Idelsys Pupo, madre del manifestante William Manuel Leyva Pupo, denunció este 10 de enero que su hijo con trastornos psiquiátricos fue golpeado por guardias en prisión.
“El segundo jefe de la prisión, junto a otros guardias le dieron a mi hijo, le apretaron el cuello y lo tiraron contra los cables de corriente”, denunció Idelsys a la activista Camila Rodríguez.
William Manuel enfrenta una condena de 18 años por el delito de sedición. Su juicio ocurrirá esta semana (del 11 al 14), y será sentenciado junto a otros 20 manifestantes de Holguín, a los que el fiscal Fernando Sera Planas pide entre 15 y 30 años.
Todos los acusados en Holguín, que suman una treintena, están siendo procesados por el delito de “sedición”, utilizado de manera discrecional y sin pruebas suficientes por las autoridades contra los manifestantes del 11 de julio, precisa la ONG de asesoramiento legal Cubalex.
Justicia 11J, grupo de asesoramiento a manifestantes y sus familiares, reportó en noviembre que Leyva padece trastornos psiquiátricos, aunque sus familiares no lo habían incluido en el acta de defensa en un principio.
De acuerdo con Cubalex, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
“Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
De acuerdo con Cubalex, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
Desde julio, agrupaciones defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil cubana como Cubalex y Justicia 11J han documentado la detención de 45 menores de 18 años, de los cuales 29 han sido excarcelados, aunque nueve están en espera de juicio con medidas cautelares de libertad bajo fianza o reclusión domiciliaria.
