LAS TUNAS, Cuba. ─ Yosvanis Rosell García Caso (Holguín, 32 años), un preso social acusado de sedición y con petición fiscal de 30 años de privación de libertad por convocar a sus vecinos a manifestarse en contra de las políticas públicas del régimen castrocomunista ─que mantienen al pueblo cubano en estado de mendicidad material y cívica─ dijo que comenzará una huelga de hambre para denunciar las injusticias cometidas en su caso.
La señora Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvanis, pidió a través de las redes sociales apoyo internacional para que los medios de prensa y las organizaciones de derechos humanos reporten las irregularidades de los juicios contra los manifestantes del 11J, quienes sólo pedían “democracia, patria y vida y libertad”.
Respecto al juicio de Andy García Lorenzo en la ciudad de Santa Clara ─también acusado por las manifestaciones del 11J─, vía Internet un allegado dijo que permitieron a “un solo familiar” pasar a la sala del juzgado, mientras efectivos policiales y militares mantenían cercada la sede del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.
Desde Miami, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), dijo a Radio Televisión Martí que los juicios contra los acusados por las manifestaciones del 11J se estaban desarrollando con un estilo “medieval y opaco” y que si el “gobierno cubano quiere comportarse como un rufián”, entonces debe hacerlo “frente a las cámaras de televisión y radio nacionales”, así como debía permitir la presencia de la prensa extranjera, acreditada con “más de 75 medios en Cuba”.
Hagamos entonces un ejercicio de Derecho Procesal comparado cotejando un juicio efectuado durante la dictadura de Fulgencio Batista y Zaldívar y los juicios que ahora mismo están ocurriendo en la “dictadura del proletariado” de Miguel Díaz-Canel contra los manifestantes del 11J, donde los acusados no asaltaron ningún cuartel ni utilizaron armas de fuego ni de guerra ni deportivas contra las fuerzas policiales, parapoliciales y militares.
Sobre algunos de los acusados del 11J penden sanciones de 30 años de prisión, que es el doble de la máxima pena impuesta a aquellos acusados que sí dispararon y mataron o hirieron de bala a sus adversarios, y que, pesando sobre algunos de ellos una petición fiscal de veintiséis años de prisión, el máximo responsable fue condenado a sólo 15 años de cárcel, condena que no cumplió, favorecido por una amnistía de la dictadura de Batista.
Hay una locución latina de aplicación jurídica, y sobre todo cívica y sociopolítica, que dice Cedant arma togae, que se emplea cuando los regímenes militares, representados por las armas, deben ceder el paso al gobierno civil, representado por la toga (Estado de derecho). Esta locución fue utilizada el viernes 16 de octubre de 1953 por un asaltante, de profesión abogado, asumiendo su propia defensa por el asalto al cuartel Moncada, ocurrido con nocturnidad (entiéndase: con agravante de la responsabilidad penal en la madrugada del 26 de julio utilizando armas de fuego).
A los jueces que juzgaban aquel suceso, Fidel Castro dijo: “No se ha cumplido ciertamente en este caso ni una sola vez la máxima latina que dice: Cedant arma togae. Ruego tengáis muy en cuenta estas circunstancias… Os recuerdo que vuestras leyes de procedimiento establecen que el juicio será `oral y público´; sin embargo, se ha impedido por completo al pueblo la entrada en esta sesión. Solo han dejado pasar dos letrados y seis periodistas, en cuyos periódicos la censura no permitirá publicar una palabra. Veo que tengo por único público, en la sala y en los pasillos, cerca de cien soldados y oficiales.”
Pues bien, una situación muchísimo peor a la que vivieron los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz y los demás acusados por asaltar al cuartel Moncada en julio de 1953, durante la dictadura de Fulgencio Batista, están viviendo ahora mismo los acusados por el 11J y sus familiares.
Como mismo dijo Fidel Castro el viernes 16 de octubre de 1953 a los jueces que lo juzgaron en Santiago de Cuba, ahora debemos decir a los jueces que están juzgando por “sedición” y otros delitos a los manifestantes del 11J: “Os recuerdo que vuestras leyes de procedimiento establecen que el juicio será `oral y público´; sin embargo, se ha impedido por completo al pueblo la entrada en esta sesión”.
El artículo 305 de la vigente Ley de Procedimiento Penal dice: “El juicio oral es público, a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas”. Luego, cabe preguntar: Si el juicio oral es público… ¿Cuáles son las razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a sus familiares que han impedido por completo al pueblo la entrada a los juicios de los manifestantes del 11J?
Lo hemos dicho en otras ocasiones y ahora lo reiteramos: Cuba está gobernada por una dictadura totalitaria y los juicios por el 11J, la oralidad de esas vistas judiciales censuradas y lo público del Estado de derecho expresamente prohibido así vienen a confirmarlo. Bien hace Maylin Rodríguez, esposa de Yosvanis Rosell, cuando pidió apoyo internacional para que los medios de prensa y las organizaciones de derechos humanos reporten las irregularidades de los juicios seguidos contra los manifestantes del 11J. Y muy bien dice Juan Antonio Blanco, director de la FDHC, cuando rotula los juicios contra los acusados por las manifestaciones del 11J de estilo “medieval y opaco”, emplazando a la prensa extranjera acreditada en Cuba para que reporten esos sucesos que la prensa oficial calla.
Estamos en presencia de orquestaciones judiciales estalinistas, no de juicios orales y públicos en debido proceso. Ante la iniquidad se impone la denuncia. No callemos.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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