Comenzaba el año 2021 y un nuevo presidente asumía el cargo en Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, después de una transición considerada por muchos como una de las más «dramáticas» en la historia de ese país.
Biden es el mandatario número 13 al frente del país norteño desde que triunfó la Revolución Cubana en 1959.
A pesar de la mala reputación que le dan algunos supersticiosos a ese número, muchos esperaban un cambio en la aplicación de la política de Washington hacia Cuba. Después de la doctrina de máxima presión aplicada por el presidente saliente, Donald Trump, miraban esperanzados al exvicepresidente de la administración de Barack Obama.
Pero a los cubanos, curtidos en la resistencia frente a la hostilidad sostenida, aunque compartíamos la expectativa de nuestros amigos, la historia nos ha enseñado que todo debemos confiarlo a nuestros propios esfuerzos.
Cualquier análisis del país norteño debe tener presente que quienes manejan realmente los hilos de la política interna y externa no son los líderes de los partidos Demócrata o Republicano, sino lo que algunos politólogos estadounidenses denominan el deep state (Estado profundo).
El nuevo inquilino de la Casa Blanca había prometido durante su campaña electoral revertir las sanciones impuestas a Cuba por su antecesor. «Estoy tratando de dar marcha atrás a las políticas fallidas de Trump que han causado daño en los cubanos y sus familias», expuso Biden en entrevista concedida a NBC.
Un elemento a tener en cuenta en el escenario que encontró el nuevo inquilino de la Casa Blanca fue la cifra récord de diez cubanoamericanos en el Congreso de Estados Unidos. Por lo que la administración demócrata tuvo que enfrentar, desde un primer momento, a un lobby anticubano «crecido» por el apoyo del mandatario saliente.
Trumpismo sin Trump
Un verdadero cambio de posición pasaría por el cese del financiamiento gubernamental a la subversión contra Cuba, y avanzar en el camino del fin del bloqueo económico, comercial y financiero.
Sin embargo, los millones de los contribuyentes estadounidenses siguieron fluyendo a las arcas de los mercaderes de la contrarrevolución cubana, empresarios del terrorismo y jefes de sicariato mediático.
La más reciente revelación de Cuba Money Project, a cargo del periodista Tracey Eaton, da cuenta de que en la partida financiera dedicada al negocio subversivo contra la Mayor de las Antillas se incluye la petición –de cara a 2022– de 58 500 millones que la administración de Biden solicita para el Departamento de Estado y la mal llamada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), un aumento del 10 % sobre el presupuesto de este año.
Marcar a la Antilla indómita como «malvada y terrorista» es considerado vital para Washington, con el fin de justificar el reforzamiento del bloqueo y de todas las acciones agresivas contra la Isla, por lo tanto Trump nos reincluyó nueve días antes de dejar el cargo en la espuria lista de países que patrocinan el terrorismo, acción que Joe Biden ratificó en mayo y en diciembre de este año.
Esa vileza sin justificación alguna forma parte, además, de la campaña de descrédito que busca privar a la Revolución Cubana de apoyo internacional, y así tener el imperio las manos libres para cometer cualquier infamia contra nuestro pueblo.
El actual mandatario no solo incumplió sus promesas en relación con la Isla, sino que incrementó la política de «máxima presión».
Los «argumentos» de siempre utilizados para agredir a Cuba, entre ellos la manipulación sobre las violaciones de los derechos humanos, han servido de «piedra de toque» para el lobby anticubano y el Gobierno de Joe Biden.
Con el pretexto de que Cuba no es una prioridad para EE. UU., Biden demoró en asumir una posición mientras se daban los toques finales a la última etapa de un plan subversivo cuidadosamente concebido.
A modo de botón de muestra, mencionaremos algunas de las sanciones aplicadas por el émulo de Donald Trump.
El 4 de mayo, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, señaló, durante la 51ª Conferencia del Consejo de las Américas, que su país «condenará la represión de los derechos humanos en la isla» y defenderá «los derechos humanos del pueblo cubano, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y reunión».
«Si el secretario Blinken estuviera interesado en los derechos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo y las 243 medidas aplicadas por el Gobierno anterior, vigentes hoy en medio de la COVID-19. Restablecería servicios consulares y la reunificación familiar», expresó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
El Gobierno de Estados Unidos, el 21 de julio, posterior al fracaso del plan yanqui del 11 de ese mes, impuso sanciones financieras al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a la Brigada Especial Nacional, al tiempo que amenazaban con nuevas medidas punitivas.
Días antes del 15 de noviembre, el Gobierno estadounidense, contumaz violador de los derechos humanos, advirtió a Cuba que continuaría con las sanciones «si la represión y los abusos de los derechos humanos no cesan».
El 29 de noviembre, la Casa Blanca anunció medidas, aunque no tienen ningún efecto práctico, contra nueve funcionarios cubanos del Minint y la Policía Nacional Revolucionaria.
Durante el gobierno demócrata, la persecución financiera contra la Isla se incrementó, así como la cacería de navieras y de líneas aéreas que traen mercancías a Cuba, sobre todo los buques que transportan combustible.
La derrota le tocó a Joe Biden
La algarada contrarrevolucionaria del 11 de julio de 2021 fue derrotada en los barrios y calles cubanas.
Nacido en las postrimerías de la era Bush, ante el naufragio de más de 50 años de acciones subversivas, el nuevo plan de acción pretendía aprovechar el cambio generacional en Cuba para poner fin a la Revolución.
Ese sería el momento clave para actuar, y los nuevos agitadores de la subversión, fabricados por ellos, comenzarían a realizar acciones de calle, a reclamar cambios en el Gobierno, reformas constitucionales que «modernizaran el socialismo», a causar enfrentamientos y generar el caos.
Con Donald Trump en el poder, se regresó a la línea dura de máxima presión, en la creencia de que la dirección continuadora del socialismo en la Isla no resistiría y sería abandonada por el pueblo ante la penuria que ellos provocarían.
Le fueron con todo a esta tierra insumisa: máxima presión aplicada, construcción de líderes mercenarios –no los que aspiraron ni con la calidad que soñaron, pero útiles–, y recrudecimiento del bloqueo para más problemas económicos, en tiempos de pandemia, en pos de causar insatisfacciones en algunos sectores del pueblo, fueron los ejes de la hostilidad.
Así, el 11 de julio decenas de ciudades, cientos de pueblos de la Isla deberían levantarse contra el Gobierno. Pero fracasaron ante la respuesta del pueblo revolucionario.
Era la derrota, pero no podían aceptarla de ninguna manera y, en una agónica demostración de soberbia, intentaron insuflarle vida a la intentona, el 15 de noviembre.
Desde territorio de Estados Unidos se intentó de todo para forzar la revuelta contrarrevolucionaria: acciones diplomáticas; más de 29 declaraciones de apoyo al 15N, en menos de dos meses, por parte altos funcionarios del Gobierno de Biden, amenazas de invasión, y performances con altos niveles de histrionismo frente a las cámaras.
Contrataron a las mejores NetCenters especializadas en ciberguerra, guerra sicológica y campañas de descrédito, destinaron cifras millonarias para pagar a influencers, movilizaron a la derecha internacional para operar en las redes sociales y enraizar la narrativa de la rebeldía juvenil antisocialista y de la indignación popular.
Pero la realidad de la vitalidad de la Revolución se impuso sobre la virtualidad de la ofensiva contrarrevolucionaria.
Cuba vivía y vencía, y millones de hombres y mujeres en el mundo, incluso en EE. UU., se levantaron en defensa de nuestra bandera.
Acostumbrados a hacer lo imposible, los cubanos lograban vencer al virus con mucho más que una vacuna, y derrotaron en las muy reales calles de la Isla a sus enemigos.