Con la aprobación, en octubre de 2020, de la Política de Desarrollo Industrial, se concretaron muchos años de trabajo integral e intersectorial para proveer con una guía de acción a los tipos de industrias y sus actores, por el papel decisivo que juegan en la economía cubana.
Mas, para implementarla como el mandato gubernamental que es, y de estricto cumplimiento, se necesita de una herramienta jurídica como el Decreto 59 sobre el Desarrollo Industrial y la Resolución 95, que establece las prioridades de cada tipo de industria para ese propósito, publicados en la Gaceta Oficial No. 142 Ordinaria de 9 de diciembre de 2021.
Ernesto Cedeño Rodríguez, viceministro de Industrias, explicó este jueves en encuentro con autoridades del ramo y la prensa, que las normas se encuentran en consonancia con la estrategia económico-social del país, la conceptualización del modelo económico además de los Lineamientos, ideas y directrices del Octavo Congreso del Partido.
El desarrollo industrial en los últimos años, subrayó, ha sido afectado por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, la obsolescencia tecnológica en el sector y la propia situación financiera que atraviesa el país, de ahí la importancia de este paquete jurídico para encaminar al ramo y que cumpla su papel en la estrategia de recuperación económica del territorio nacional.
El principal objetivo del decreto, con la política que lo abraza, es transformar la industria y modernizarla de forma gradual, en función de la demanda de los sectores estratégicos, priorizar las inversiones de los productos de mayor impacto, incorporar tecnologías, entre otros aspectos, advirtió el vicetitular.
En específico, dijo Grisel Tristá Arbesú, experta de la política e innovación tecnológica del Mindus, el decreto define objetivos, metas y responsabilidades, en virtud de solucionar las brechas que se identificaron con el trabajo previo, tales como las de impacto en el Producto Interno Bruto (PIB), las tecnológicas, las de innovación, etcétera.
El desarrollo innovador, la sustitución de importaciones y la orientación a la exportación, así como el necesario vínculo con la academia para la preparación y superación del capital humano, son elementos que acompañan a este texto jurídico, subrayó la experta.
Al mismo tiempo, agregó, se definen como objetivos del desarrollo industrial, contribuir al incremento de la soberanía industrial, acortar las brechas que obstaculizan el desarrollo, favorecer el incremento de la riqueza nacional y la sostenibilidad, pero sobresale la importancia de separación de las funciones estatales de las empresariales y la función rectora del Ministerio de Industrias, del cual también detalla acciones.
Por otro lado, la normativa define a los actores industriales como sujetos que ejecuten actividades de producción de bienes o servicios, con independencia del tipo de propiedad y el nivel de subordinación, e identifica sus responsabilidades.
En cuanto al financiamiento, la experta destacó que se crea el Fondo de Asistencia al Desarrollo Industrial, con el objetivo de proveer préstamos para inversiones a mediano y largo plazos; priorizar actividades industriales estratégicas, proyectos seleccionados; promover y diversificar las exportaciones, las cadenas productivas, así como tributar a la diversificación y modernización de la industria y promover la generación e incremento del valor agregado manufacturero.
Para que se otorgue parte del fondo, argumentó, las empresas tienen que haber aportado a este y defender el proyecto ante una comisión creada con este fin.
Entre los resultados que se esperan alcanzar, concluyó la especialista, lograr una mayor participación e impacto de la industria manufacturera en el PIB, acortar las brechas de importación y de niveles per cápita de consumo por tipo de producto, con respecto a los estándares internacionales, e incluso, disminuir la fluctuación laboral e incrementar la permanencia y nivel de capacitación de los trabajadores de la industria.
