No es lo mismo conmemorar que celebrar o festejar. El gobierno cubano conmemora a veces lo que debía celebrar y festeja lo que hoy solo merece conmemorar. Es el caso del Día Internacional de los Derechos Humanos, por la aprobación, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal.
En realidad el tema estuvo ausente de la agenda doméstica durante décadas, de ahí que gran parte de la población cubana no lo dominara, ni siquiera a través del sistema educativo, mucho menos de los medios oficiales. Formó parte de la agenda exterior, donde se construyó una imagen triunfalista, disociada en parte de la realidad interna.
Durante los últimos años el gobierno modificó tal rutina de silencio interno y convirtió la fecha en celebración. Se apoya en la propaganda a través de los medios, sus instituciones y la red de organizaciones sociales, políticas y de masas que al subordinársele son legales.
No hay dudas de que se trata de uno de las más importantes conquistas de la humanidad. La Revolución cubana, al triunfar, respondió a demandas de las mayorías que reivindicaban derechos conculcados por la tiranía de Fulgencio Batista, de ahí su inicial carácter liberador. Con lo que esas mayorías no contaban era con el costo que habrían de pagar en materia de derechos fundamentales. Tampoco con el rédito político que dejaría aquel impulso emancipador a los gobiernos sucesivos hasta hoy, cuando en su nombre se violentan con impunidad.
El gobierno cubano conmemora a veces lo que debía celebrar y festeja lo que hoy solo merece conmemorar. (Fotos: Abel Rojas Barallobre)
-I-
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada sin votos en contra (Res. 217), fue expresión del mejor espíritu de la época. Surgió en un contexto convulso y contradictorio: salida de la Segunda Guerra Mundial, fundación de la ONU, reconfiguración de las esferas de influencia de las grandes potencias y diseño de la Guerra Fría, que signaría la política internacional durante décadas.
Cuba, miembro fundador de la ONU, tuvo una presencia y actuación sobresalientes en ese proceso. Ocurrió bajo el gobierno de Ramón Grau San Martín, que del reformismo y el nacionalismo —que lo hizo confrontar los dictados de Washington en varias ocasiones— fue derivando a estado de corrupción escandaloso, con un ascenso de la violencia política, la represión y el gansterismo a su servicio, inspirados en el ideal anticomunista liderado por los EE.UU.
Aun cuando el marco de relaciones de Cuba con otros países estaba limitado a América, Europa y algunas naciones de Asia, su cuerpo diplomático se había profesionalizado y contaba con figuras reconocidas dentro y fuera de la Isla y con experiencia en la diplomacia multilateral, como Cosme de la Torriente (1872-1956) y Ernesto Dihigo y López-Trigo (1896-1991).
Este último sirvió en la comisión que elaboró la Declaración Universal entre 1946 y 1948. Su proyecto fue uno de los primeros considerados cuando la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU comenzó a sesionar en 1946. También promovió que la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptara su propia Declaración y estableciera el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
La Declaración fue y es trascendental por los valores que consagró y porque se ha ido complementando e influyendo en el desarrollo jurídico, social y político, tanto a niveles nacionales como internacionalmente, de ahí que sea el documento más traducido en la historia. De ella derivó la Carta Internacional de Derechos Humanos, que la incluye junto con los pactos de derechos económicos, sociales y culturales y el de derechos cívicos y políticos, que entraron en vigor en 1976. Cuenta con tratados vinculantes e instrumentos para temas específicos.
En la Edición ilustrada del 2015, el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, enfatizó en su pertinencia por el hecho de que consagra de modo claro «los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad». También apuntó: «Ha pasado a ser la referencia para medir lo que está bien y lo que está mal (…) No son una recompensa por un buen comportamiento. No son específicos de un país concreto (…). Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar (…)».
Al establecer o consagrar derechos y libertades a todos los seres humanos y continuar actualizándose, propició que el tema adquiriera visibilidad. En la región latinoamericana se incluyó en la agenda política en la segunda mitad del siglo XX, período en que se sucedieron varias dictaduras.
Ernesto Dihigo y López-Trigo (1896-1991)
Cuba más bien se vio obligada a incorporar el tema a su discurso externo cuando comenzó a ser interpelada. El nacionalismo y la presencia de un enemigo externo —fuera el comunismo o los EE.UU.—, sirvió, y todavía se utiliza, para violentar derechos y pretender la aceptación de tal sistema de dominación por las mayorías.
El tema siempre concita debates en torno a su aplicación, fiscalización, enunciación y enfoque; que pueden ser: historicista, jerárquico o, como es frecuente, de acuerdo a las Tres Generaciones de derechos, que combina mejor todas las perspectivas para su protección.
Los de primera generación son los más antiguos y emanan del legado de la Revolución francesa. Comprenden los derechos civiles y políticos de todas las personas en cualquier modelo social. Al Estado corresponde respetarlos y al individuo reclamarlos. Incluye derechos y libertades fundamentales y derechos de ese tipo, entre ellos: circulación y residencia, asociación y reunión, igualdad ante la ley, participación en el gobierno, no ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado, presunción de inocencia, etc.
Los de segunda generación son los colectivos: económicos, sociales y culturales, que amplían las responsabilidades del Estado para elevar la calidad de vida de las personas que son titulares de tales derechos. Se contemplan al respecto: el derecho a salario justo, al trabajo, libertad de sindicalización, a disfrutar y formar parte de la vida cultural del país, salud, educación, etc.
Los de tercera generación surgen como respuesta a la necesidad de colaboración entre naciones. Son proclamados como derechos de los pueblos y engloban aspiraciones y acciones en relación con la paz, el desarrollo y el medioambiente: autodeterminación, cooperación internacional y regional, paz, coexistencia pacífica, independencia económica y política, medioambiente, al patrimonio común de la humanidad, a la identidad nacional y cultural, y otros.
El gobierno cubano muestra en sus discursos una visión amplia, pero en realidad asume los del tercer grupo y parte de los segundos con reservas. Pone énfasis allí donde tiene más holgura y facilidad para el triunfalismo.
Firma pactos en la materia, incluida la Convención contra la tortura, como abordé en un texto anterior, pero no ratifica o suscribe aquellos que lo obligarían a aceptar mecanismos de verificaciones imparciales o independientes. Más allá de las simulaciones del presidente y el Canciller, están las medias verdades y sobre todo las omisiones, fórmula que en términos de manipulación política ha dado muchos frutos a través de la historia.
Es cierto que los derechos son interdependientes y universales, que no son una receta perfecta; es verdad igualmente que no todos los cumplen y que no debería existir un trato selectivo. También que el país obtuvo logros en materia social y cultural principalmente. Es real que el bloqueo afecta la realización plena de ciertos derechos económicos y sociales porque la ciudadanía tiene una altísima dependencia del Partido/Estado/Gobierno. Pero esa no es siquiera la mínima parte del problema.
-II-
Hace dos años, en esta fecha, la agencia EFE describió los festejos en el país por el Día de los Derechos humanos, organizados en medio de críticas por la represión.
En un tuit del 2020, el presidente aseguró que «la obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos humanos», y el canciller afirmó que Cuba «continuará defendiendo la necesidad de preservar los principios de objetividad, no selectividad y universalidad al abordar los DDHH y de privilegiar la cooperación internacional y el diálogo respetuoso».
La obra de la Revolución es la principal garantía para los derechos humanos en Cuba #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/Jjga9biHLR Via @Granma_Digital
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 10, 2020
De cara a la conmemoración de hoy, el Estado carga con violaciones cometidas contra artistas, intelectuales y ciudadanos en general, tras la ola represiva iniciada desde el estallido social del 11-J. Una buena noticia en esta fecha sería la aprobación por el Parlamento de leyes urgentes y de interés para la ciudadanía, como las del derecho de reunión y manifestación y la de reclamación de derechos constitucionales.
Ambas quedaron pendientes desde el año pasado en el calendario legislativo, y la segunda se reubicó para este diciembre pero tampoco será respetado el plazo. Como en otros temas que atañen a derechos fundamentales, se dilatan a conveniencia del poder. Sin embargo, ya se anunció la próxima aprobación de normativas referidas a los tribunales militares o al ordenamiento territorial, por ejemplo.
No se puede celebrar la fecha cuando no solo se violentan derechos cívicos y políticos, sino también económicos y sociales. Tampoco cuando durante los últimos doce meses —según Informe de Prisoners Defenders del pasado 7 de diciembre—, han formado parte de la lista 805 prisioneros políticos en Cuba. Y no es lo único.
Tolerar las violaciones de derechos humanos bajo cualquier pretexto del gobierno, no hace más que amparar la impunidad y empeorar el problema. Invito a verificarlo releyendo un análisis de la Dra. Alina López publicado en diciembre de 2019, y contrastándolo desde el prisma actual, incluidos los comentarios de entonces.
La política exterior debería corresponder con los valores que se defienden en la agenda interna. Pero no siempre es así. Políticas muy condenables en el plano doméstico conviven con posturas externas que pueden pasar incluso por altruistas. Así ocurrió cuando el gobierno de Grau San Martín que firmó la Declaración y así ocurre hoy. La política exterior sirve para proteger la imagen del gobierno actual, que irrespeta los derechos humanos de su ciudadanía con impunidad.
Se trata de un gobierno que ocupa nuevamente un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y cuyas organizaciones, llamadas «sociedad civil socialista», como los CDR y la FMC son usadas para reprimir. Así como esta última no debería tener estatus consultivo en Naciones Unidas en calidad de ONG, ni ser beneficiaria de mecanismos de cooperación internacional; tampoco el gobierno debería continuar con mandato hasta el 2023 en el Consejo de Derechos Humanos.
El problema de Cuba no es de izquierda, derecha o centro, políticamente hablando. Es de derechos humanos, de humanidad y decencia. No es para celebrar sino para llamar la atención de los cubanos y del mundo ante la indefensión que padecen los ciudadanos en la Isla. Es una vergüenza nacional ante la cual «todo espectador —al decir de Franz Fanon—, es un cobarde o un traidor».
Para contactar con la autora: ivettegarciagonzalez@gmail.com
