La defensa de la participación social en los ingresos del Canal de Panamá centra el pedido para promover a nuevos postulantes para la Junta Directiva de la Autoridad del Canal (ACP), que liberó tres vacantes para los próximos años.
Las organizaciones sindicales y sociales del país centroamericano piden que los nuevos miembros peleen porque los fondos generados por esa instalación fomenten los planes de desarrollo económico y no sean apropiados por un pequeño grupo de oligarcas.
Para las vacantes, las organizaciones Frente nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC), Coalición Unificada por Colón (CUCO), Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) y Frente Amplio Colonense, ya realizaron sus propuestas.
La junta directiva de la ACP está conformada por 11 integrantes (un presidente y diez directores). En febrero próximo vence el mandato de nueve año de tres de estos últimos.
La Cadena Telesur divulgó las palabras de la economista y catedrática universitaria Maribel Gordón quien exige la utilización de los ingresos financieros del canal para invertirse en educación, salud, vivienda y seguridad social.
Pidió que se dedicasen también a la continuidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social, y advirtió que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se hace con los fondos que genera el Canal, «los recursos deben de ser destinados de manera clara y transparente», citó Telesur.
Además, propuso que parte de esos ingresos se inviertan en revertir daños ambientales provocados por la actividad económica del Canal, en particular sobre los recursos hídricos, y en función del desarrollo sostenible.
El 15 de agosto de 1914 abrió el Canal de Panamá, una vía interoceánica entre el mar Caribe y el océano Atlántico con el océano Pacífico. Hace más de 21 años, Estados Unidos entregó formalmente la administración del Canal de Panamá a esa nación, como lo establecían los acuerdos Torrijos-Carter firmados en 1977.
