La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) anunció que una decena de fiscales cubanos han sido catalogados como “Represores de Cuello Blanco” en una base de datos que elabora esta organización y que hacen llegar a autoridades estadounidenses y a organismos internacionales.
Se trata de funcionarios públicos que “han firmado peticiones fiscales injustas y excesivas contra manifestantes del 11 de julio”.
Según el Centro de Información Legal Cubalex, a raíz de estas protestas fueron registrados al menos 1339 arrestos y todavía permanecen en prisión 710 personas, entre ellas 14 con 18 años de edad o menos.
De los 1339 detenidos, han sido excarcelados 582 aunque, advierte Cubalex, eso no significa que fueran liberados, ya que algunos están a la espera de juicio, mientras otros se hayan cumpliendo prisión domiciliaria o se les ha aplicado otro tipo de medida cautelar.
La más reciente adición a la lista de represores de la FHRC es la fiscal de Santa Clara, Dayli Carranza Rodríguez, quien solicitó siete años de prisión para el preso político Andy García Lorenzo y otros manifestantes pacíficos de las protestas del pasado julio, por los delitos de “desorden público”, “desacato” y “atentado”
Carranza Rodríguez, según indica la fundación, es culpable de otros delitos como: “DELITOS INTERNACIONALES: Privación de Libertad; Delito contra la libre emisión del pensamiento. Art. 291 Código Penal Cubano; CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD: Persecución por motivos políticos; CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD: Encarcelamiento; Abuso de autoridad Art. 133 CDC”.
La entidad aseguró que durante la investigación realizada a Carranza Rodríguez confirmaron acusaciones de que ha recibido “sobornos desde los Estados Unidos para manipular otros casos de acusados de delitos comunes” y que gestiona un negocio ilegal de venta de teléfonos móviles.
“El equipo de investigaciones de FHRC se reserva una serie de datos confidenciales de la fiscal y de sus homólogos, que serán puestos a disposición del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de entidades internacionales que condenan los delitos en los que incurren estos acusadores al servicio de la dictadura cubana y que son violatorios del propio Código Penal cubano, así como de tratados internacionales”, aseguró la fundación en un comunicado.
Otros nombres de la lista de represores son:
– Oravia Torres Cabrera, fiscal que firmó las Conclusiones Provisionales del Estado que solicitó entre 3 y 8 años de privación de libertad para cuatro manifestantes del 11 de julio, miembros del Partido Autónomo Pinero (PAP) en Nueva Gerona, Isla de la Juventud.
– Yerandy Calzadilla Dávalos, fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales, en San José de las Lajas, provincia Mayabeque, firmante de peticiones fiscales de hasta 25 años contra manifestantes del 11 de julio de 2021 en esa provincia.
– Mabel Palacios Atié, la fiscal que pidió condenas de entre 15 y 27 años para 22 manifestantes del 11J acusados de “sedición” en el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
–Liliam Fernández Berro es la fiscal provincial de La Habana desde el 19 de enero de 2021. Firmó una petición de 18 años de privación de libertad por el delito de Sedición para Brandon David Becerra, de 17 años.
–Dagmaris Jaca Seco, fiscal del municipio San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, firmante de peticiones fiscales de entre 6 y 15 años de cárcel contra 17 manifestantes.
–Fernando Valentín Sera Planas, fiscal que pide condenas de entre 15 y 30 años de prisión para manifestantes del 11 de julio en la ciudad de Holguín.
El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso esta semana restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos por su papel en las detenciones y sentencias a los manifestantes involucrados en las protestas del 11 de julio.
El secretario de Estado, Antony Blinken dijo que Estados Unidos tomó medidas para hacer cumplir las restricciones de visado “en respuesta a los intentos del gobierno cubano de negar a los cubanos su libertad y sus derechos mediante continuas tácticas de intimidación, encarcelamientos injustos y severas sentencias”.
