A unos días del año nuevo es válido repasar cuántos trabajadores han modificado su base de contribución, amparados en el Decreto-Ley 19, que responde al procedimiento para el cálculo de las pensiones por edad, invalidez total y por muerte de los beneficiarios de los regímenes especiales de la seguridad social del sector no estatal.
Antes de entrar en detalles, Virginia Marlén García Reyes, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), aclaró que, a partir de su implementación, se le da la posibilidad a los trabajadores del sector no estatal que estén próximos a cumplir los requisitos para tener derecho a la jubilación en 2022, de modificar la base de contribución que habían seleccionado a fin de garantizar una mejor pensión.
García Reyes explicó que «solamente el 1,2 % del total de los trabajadores del sector no estatal ha presentado su solicitud para que la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) modifique su vector fiscal y ellos puedan comenzar a contribuir retroactivamente desde enero».
Para explicar con un ejemplo, a partir de enero del próximo año, si el trabajador no modificó su base de contribución y la que tenía era de 350 pesos, a esa escala se le aplica el 60 % –subraya la Directora General del Inass– por consiguiente, su pensión va a ser baja.
«El tiempo que ellos tenían para modificar y garantizar una mejor pensión era este año. Decursado este van por la escala que seleccionaron, porque tienen la posibilidad de poderla mantener, pero es la pensión que resulte del cálculo, sin el incremento de los 1 118 pesos».
Por último, la funcionaria especificó que, «cuando exista insuficiencia de ingresos en el núcleo de estos trabajadores no estatales y el importe de su pensión no les permita adquirir la canasta básica de bienes y servicios, hay un régimen complementario que es de la asistencia social, a través del cual se pueden completar los ingresos del núcleo».