Foto: Kristopher Radder AP
“Una persona, un voto”, ha sido la aspiración y un lema de lucha para muchos estadounidenses. Tiene sentido el reclamo, si pensamos en el enredado sistema de Colegio Electoral que diluye la voluntad de las mayorías, y como consecuencia de lo cual, por ejemplo, en 2016 Donald Trump ganó la presidencia a pesar de haber obtenido menos votos populares que Hillary Clinton.
Sucede que no todos los votos tienen el mismo peso en el resultado final. Y eso en el caso de quienes logren llegar a las urnas. El problema es más grave para quienes son privados de ese derecho, un fenómeno que se conoce como supresión del voto y que es tan antiguo en Estados Unidos como la existencia misma del país.
Las conmemoraciones por el aniversario del natalicio de Martin Luther King esta semana estuvieron marcadas por reclamos contra la supresión del voto. La familia del luchador por los derechos civiles, asesinado en 1968, encabezó el lunes la marcha anual en Washington D.C. que rinde homenaje a su legado. En esta ocasión los participantes exigieron al Congreso aprobar una legislación que protegería el derecho al voto ante las maniobras de determinados sectores que buscan limitar la participación electoral.
Los demócratas en el Capitolio, con el apoyo de un Joe Biden deseoso de cumplir alguna de sus promesas de campaña, están impulsando dos proyectos de legislación: la “Ley de Libertad para Votar” y la “Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis”, que buscan eliminar algunas de las restricciones vigentes. Ampliarían la votación anticipada y por correo, convertirían el día de las elecciones en un feriado nacional y pondrían freno al gerrymandering, que manipula los distritos electorales.
Pero en un contexto de polarización creciente y partidismo dentro del Congreso, esos proyectos han chocado con el rechazo de los republicanos. El miércoles en la noche esas propuestas fueron bloqueadas en el Senado. Y no se trata aquí de buenos ni malos sino de costo o beneficio para ambas partes. Los mecanismos de supresión del voto afectan más a algunas minorías, negros, latinos, mujeres, pobres, que suelen respaldar mayoritariamente a candidatos demócratas.
Este fenómeno tiene una larga historia, que podemos rastrear, como decía, hasta el surgimiento mismo de Estados Unidos como país independiente. We the people, la frase con la que inicia la Constitución, nunca incluyó a todas las personas.
Inicialmente podían votar solo los hombres blancos con propiedades, en un sistema electoral diseñado para perpetuar en el poder a ciertos sectores, en aquel momento a las elites sureñas. El requisito de propiedad se fue eliminando gradualmente, pero pasaron muchos años antes de que los negros y las mujeres pudieran emitir un voto. Ni hablar de los indios, despojados de sus tierras, que solo fueron considerados ciudadanos estadounidenses en 1924.
El primer escollo es que Estados Unidos no tiene una ley federal electoral. Por lo tanto, la forma en que se realiza todo el proceso depende de las regulaciones en cada uno de los estados. Como aclara el historiador Eric Foner, la Constitución no otorga explícitamente a nadie el derecho al voto; los estados determinan la elegibilidad, y sus reglas y procedimientos varían enormemente. Con el tiempo, algunas enmiendas constitucionales han tratado de impedir que los estados limiten el sufragio.
Después de la Guerra Civil, la Enmienda 15, ratificada en 1870, prohibió que los estados negaran el derecho a votar por motivos raciales. Años más tarde, en 1920, la Enmienda 19 posibilitó el voto para las mujeres. Pero en un escenario donde las elecciones y sus reglamentos son locales, se han desarrollado múltiples formas para limitar la participación.
La Enmienda 15 fue burlada con las llamadas leyes Jim Crow, que institucionalizaron la segregación racial y la supremacía blanca con aquello de “separados pero iguales”. Muchos estados, sobre todo sureños, comenzaron a exigir desde pruebas de alfabetización hasta el pago de un impuesto para que las personas pudieran votar; una manera velada de impedir que afroamericanos o pobres ejercieran su derecho constitucional. También hubo mecanismos menos sutiles, como miembros del Ku Klux Klan y otros grupos de odio que impedían, con intimidación o con violencia armada, que potenciales votantes afroamericanos llegaran a las urnas.
Después de una larga lucha y casi cien años de historia, en 1965 se aprobó la Ley de Derecho al Voto. A partir de entonces, los mecanismos de supresión del voto se han transformado pero persisten, con el mismo objetivo que tienen desde su surgimiento: mantener en el poder a ciertos grupos impidiendo la participación de otros.
Un fallo de la Corte Suprema en el año 2013 anuló una parte clave de la histórica ley del 65, pues liberó a los estados del sur de la supervisión federal sobre sus leyes electorales. Se había establecido esa supervisión para evitar que los estados que habían tenido leyes Jim Crow utilizaran otros mecanismos para suprimir el voto negro. Pero la Corte decidió que esa regulación era innecesaria.
Para que tengan una idea de lo que eso significa en la práctica, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) compartió un listado con algunos de los métodos utilizados actualmente para impedir que ciertas personas puedan votar.
Una de las formas más comunes es restringir los términos y requisitos del registro electoral; exigir documentos para probar la ciudadanía o la identificación, o limitar el período de tiempo en el cual los votantes pueden registrarse. Por ejemplo, de acuerdo con la ACLU, en 2011 Kansas defendió una ley que exigía a los habitantes mostrar documentos de “prueba de ciudadanía” para poder registrarse para votar, tales como un pasaporte o un certificado de nacimiento. Como resultado, la ley bloqueó los registros de más de 30 000 personas.
Otros estados van más allá, y han impuesto requisitos absurdos y sanciones severas para intimidar a los votantes. En Georgia, es delito ofrecer alimentos y agua a los votantes que hacen fila en las urnas, filas que en ese estado son habitualmente largas para las comunidades de afroamericanos donde hay menos centros de votación.
En algunos estados, las personas condenadas por algún delito no pueden votar, lo cual también afecta más a negros o latinos, quienes constituyen la mayoría de la población penal en ese país. Las elecciones son en un día laborable y han reducido las posibilidades para el voto anticipado y por correo. Hay que mencionar también el efecto de la redistribución de distritos electorales y gerrymandering, a lo cual ya le dedicamos un comentario en este espacio.
De acuerdo con datos de la ACLU, algunos grupos se ven más afectados. Por ejemplo, los condados con poblaciones minoritarias más grandes tienen menos lugares de votación y trabajadores electorales por votante; el 25% de los estadounidenses negros en edad de votar no tienen una identificación con foto como exigen en algunos lugares; el 18% de los votantes con discapacidades físicas reportaron dificultades para votar en persona en 2020.
Son solo algunos ejemplos para ilustrar de forma sintética un fenómeno extremadamente complejo en Estados Unidos, un país que cuestiona sistemas electorales ajenos e incluso sanciona por ellos, mientras impide a millones de sus ciudadanos ejercer su derecho al voto.
