El activista y director de la revista independiente YucaByte, Norges Rodríguez, identificó en redes sociales al represor de la Seguridad del Estado Juan Jorge González, implicado en el acoso y seguimiento a opositores y ciudadanos.
Según declaró a ADN Cuba, González lo intimidaba a través de llamadas telefónicas, visitas inesperadas a casa y amenazas de arresto con “20 años de prisión” a él tanto como al cofundador de YucaByte, Taylor Torres.
“Fue hasta Dos Caminos —un pueblo ubicado en el municipio San Luis, Santiago de Cuba— para chantajear a mi familia. Su objetivo era tratar de que abandonara mi activismo diciéndome que eso podría estresar a mi mamá, quien está enferma y necesita tranquilidad”, declaró Torres a esta revista.
“Mi defensa en sus encuentros siempre fue que yo no estaba en contra de nadie más que de lo mal hecho, que mi función o con lo que yo me sentía cómodo era señalando lo mal hecho y lo que iba en detrimento de la libertad ciudadana y la sociedad en general”, agregó.
De acuerdo con la información publicada en las redes sociales, el agente de la Seguridad del Estado nació el 10 de septiembre de 1986 en la provincia de Cienfuegos y trabaja en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).
El jurista cubano Eloy Viera Cañive confirmó que el represor es de la provincia de Cienfuegos, donde se le conocía como JJ.
La víspera, Yanilys Sariego, una cubana que promovió la frustrada marcha del 15 de noviembre en Matanzas, identificó al teniente coronel Rogelio Cuesta como uno de sus represores.
El oficial trató de intimidarla durante el interrogatorio del 12 de noviembre y pidió para ella prisión preventiva y traslado para la prisión de mujeres, denunció Sariego en una publicación de Facebook este 11 de enero.
“Nunca más lo he vuelto a ver, a pesar de que es él quien tiene la responsabilidad legal de investigar el hecho. Algún día la historia de la represión en esta isla tendrá nombres, rostros y espero de todo corazón que se haga justicia”, precisó Sariego.
El régimen cubano utiliza a simpatizantes del gobierno como colaboradores de la Seguridad del Estado, órgano de inteligencia y contrainteligencia que, también, se encarga de vigilar a opositores, interrogarlos y amedrentarlos.
Periodistas independientes, miembros de grupos disidentes y ciudadanos comunes han denuncia a ADN Cuba y otros medios de prensa los métodos utilizados por estas personas. Es común que visiten las casas, atemoricen a los familiares o vigilen el domicilio de la persona objetivo.
Tras las protestas del 11 de julio, las más grandes en la historia del socialismo cubano según los expertos, el Gobierno aumentó la persecución a opositores.
Según el listado de Justicia 11J y el Centro de Información Legal Cubalex, de un total de 1355 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 719 continúan en centros de reclusión, 70 de ellas son mujeres.
De acuerdo con Cubalex, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
