El síntoma
En 2008 hubo un crack en la política económica del Gobierno: retirar la prohibición a cubanos de hospedarse libremente en hoteles. De esta forma, ingresarían el dinero que desde el extranjero las familias estaban dispuestas a pagar para que los de dentro disfrutaran de esas instalaciones. Además, la divisa de aquellos cubanos que, por esfuerzo propio y no siempre ilegal, podían pagar ese descanso.
Era el primer síntoma significativo de lo que marcaría el enfoque económico del Gobierno durante las últimas décadas: al no producir lo suficiente, se dedicó a recaudar. La reforma vino un poco después, en 2011.
La antesala
En 1991 cae el campo socialista. Sin embargo, las medidas de los noventa llegaron casi al final de la década, para ser semicongeladas a inicios de los 2000. En esos años, el bolsillo del ciudadano común estaba muy afectado, pero la economía estatal no parecía estar a punto de colapsar. El Estado cubano podía garantizar un salario a cada trabajador. Era insuficiente, irrisorio, más que un salario un estipendio discreto, pero podía dar algo, y eso resultaba esencial.
No importaba tanto el poder adquisitivo de ese monto (siempre se contaba con el invento y la remesa), o que muchas empresas dieran pérdida. Lo que no podía faltar era el acto simbólico de pagar un salario cada 30 días. Se trataba de un mínimo indispensable para ejercer el poder. Se podía gobernar con empresas ineficientes, pero no sin pagar un salario.
En 2011, en cambio, la economía estatal estaba cada vez más imposibilitada de cubrir, mes a mes, ese salario-estipendio a sus alrededor de cuatro millones de empleados. Si hasta entonces, el Gobierno, como dueño de facto de las empresas estatales y militares, siempre garantizó el sueldo, el esquema de pagar sin producir lo suficiente tendría su fin.
La “gran” reforma
Llega la reforma. Consistió en extender, con grandes restricciones, permiso para lo que se había aniquilado hacía más de 40 años: el autoempleo y el pequeño negocio privado. Las limitaciones eran tantas, que el sector privado nació terciarizado, desplazado, condenado a la baja tecnología y vulnerable al fuego de sectores estalinistas.
Siguieron otras medidas que acompañaron la esencia recaudatoria. En el mismo año se dio curso legal a la compraventa de viviendas y vehículos por los ciudadanos. Hasta entonces, estas actividades tenían lugar de manera ilegal y estaban sometidas a muchas irregularidades. Además, en 2013 se eliminó el permiso de viaje, lo cual dejó por la parte cubana un único requisito para viajar al exterior: tener un pasaporte.
Con esto, estaba definido el perfil de las reformas cubanas: ante la incapacidad productiva del Estado, este cedió espacio a los actores privados (algo coherente con la esencia recaudatoria visible en 2008).
El resultado económico
Diez años después de la aplicación de la reforma, no se resolvió el problema directo de la escasa generación de valor económico en empresas estatales. La ineficiencia y la baja rentabilidad continuaron, aun en empresas de saldo positivo.
Por otro lado, los resultados de la reforma fueron insuficientes para la anulación del efecto de otros factores (de los cuales no es responsable el sector privado) que atan la economía cubana al inmovilismo. Pero sería injusto pedirle a una reforma algo que no se propuso. Esta no buscaba más que los mínimos indispensables y es lo que logró.
El problema del salario-estipendio se resolvió. Para 2013, el Estado tenía mejores condiciones para pagarles a sus trabajadores, pues se había aliviado del peso del gasto en salario de casi un millón de ellos, que obtuvieron empleo en el sector privado. Además, la reforma permitía al Gobierno garantizar recaudación, por la vía tributaria, de ingresos que harían algún contrapeso al valor que el sector estatal no generaba: de forma indirecta, el sector privado ponía dinero para subvencionar la ineficiencia estatal.
Homo economicus cubanus
Es notable el hecho de que el Gobierno cubano amplió el homo economicus cubanus a una nueva subespecie. Se trata de aquel individuo del sector privado que, al igual que aquel del estatal, debe estar en buena con la ideología.
Un empresario privado depende, para su existencia, de la autorización de las instituciones que controla el Gobierno. El coqueteo con la ilegalidad para la adquisición de insumos, así como la vulnerabilidad ante auditorías en un entorno en el que cualquier detalle puede considerarse delito, hacen que no confrontar al poder sea una condición casi necesaria para ser empresario privado. El Gobierno tiene la capacidad de hacerlo desaparecer, y esto ambos actores lo saben.
Es el Gobierno quien autoriza la importación y controla la ley y su interpretación para usar a conveniencia alguna regulación si “la defensa del socialismo lo amerita”; tiene la última palabra sobre el cuerpo de inspectores y sobre los decretos de cualquier ministerio.
Pero no solo el dueño es trabajador privado, también lo son sus empleados. Un trabajador del sector privado suele tener ingresos superiores al del sector estatal; aunque la brecha era mucho más visible antes de 2020 y la aplicación de la reforma salarial. Así, para alguien promedio que no reciba remesas y no considere el invento como opción, el empleo privado ha sido la mejor alternativa. Dado que la competencia por estos puestos es importante, es preferible no “buscarse problemas por política” (el dueño que se cuida de la confrontación exige este mismo comportamiento de parte de sus trabajadores, de ser necesario). La cadena se alarga cuando esa persona que trabaja en el sector privado tiene familia y esta también cuida lo que dice o escribe.
Es probable que el dueño privado tenga más que perder que un funcionario (este último no es propietario de los medios de producción), así como un trabajador promedio del sector privado tiene más que perder que uno del estatal.
Si fuera poco, las barreras a la entrada y la discrecionalidad para autorizar un negocio hacen que ese derecho a la actividad económica privada pueda convertirse en un privilegio. Una vez que se es un actor privado legal, convendrá más para el beneficio económico, guste o no, que el Gobierno reproduzca trabas a la competencia.
Más acá de la reforma
Como la reforma consistió en la creación de las condiciones básicas de cualquier economía moderna, debía permitir lo indispensable: la capacidad de enajenar bienes (inmuebles y vehículos), disfrutar de hoteles y tener movilidad más allá de las fronteras (la cual fue aprovechada como vía de importación para el sector privado).
Así, las reformas que buscaban mínimos indispensables para la permanencia del Gobierno se limitaron a restablecer, con muchas deficiencias, lo que nunca debió eliminarse. Esto se traduce en la rehabilitación de derechos arrebatados (actividad económica privada, enajenar bienes y activos, viajar) con implicaciones para la economía nacional.
Las transformaciones sustanciales de la economía en Cuba han girado en torno a permitir o prohibir, en diferentes combinaciones de pasos hacia adelante y hacia atrás, alguna actividad privada. Recientemente, por ejemplo, se aprobó que aquellos que la ejercen pueden constituirse como persona jurídica (pyme). Aunque desde hace años existían estos actores económicos y las empresas privadas nacionales no se reconocían legalmente como tales. Además, se dio paso a un nebuloso y selectivo mecanismo de importación para privados.
Desde otro punto de vista, se puede decir que se echó atrás una parte de lo que se había defendido como socialismo, como propio de la construcción comunista, como una salida. Al Gobierno le ha faltado disposición para pagar el costo político de los errores que comete y de los remedios que aplica a esos errores. Además, intenta hacer de esos remedios a su fracaso como principal actor económico algo loable.
Notas al pie
La economía no despega, pero el Gobierno tiene garantizado su mínimo indispensable (sector que genera empleo y valor económico para recaudar), a la vez que suma grupos que, de facto, serán funcionales a su ejercicio de poder. Esto no significa que las reformas fueran negativas; fueron aperturas. Lo que habría que cuestionarse sería lo que el discurso oficial vendió como reforma. Para ello, se necesita mirar qué motivó las medidas, a fin de comprender su naturaleza y sus posibles resultados.
Las reformas de la economía cubana han tenido un alto costo de oportunidad en materia de progreso y experiencia, debido a que se ha desperdiciado mucho tiempo en adelantos y retrocesos relacionados con autorizaciones y otorgamiento de derechos económicos, en vez de ocuparlo en el diseño de verdaderas reformas, con objetivos, actores, plazos, alianzas y encadenamientos, métodos de evaluación bien definidos.
La sociedad cubana sigue condicionada a debatir el grado de apertura de dichas reformas. Un debate centrado en la disputa de dónde depositar los (nuevos) privilegios. Nos desgastamos discutiendo cómo se afecta el poder, dejando a un lado cómo beneficiaría a la sociedad, en qué medida, por qué, cómo, cuándo; es decir, la utilización de dicha apertura.
Mientras esta discusión tenía lugar, el Gobierno decidió qué reforma haría, y cómo repartiría las cuotas de beneficio.
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