Llámele como guste, desalojo por presión, forzado u orientado. Así opera la policía política cubana que se cobra una nueva víctima con este accionar para nada novedoso.
Es la técnica de implantar el miedo entre propietarios que arriendan a miembros de la sociedad civil independiente cubana. Su objetivo, lograr la asfixia y descentrar a la víctima de su labor cotidiana y profesional.
La periodista independiente, Yadiris Luis Fuentes, colaboradora de ADN deberá abandonar la vivienda que alquila desde junio pasado en el municipio Centro Habana antes del cinco de febrero, por negarse a acudir al llamado del agente de la policía política, alias, “Manolo”,“el compañero que la atiende” (sección 21 de la policía política, atención a disidentes) para concertar un interrogatorio sin citación oficial.
No pasaron muchas horas después de dar el no a Manolo para que el propietario de la vivienda le comunicara apenado que debía mudarse [por instrucciones de la Seguridad del Estado].
Además, según refirió Luis Fuentes, el señor podría ser multado con 15 mil pesos y arriesgarse al decomiso de su domicilio.
La Marcha Cívica por al Cambio
Vivió sitiada entre el 13 y 16 de noviembre pasados, cuando reinó la expectación en torno a la marcha de la plataforma Archipiélago que el régimen impidió.
Recuerda que el casero fue citado para interrogatorio el día 10 de noviembre, dos días antes que ella.
En aquel momento, confiesa que esperaba la orden de desalojo. Estaba lista para recoger pertenencias, empacar y dejar la vivienda, pero no, parece que aún no era objetivo de interés para la seguridad.
“Me levantaron un acta de advertencia para que no cometiera delitos, ni actividades que conllevaran a la comisión de delitos, muy risible. El objetivo era que yo no saliera el 14, ni el 15, que no fuera a la marcha”, indicó.
Graduada en 2015 de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, su provincia natal, la informadora tiene pago el arriendo hasta el cinco de febrero, de ahí que haya emprendido una carera contra el tiempo en busca de un alquiler que hasta ahora no ha encontrado.
“Es una técnica muy usada en el pasado, la han usado contra otras periodistas mujeres como Katherine Bisquet, Camila Lobón, Camila Acosta, Marthadela Tamayo, entre otras y es una historia que podría repetirse en mi caso y en el de otras personas que disienten en Cuba”, dijo a Radio Televisión Martí, la periodista que también colabora con la publicación independiente El Toque Jurídico.
Su colega Camila Acosta, periodista de Cubanet y corresponsal del diario español ABC, actualmente pendiente a juicio y en reclusión domiciliaria, tuvo que mudarse cinco veces en 2020 luego de que agentes de la policía política presionaran a sus caseros.
En una entrevista con Radio Televisión Martí el 20 de octubre último, en ocasión de su quinto desalojo, Acosta explicó: “En Cuba no existe una ley que le prohíba a una persona rentar a un periodista independiente, a un disidente, o a un opositor pero sabemos que la dictadura viola sus propias leyes, viola constantemente los derechos humanos y se vale del miedo y de la presión sobre los cubanos para lograr siempre lo que ellos quieren”.
Del desalojo forzado por la Seguridad del Estado no escapa ningún casero, ni el que tiene licencia y paga regularmente sus impuestos por la renta, ni el que alquila por la izquierda, de manera ilegal. No les queda otra opción que ceder a la presión del órgano represor aunque las ganancias por concepto de renta sean el único sustento.
“Quien no haya vivido esto no tiene ni idea. En América Latina uno tiene colegas que ni se lo imaginan, ni por asomo lo que puede ser vivir en dictadura”, lamentó Luis Fuentes.
El pago promedio de una renta en La Habana hoy oscila entre 9 mil y 15 mil pesos. De no encontrar el alquiler que busca antes del 5 de febrero, confía en la bondad y generosidad de buenas amistades que, por seguro, no la dejarán desamparada en la calle.
“Las rentas ilegales están mucho más diseminadas que las legales y entonces por ahí pueden ser presionados los caseros y nosotros vernos en la situación estresante de tener que cambiar de alquiler, buscar otro sitio donde vivir, estar descentrados en nuestro trabajo”, dijo la periodista, que ha pasado cursos auspiciados por la organización Cosecha Roja, de Argentina, y es parte de la Sexta Generación de la Redlat, de jóvenes de distintas latitudes.
“A ellos (la Seguridad del Estado) les molesta muchísimo que la gente se supere y en los interrogatorios me sacan eso, estas haciendo esto o estas estudiando tal cosa. Es horrible”, agregó la joven de 30 años.
Ella no tiene documentación de registro en La Habana, tampoco libreta de abastecimiento, no es parte de la estadística demográfica en la ciudad y con esta falta de información pareciera muy difícil rastrear su vida en la capital.
Entonces, sobreviene el sentimiento de sospecha, ese estado que describe como de paranoia, de silencio, de no atreverse a contar determinadas cosas incluso siendo periodista.
“Tampoco voy a dejar de tener amigos porque la seguridad tenga un infiltrado. Eso es lo que ellos quieren, aislarte del universo y que no seas persona. Cuando la gente es infeliz no puede ser efectivo en lo que hace”, apostilló.
