Familiares de los presos políticos cubanos del 11 de julio exhortaron a firmar, a los que no lo hayan hecho, la “declaración conjunta” en la que denuncian que el llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a reprimir las demostraciones de ese día, convocaron al odio y la violencia en la población.
“Esta iniciativa surgió como alternativa para dar solución a todos los problemas existentes en nuestra Isla. A partir del 11 de julio, después que Díaz-Canel dio la voz al combate y surgió la arenga de odio y violencia contra los manifestantes y contra la población cubana, y a consecuencia de que hasta el día de hoy se encuentran en prisión jóvenes inocentes, adultos, mujeres, niños incluso, que están injustamente en prisión”, dijo, desde Camagüey, Ailex Marcano, madre del prisionero político Ángel Jesús Véliz Marcano.
“Por eso hacemos un llamado a que todos den su firma, porque es la única manera de lograr que el mundo sepa que en Cuba no existe un debido proceso de derecho. No están vigentes las regulaciones y normas de derechos humanos, y para solicitar que se haga valer la Ley de Amnistía Internacional”, indicó.
“Por favor a todo el mundo que Cuba necesita del apoyo de las organizaciones internacionales y que pongan fin a toda esta violencia, todo este horror a que estamos sometidos; hasta los familiares que, constantemente, atravesamos por momentos y circunstancias desesperantes de acoso”, instó la madre.
La declaración emitida en conjunto con la plataforma Inteligencia Ciudadana el 1º. de diciembre de 2021 afirma que a raíz del estallido social fueron practicados arrestos violentos, maltratos físicos y procesos penales marcados por las violaciones a las garantías judiciales.
Cada día primero de mes se reitera esta petición y se envía, por correo electrónico oficial, a las autoridades cubanas y a los funcionarios competentes con funciones sobre Cuba del Sistema de la ONU.
“Este 1º.de enero de 2022, como cada primer día de cada mes, fue enviada a las autoridades del régimen totalitario de La Habana, en particular al despacho del Consejo de Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular y a la Fiscalía General de la República, así como a los funcionarios competentes de los sistemas de la ONU y la OEA”, explicó el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, director de Inteligencia Ciudadana, que tiene su sede en la capital cubana.
También se envía a las representaciones de otras dependencias del organismo internacional y a sus Relatorías especiales y al cuerpo diplomático acreditado en La Habana.
“Además, la declaración conjunta expone una serie de exigencias a la dictadura cubana en cuanto a respetar los derechos, en especial las libertades fundamentales del ser humano, garantizar la ratificación de los Pactos Internacionales sobre derechos humanos de 1966, la integración al Sistema Interamericano sobre derechos humanos, avalar la adhesión a la Corte Penal Internacional, el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el derecho de manifestación y de amnistía y garantizar la reforma constitucional en cuanto a la reconstitución del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales”, puntualizó el jurista y agregó:
“Esas exigencias ante la opinión pública internacional están orientadas no solamente a la excarcelación de las personas detenidas en oposición al totalitarismo, sino a su eliminación, como ha sucedido en otras naciones”.
Al menos 150 personas han sido llevadas a juicio en las últimas semanas por las protestas del 11 de julio. Alrededor de una veintena han sido sentenciadas a entre 12 y 30 años de privación de libertad.
Ni el régimen ni los medios oficiales de la isla han aludido a las sanciones ni proporcionado información sobre estos procesos judiciales.