LA HABANA, Cuba.- Gran parte de la propaganda ideológica que busca satanizar a las sociedades capitalistas ha intentado convencer a la gente de que la impunidad es un privilegio de los grandes magnates, que en el capitalismo los poderosos aprovechan sus millones e influencia política para escapar de la justicia, incluso para cambiar las tornas en contra de sus acusadores, con el respaldo de autoridades no menos corruptas. El socialismo, por el contrario, y según la misma propaganda, es el paraíso de la igualdad, la justicia y la honradez de las instituciones públicas, que anteponen el bienestar de las víctimas a cualquier otro interés.
Durante años esa mentira pervivió en el imaginario de los cubanos, privados de información sobre lo que ocurría fuera de nuestras fronteras. El contacto estrecho con los emigrados y el acceso a Internet han posibilitado contrastar las versiones malintencionadas sobre fenómenos que ocurren en cualquier sociedad, más allá del sistema político o la militancia ideológica de sus dirigentes. Poder es poder, pero la impunidad está determinada, sobre todo, por el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación.
En tal sentido, hace algunos días los diarios más importantes del mundo se hicieron eco de la caída en desgracia del príncipe Andrés del Reino Unido, acusado de abuso sexual contra una menor de edad en 2001. El duque de York se enfrenta a una demanda civil en un tribunal de New York, y su condición de miembro de la realeza más poderosa del mundo no ha sido suficiente para impedirlo.
Su propia madre, la reina Isabel II, le ha retirado sus cargos honoríficos a la cabeza de regimientos militares y asociaciones benéficas, dejando claro que el príncipe no podrá desempeñar ninguna función pública ni recibirá el trato de “alteza real” a título oficial. El escándalo derivado del supuesto abuso cometido por el duque de York y su amistad con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, implicado en una red de tráfico de menores con fines sexuales en complicidad con su pareja, Ghislaine Maxwell, ha provocado -según expertos- la peor crisis de imagen de la corona británica desde la muerte de la princesa Diana.
Ni el pedigrí, ni las influencias, ni los millones lograron mantener a los potentados a salvo de las denuncias y el consecuente linchamiento mediático. La campaña #MeToo, que ha aglutinado a miles de víctimas de acoso o abuso sexual por parte de renombradas figuras (empresarios, productores de cine, estrellas de Hollywood), puso fin al prolongado silencio de mujeres que en su momento prefirieron no apuntar a sus agresores por temor, confusión o vergüenza.
En ese capitalismo que según la propaganda castrista está plagado de componendas y el dinero todo lo puede, tanto la prensa como la sociedad civil no han dado tregua a los depredadores sexuales exponiéndolos, apoyando a las víctimas y cuestionando duramente las dinámicas socioeconómicas, legislativas y laborales que han favorecido la existencia reiterada de tales abusos.
Desde el productor cinematográfico Harvey Weinstein hasta Andrés de York, los poderosos han sufrido cuando menos el arrastre de su reputación por el fango, consecuencia que se ha hecho extensiva a sus respectivos marcos familiares y a las industrias o instituciones que representan.
Mientras soplan esos vientos en las “injustas sociedades capitalistas”, en Cuba ya nadie habla de Fernando Bécquer y la veintena de denuncias por abusos sexuales en su contra. La vertiginosa supervivencia de los cubanos, que no deja un minuto para analizarnos como sociedad, ha ido echando tierra sobre el asunto. Las víctimas hablaron, algunos colegas del trovador lo defendieron y otros se desmarcaron, la Federación de Mujeres Cubanas y el CENESEX emitieron comunicados muy protocolares… y eso fue todo.
La visión castrista sobre justicia y transparencia se ha mostrado sin el menor recato en los últimos tiempos, principalmente con los centenares de acusados tras las protestas del 11 de julio, muchos de ellos condenados a largas penas de cárcel por sus ideas políticas; y las recurrentes denuncias de la sociedad civil ante la pasividad con que la Policía Nacional Revolucionaria ha manejado casos de abuso sexual contra menores de edad.
No es de extrañar que Fernando Bécquer y sus vicios sean agua pasada. Tampoco lo es que a diferencia de los veteranos británicos que escribieron una carta abierta a la reina Isabel exigiendo se despojara al príncipe Andrés de sus títulos militares, el gremio de la trova cubana haya quedado reducido a dos o tres declaraciones de cantautores que conocían perfectamente los hábitos de Bécquer, y eligieron callar.
De acuerdo a los testimonios, una de las mujeres agredidas por Bécquer no superaba los 18 años, casi la misma edad que tenía Virginia Giuffre cuando el príncipe Andrés presuntamente abusó de ella. No hay nada demostrado aún, pero la reputación del royal está irremisiblemente dañada. En cambio, la sociedad más justa e igualitaria del mundo ha tendido un manto del silencio sobre el trovador libidinoso, el que no halló mejor argumento en defensa propia que reafirmar su fe en la Revolución; un mediocre intento de evasión que ilustra hasta qué punto puede llegar la impunidad en el lado rojo.
Mientras la prensa independiente y la sociedad civil están atentas a los atropellos que hoy cometen los tribunales populares contra los manifestantes del 11 de julio, el #MeToo cubano sigue en pausa. Con discursos trillados, supuestos compromisos e incesantes alusiones al “Programa de Adelanto de la Mujer”, el oficialismo le salió al paso al escándalo Bécquer; pero ninguna acción se ha concretado para llevarlo ante la justicia. El depredador sexual continúa libre, y cada día que pasa la deuda con sus víctimas se hace mayor.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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