, cualquiera puede ser la próxima víctima”.
“Eso sí, hay algo que me llama mucho la atención y es la cantidad de opiniones que he recibido de personas que consideran que no va a pasar nada, que el ministerio, el Gobierno, la Fiscalía o la entidad que sea no va a hacer nada en pos de ayudar. Yo trato de tener paciencia pues esto lleva tiempo. La carta acaba de llegar a manos de quienes, a parte de ver lo que está sucediendo, pueden hacer algo, hacer un cambio”.
Mientras Sergio espera una respuesta, las redes sociales continúan siendo el verdadero espejo de la sociedad cubana, en las que las denuncias ciudadanas aumentan y tratan de romper los marcos de Internet.
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