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India Anju Bobby premiada Mujer del Año por World Athletics

India Anju Bobby premiada Mujer del Año por World Athletics

Nueva Delhi, 2 dic (Prensa Latina) La india Anju Bobby George fue premiada como Mujer del Año por la World Athletics por su formación de talentos, defensa de la igualdad de género y el desarrollo de niñas y jóvenes, se divulgó hoy aquí.

La informacion India Anju Bobby premiada Mujer del Año por World Athletics salio primero en Prensa Latina.

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La niña fue salvada tras tragarse un alfiler, entre otras historias recientes del William Soler

El pasado 7 de octubre pudo haber sido un día normal para casi todos los cubanos. Sin embargo, para la tunera Maricela Benítez Acosta ese día marcó un antes y un después en la vida de su hija, Jennifer Guevara Benítez, de 11 años de edad.
Jennifer ingresó el pasado 1ro. de octubre al Hospital Pediátrico Docente William Soler, de La Habana, con un cuerpo extraño: un alfiler alojado en su pulmón. Ya había sido tratada en un hospital en Las Tunas, donde habían intentado extraer el objeto en dos ocasiones, sin éxito alguno, debido a la complejidad del procedimiento.
A su llegada a la institución hospitalaria capitalina, madre e hija dieron positivas a la COVID-19, y mientras se recuperaban del mortal virus, los médicos y especialistas a cargo de su caso deliberaban para determinar si debían realizar otra broncoscopia, procedimiento efectuado ya en Las Tunas, o si el caso debía ser derivado al servicio de cirugía.
Al respecto, la doctora Dairys Blanco Gómez, jefa del Servicio de Otorrinolaringología del hospital, y uno de los médicos responsables de la operación, explicó, a solo unas horas de haber salido del salón, que la niña entró con el diagnóstico de un cuerpo extraño bronquial, y en estos casos siempre se trata que la extracción sea por la vía broncoscópica, pues es más noble y contribuye a mantener la integridad pulmonar, aunque el procedimiento sería bastante complejo.
Una vez que Jennifer dio negativo a los test de la COVID-19 y se evidenció su recuperación, se le realizó una broncoscopia rígida videoasistida para la extracción del cuerpo extraño, que se encontraba en una posición bien difícil, pues el imperdible estaba abierto con las dos puntas hacia arriba, especificó el doctor Sergio Fernández, otro de los otorrinolaringólogos implicados en este complejo caso. 
«La operación tardó alrededor de 45 minutos, y la niña salió del salón respirando por ella misma; no obstante, siempre dispusimos de un grupo de cirujanos y anestesiólogos, para enfrentar cualquier tipo de complicación que pudiese manifestarse en el acto de la extracción», detalló.
Entre lágrimas, la madre contó lo bien que se encontró su hija a solo horas de terminar la operación, y agradeció, una y otra vez, a los médicos que contribuyeron a su recuperación. «Yo pensé que mi niña se moría, pero está bien; la cirugía era complicada, sin embargo, ella está en perfectas condiciones y el trato de los médicos fue maravilloso. Yo solo puedo decir gracias».
SIN CERRAR SUS PUERTAS NI EN LA PANDEMIA
Este hospital es un ejemplo de los logros de Cuba en materia de salud. Abrió sus puertas en el año 1960 y, desde entonces, continúa sus funciones de forma ininterrumpida, aun en tiempos de la COVID-19.
Al referirse a las labores del hospital durante la pandemia, Manuel González Fernández, director de la institución, declaró que durante el pico de casos en la capital se abrió en este centro, durante un breve tiempo, una sala pequeña para dar tratamiento a los pacientes infectados.
Hasta octubre del año 2021, en la institución ingresaron 5 215 niños pertenecientes a todas las provincias, del país, y se atendieron en el cuerpo de guardia a 61 762, en tanto se realizaron todas aquellas cirugías que, de prolongarse el padecimiento, pudieran provocar secuelas, precisó González Fernández.
El directivo agregó que el William Soler ostenta altos indicadores que evidencian la preparación y compromiso de sus trabajadores, con  una supervivencia superior al 90 % en la atención oncológica y en la cirugía neonatal, y es el único centro en el país que realiza en población pediátrica las cirugías de vía aérea, espinal, neonatal de alta complejidad, glaucoma, catarata congénita, hepatobiliar y trasplantología hepática.
Para González Fernández, estos indicadores solo se logran con la preparación continua del personal, y la discusión de cada caso complejo, en los que intervienen todas las especialidades y disciplinas. Es necesario ver a los pacientes desde un concepto integral, sin separarlo de su contexto epidemiológico.

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De Cuba, los héroes y otros demonios

-I-
Hace unas semanas, mientras veía la película cubana El mayor (Rigoberto López, 2021) me vinieron a la mente viejas cuestiones sobre la necesidad que tiene nuestro cine de adentrarse en la historia, pero no para describir didácticamente eventos pasados o idealizar aún más ciertas figuras, sino para confrontarlas con su propia época, que es lo que verdaderamente tiene sentido. Ver, y si es posible entender al sujeto en toda su complejidad, con sus miedos, contradicciones, virtudes y pasiones.
Del pasado podemos aprender mucho, pero es necesario percibirlo en toda su dimensión. Se dice popularmente que debemos hacerlo para no repetir los mismos errores, no obstante, como afirma el refrán, el hombre es el único animal que tropieza mil veces con la misma piedra.
Entiendo que para numerosos historiadores o espectadores, ese viaje debe hacerse con rigor y respeto a la verdad, pero ya se sabe que esta es relativa, dependiente de las circunstancias, la subjetividad humana y los intereses del poder. Por otra parte, el arte cinematográfico es representación, juego con las formas y, en esencia, manipulación. Aunque el mundo esté ahí, necesitamos articular múltiples mediaciones —técnicas, artísticas, dramatúrgicas, visuales— para captarlo y reproducirlo, de modo que los cineastas siempre van a seleccionar y discriminar utilizando un lenguaje, el del arte.
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Ocurre que cuando se trata de un suceso histórico, se pide a nuestros artistas que sean fieles, no tanto a los hechos como a la manera en que el poder los interpreta y cosifica; es decir, los filmes deben legitimar las lecturas e intereses oficiales sobre determinado asunto, y eso no es arte, sino propaganda. En definitiva, es el gobierno cubano a través de sus instituciones el que financia la mayoría de los proyectos (El mayor contó con estimable apoyo del MINFAR, y antes aconteció lo mismo con Kangamba, de Rogelio París, 2008; y Sumbe, de Eduardo Moya, 2011); así que todo adquiere sentido.
Tomás Gutiérrez Alea en Una pelea cubana contra los demonios (1971) y La última cena (1976), Humberto Solás con Cecilia (1981) y Fernando Pérez con José Martí: el ojo del canario (2011), fueron cuestionados por sus libertades a la hora de leer la historia e interpretar las sagradas escrituras. En una época oscurantista hubieran sido quemados en la hoguera por blasfemos.
Ellos tenían claras las limitaciones que representaba el tiempo cinematográfico. Imposible llevar al cine toda la vida de un individuo, mucho menos recoger las dinámicas y eventos alrededor de un gran suceso. Huyendo del panfleto o la adulación, se propusieron captar lo que se desprende de esos personajes y acontecimientos, buscando quizás un hilo que los conectara con el presente.    
Me gustaría recordar entonces uno de los por cuanto que, en la temprana fecha de marzo de 1959, sostuvieron la creación del ICAIC:

«Por cuanto: Nuestra Historia, verdadera epopeya de la libertad, reúne desde la formación del espíritu nacional y los albores de la lucha por la independencia hasta los días más recientes una verdadera cantera de temas y héroes capaces de encarnar en la pantalla, y hacer de nuestro cine fuente de inspiración revolucionaria, de cultura e información».

Queda plasmada desde sus inicios una extraña simbiosis que conectará indeleblemente a nuestro cine con los intereses del grupo que asume el poder. La ley 169 que crea el ICAIC, no solo fue la primera en el ámbito de la cultura, sino que se adelantó a otras como las de Reforma Agraria o Urbana.
Préstese atención al hecho de que en aquellos meses iniciales, donde tantas cosas se estaban fundando y organizando, confluían las expectativas y deseos de diversos sectores, partidos y movimientos sociales que simpatizaban con la revolución en su lucha para sacar al dictador Batista del poder. Pero, como ya sabemos, eso era una cosa y la Revolución declarada socialista en abril del 61, otra.
No fue casual que buena parte de los filmes y documentales producidos durante esa primera década estuviesen signados por el didactismo, la representación de los cambios revolucionarios, su compromiso con el poder y el viaje al pasado; en lo que se entendía como imprescindible rescate de nuestras raíces e identidad.
El primer largometraje terminado por el ICAIC fue Cuba baila (Julio García Espinosa, 1960), relato sobre una quinceañera contado en clave de sátira social, pero su estreno oficial fue postergado hasta abril de 1961 para darle paso —no podía ser de otra forma—, a Historias de la revolución (Tomas G. Alea, 1960) que se exhibiría en el cine La Rampa en los días finales de 1960.
No pasaría mucho tiempo para que se produjera, en mayo de 1961, el crispado debate alrededor de PM (Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante) documental censurado —en su exhibición en salas— al considerarse por la Comisión de Estudios y Clasificación de Películas: «nocivo a los intereses del pueblo cubano y su Revolución», unas líneas que aparecerán, como escritas en sangre, en cuanto documento, decreto o ley nos acompaña desde entonces.
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Curiosamente y desde temprano, empiezan a aparecer también los elegidos que hablan en nombre del pueblo, determinando lo que podemos ver, escuchar, sentir… Ya sabemos que: «dentro de la Revolución, todo, contra la Revolución, nada, porque el primer derecho que tiene la Revolución es su derecho a existir y contra ese derecho, nada ni nadie…».
Lo que no sabemos «luego de tantos palos que nos dio la vida», es qué se entiende por Revolución, así que cada uno la ha interpretado, practicado y soñado como Frank Sinatra: «a su manera».
-II-
En la película El mayor volvemos a toparnos con los mismos errores de puesta en escena observados en filmes con estas características. Hablo de situaciones inverosímiles, gestos y voces grandilocuentes, personajes encartonados, largos parlamentos que parecen extraídos de un libro de texto, ceños fruncidos y posturas hieráticas de los héroes que, entre otras cuestiones, lastran una rica historia de vida, mostrada sosamente como si se tratara de un power point escolar, utilizando graficaciones y saltos arbitrarios en el tiempo.
Entonces, como me gusta relacionar las cosas y sé que nuestra cinematografía continúa en gran medida atrapada por el contexto, observo, no sin suspicacia, que todos esos problemas de naturaleza artística son secundarios ante el verdadero mensaje que intenta proyectar el relato. Varias son las escenas donde se presentan puntos de vista opuestos sobre la conducción de la guerra, y luego sobre las estrategias a seguir para encauzar la nación una vez soberana.
Agramonte y otros patriotas —más apegados al rol de una Asamblea de representantes, con poderes para elegir o destituir al presidente según los dictámenes de la nueva Constitución—, se enfrentan a las ideas de Carlos Manuel de Céspedes, quien prefería el mando total y centralizado en su figura como única vía para derrotar a los españoles y reconducir el destino de Cuba.
Céspedes comprendía (como después Martí) que el caudillismo o regionalismo —existían fuertes discrepancias entre los patriotas orientales y los del centro— no llevarían a feliz término esa contienda. El filme dedica amplios segmentos —para sufrimiento del espectador— a estos intercambios de palabras e ideas, que atentan contra la dramaturgia pero son esenciales para el mensaje que se pretende. 
Decía, por cierto, Ignacio Agramonte ante el claustro de la Universidad de La Habana: «(…) el gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan solo en la fuerza (…)».
El actor Daniel Romero Pildaín interpreta a Ignacio Agramonte el la película El Mayor. (Foto: Rodolfo Blanco Cué)
Todos los días, desde hace décadas, escuchamos el mantra de la UNIDAD. En las escuelas, titulares de prensa, palabras de los políticos y vallas publicitarias, se nos dice que «Un pueblo unido jamás será vencido»; frase que lleva muchísima razón si no fuera empleada también como acicate para anular toda manifestación que discrepe o cuestione el discurso, las leyes o las políticas oficiales.
Las críticas al gobierno y sus acciones suelen ser vistas como fisuras que resquebrajan la unidad y permiten el paso al enemigo. Sí, los ciudadanos pueden quejarse del estado del transporte público, la excesiva burocracia, la carencia de viviendas, la inflación, la falta de alimentos o… ¡el gramaje del pan!; pero nunca asociar tales problemas a una falla estructural del sistema, la pésima gestión de las autoridades de la nación o el rol del partido, aunque esos sean males persistentes por más de seis décadas.
-III-
Cuando en otros países se producen protestas, huelgas, marchas y manifiestos, son resultado de la inconformidad del pueblo con el sistema que los oprime y violenta; pero en Cuba tales actos solo responden a agendas trazadas por el enemigo y muchos de los que participan… están confundidos. Constantemente nos hablan de la hegemonía del capital y los poderes mediáticos dominados por grandes transnacionales, interesadas en controlar la información y la mente de las personas; pero en nuestro país debemos aplaudir que toda la prensa, la radio y la televisión estén al servicio del pueblo… bajo el control del aparato ideológico del único partido existente.
En el mundo proliferan líderes corruptos de países endeudados que dictan leyes en contra de sus ciudadanos; pero en Cuba, nuestros dirigentes son continuidad, renegocian la deuda, rectifican errores y hacen tareas para ordenar y mejorar nuestras vidas. 
En nuestros libros de Historia se cuenta la gesta de hombres y mujeres que durante siglos han levantado esta nación, con palabras y acciones que merecen todo el honor; no obstante, es una historia oficial, y no hay nada más frágil y sospechoso que las historias oficiales que obvian matices y colores. La unidad es buena, pero la ética y la honestidad serán siempre mejores.
Para los políticos, la historia es otra cosa. Es el lugar al que recurren para salvarse, sostenerse con toda su mediocridad y falta de autenticidad. Incapaces, la mayoría, de hacer algo real, duradero y trascendente; apelan al héroe que ya no está, ni aparecerá aunque le hagan monumentos y lo evoquen mil veces. Se sabe, pero algunos no desean comprender, que mientras más empeño pones en mostrar una cosa, mayor resulta tu debilidad. Atrapados en un círculo vicioso que solo habla de panteones y muertos, olvidan que frente a ellos discurre la vida, breve y única, de millones de cubanos.
No habremos aprendido nada de la historia, y el sacrificio de tantos habrá sido vano, si todavía, siglo y medio después de la caída de Agramonte y a sesenta y tres años de una revolución, por los humildes, con los humildes y para los humildes; estamos pugnando aún sobre la justicia, la desigualdad, el progreso, el respeto y la libertad.

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Pautas normativas del ordenamiento territorial y urbanístico como brújula en el desarrollo sostenible de Cuba

El suelo o tierra, bien inmueble por naturaleza, es un recurso natural que merece una especial atención, por el rol ineludible que desempeña, desde el punto de vista económico, social y cultural. La actual problemática urbana constituye un elemento esencial, al ser el soporte físico del proceso urbanizador y, consecuentemente, las disposiciones legales que regulan su uso, clasificación y valoración deben de tener un carácter integrador, deben articular coherentemente conceptos como: territorio, asentamiento humano, ciudad y urbanización. Todo ello en relación con la función social que desempeña el derecho de propiedad, en su relación a la ordenación del territorio, con la debida atención a los problemas del medio ambiente.La Ley de ordenamiento territorial y urbano y gestión del suelo, discutida y aprobada en el octavo período de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre del año 2021, responde a una necesidad del país en clave económica y social. Esta materia estaba regulada por el vetusto Decreto 21 Reglamento sobre la Planificación Física de 28 de febrero de 1978, que dictó pautas en su día y fue complementado con los años por otras tantas normas que sirvieron de apoyatura legal a la ordenación del territorio. Sin embargo, la dispersión legislativa, las insuficiencias de los instrumentos de planeamiento, los vacíos en la gestión del suelo y la urbanización y los problemas en el control y la disciplina territorial se mantenían. Por lo que su renovación sistemática era un imperativo, en busca de una coordinación más moderna y coherente entre las diferentes competencias que inciden en la ordenación del territorio: planeamiento, gestión, control y disciplina territorial y urbana.
Esta disposición normativa responde además a las acciones de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la implementación de las proyecciones de la Agenda el 2030 de la ONU; a la Tarea Vida, como Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático sustentado sobre una base científica multidisciplinaria; y en sentido general al avance de las trasformaciones necesarias para garantizar la equidad, la inclusión y la calidad de vida de los cubanos.
El ordenamiento territorial es una ciencia interdisciplinaria que analiza y gestiona los espacios geográficos para el logro de un desarrollo equilibrado de sus elementos físicos, económicos, políticos y culturales. Cuando está orientado al área urbanizada o urbanizable, se le denomina ordenamiento urbano. Este proceso técnico administrativo está dirigido siempre al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos de cada país en concreto.
La norma en comentario, puede decirse que tiene una naturaleza dual reforzada, ya que incluye todos los elementos vinculados con el ordenamiento territorial y urbano y enfatiza con especialidad en la gestión del suelo urbano. Sin perder la brújula en la definición de que el ordenamiento territorial y urbano es una política pública orientada al desarrollo integral del territorio, se busca la coordinación necesaria entre las políticas públicas y el respeto a la propiedad sobre el suelo urbano.
Define los principios rectores de estos dos grandes ejes, a saber:

La sostenibilidad (en todas sus dimensiones: espacial, ambiental, económica y sociocultural; con mirada de presente y futuro).
La resiliencia, como esa capacidad de adaptación, preservación y recuperación constante de todos los actores que inciden en el territorio.
La autonomía local, tan pedida y reclamada para el desarrollo de las potencialidades del territorio en función de la calidad de vida de los asentamientos humanos.
La participación: derecho consagrado y reclamado en el destino de los territorios por parte de todos los actores que intervienen en su desarrollo.
Coherencia, equidad, equilibrio, distribución equitativa con enfoque ecosistémico, que armonizan las potencialidades de cada territorio y su distribución de manera solidaria en clave de igualdad.
La preservación del patrimonio, en la ponderación de la identidad cultural y de la protección sostenible de nuestras riquezas culturales.

Ella procura con su normativa un desarrollo efectivo de derechos constitucionales en construcción y evolución tales como: el derecho a la propiedad sobre el suelo; a un medio ambiente sano y saludable; a una vivienda adecuada y un hábitat seguro y el derecho a una participación ciudadana responsable y activa.
Entre los objetivos de la ley se encuentra definir los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, en cuanto a su contenido, alcance, instancias de aprobación y gestión. Entendiendo que los instrumentos de ordenación del territorio son los distintos métodos y procedimientos de carácter administrativo, financiero y de gestión con que se dispone cada instancia de gobierno para hacer operativa su gestión.
Dicho cuerpo normativo define las responsabilidades de los órganos locales del poder popular y las del instituto nacional y las delegaciones y direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en correspondencia con la creación reciente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, mediante el Decreto-Ley 42 de 2021.
La nueva ley pauta las líneas directrices sobre el uso del suelo de cara a un desarrollo integral. A partir de la misma, se legitima con mayor coherencia y sistematicidad el régimen jurídico del propietario, superficiario o poseedor legal del suelo, ya este edificado o no. Se establecen además a través de sus normas, las clasificaciones genéricas de uso urbanístico y las categorías de ese uso.
Ténganse en cuenta que en correspondencia con el artículo 58 constitucional, en el respeto irrestricto a la posesión, uso, disfrute y disposición del derecho subjetivo a la propiedad, tanto en Cuba como en el mundo, las restricciones urbanas actúan como límite o deber en servicio de la sociedad. Mediante ellas se indicará qué puede o no hacer cada propietario en su inmueble urbano, como límite racional. Por ello la definición clara de los instrumentos para la gestión del suelo, tales como: macrolocalizaciones y microlocalizaciones para la inversión; certificado de regulaciones territoriales y urbanísticas; permisos de construcción; certificados de habitable o utilizable; certificado catastral; certificación de estado de ruina; cesión de uso de azotea y aprobaciones de cambios de uso; resultan trascendentales en esta materia.
Los derechos o facultades urbanísticas, forman parte del contenido esencial de la propiedad sobre el suelo, se ejercerán de conformidad con lo establecido en la ley y en los planes de ordenamiento territorial y urbanismo, teniendo en cuenta el sentido social del derecho de propiedad. Así, la norma nos recrea las facultades de urbanizar, de edificar, y el derecho a lo edificado.
El derecho a urbanizar es una actividad pública por la que se dota al suelo de una infraestructura y de servicios necesarios a fin de que esté apto para ser edificado y ello le corresponde al Estado. Mientras que el derecho a edificar y a lo edificado responde a la voluntad del titular dominico del suelo en correspondencia con la planificación urbana. Por ello, en función del uso racional y adecuado del suelo, se ordena la ciudad y no queda al libre arbitrio del titular. En muchas ocasiones las personas naturales o jurídicas no entienden esa limitación a su propiedad, pero ella responde a la función social que desempeña y al cuidado de la ciudad y su desarrollo armónico.
Para todos los actores que inciden en el territorio, y que ostentan derechos sobre el suelo, resulta muy oportuno tener bien y coherentemente identificados los derechos y deberes que se derivan de su derecho. Dicha normativa, en vínculo con otras como las de la vivienda, define con mayor agudeza en los contenidos, los tipos de intervenciones urbanísticas y arquitectónicas. Estas últimas más manejables por la población (tales como reconstrucción, remodelación, ampliación, obra nueva, unificación, división, demolición, entre otras); pero no más importantes que las primeras, que en última instancia dotan al suelo de mayor valor en beneficio de todos.
Es de vital importancia que se genere la cultura del respeto a los instrumentos administrativos para el ejercicio del derecho a edificar. En muchas ocasiones los propietarios no respetan las licencias de obra, o simplemente no las solicitan y realizan acciones constructivas que redundan en perjuicio propio, de la comunidad y de la sociedad en su conjunto.
La norma como novedad dedica un capítulo a las servidumbres, lo cual, sin dudas, responde a una deuda jurídica con el gremio de los estudiosos de los derechos reales, pues las eleva a dicho rango. El vigente Código Civil cubano bajo el nombre de relaciones derivadas de la vecindad, reconoció verdaderas servidumbres en su contenido y ellas se han ido constituyendo de manera voluntaria, legal y judicial; pero sin dudas, con esta norma adquieren una sistemática más coherente con miras a tratar de palear los conflictos que se derivan en el ejercicio de los derechos sobre la utilización y ocupación de los inmuebles de manera racional y armónica.
Las servidumbres generan un límite racional a la propiedad del inmueble colindante, próximo o vecino. Se establece como requisito la racionalidad porque no pueden estar constituidas sino existe la necesidad, actúan sobre un predio ajeno estableciendo un hacer o un dejar de hacer en el predio sirviente.
A través de esta nueva regulación jurídica se potencia la constitución de las servidumbres por voluntad humana, lo cual ya se venía estableciendo, pues los funcionarios encargados de autorizar o resolver actos jurídicos sobre bienes inmuebles en los que se generaban las servidumbres, sobre todo las de paso, preveían las mismas como obligación de previsión de futuros litigios derivados de ello. La plasmación en los documentos formales de la titularidad es trascendental a la hora de su fijación en el tiempo. Téngase en cuenta que la servidumbre sigue al inmueble y no a su titular.
Se enfatiza en las servidumbres en materia de ordenamiento territorial y urbano como limitación al derecho del propietario, dígase:

Servidumbre de medianería: aquella que organiza los derechos de los propietarios en cuanto a la utilización en común y de manera armónica y proporcional de muros, setos vivos, cercas, o cualquier tipo de obra que divida las propiedades colindantes en la verticalidad y la horizontalidad.
Servidumbres de paso: tan importante para la salida a la vía publica de aquellos inmuebles en los que el paso ha sido obstruido racionalmente y requieren gravar al predio vecino imponiendo su paso.
Servidumbre de vistas y luces: elemento indispensable para el normal desarrollo de las edificaciones y el respeto a la privacidad y al desarrollo de un ambiente sano.
Servidumbre de infraestructura: límite necesario para que el tejido urbano se desarrolle ordenadamente y las edificaciones puedan contar con los servicios necesarios e imprescindibles en todo hábitat adecuado.

Es importante y trascendental que se entienda que, aunque las servidumbres se comportan como una limitación al derecho de propiedad, se establecen para el desarrollo sostenible de la ciudad.
La norma conecta también con la figura del catastro nacional que, aunque regulado en una norma especial Decreto-Ley 332 de 2015, en multifinalidad incide en lo económico, lo administrativo, lo jurídico, lo ambiental, lo urbanístico y lo fiscal, por lo que todo ello aporta a las decisiones de gobierno en el desarrollo integral del territorio. El papel del catastro en el levantamiento material del territorio y de la descripción física de los inmuebles contribuye a la seguridad jurídica, y brinda una información pública que tributa a la ordenación del territorio y su eficiente gestión.
Ha sido elogiado por muchos el título dedicado a la participación y comunicación, significándose el importante papel de su reconocimiento y de la definición de las responsabilidades y deberes que se le atribuyen a los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias. Y sobre todo al papel de la población en la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial, en su gestión y control, determinando con su voz qué quieren en su comunidad, construyendo todos, la ciudad que queremos.
La población debe jugar un papel activo en la determinación de los instrumentos de ordenación del territorio. Debe verse este proceso no como una lucha contra la indisciplina, sino para adquirir conciencia de que la ciudad la edificamos todos en aras de un desarrollo sostenible.
Así, la norma establece otro elemento muy importante que es la comunicación, se proyectan principios y pautas imprescindible y necesarias para todo proceso democrático y participativo. La comunicación comienza en la elaboración y discurre por la gestión y el control. Los instrumentos de ordenación territorial y urbano, no se esconden o engavetan, tienen que ser de conocimiento de todos. Con ello se cumplimentan y desarrollan también los derechos constitucionales.
A grandes rasgos podemos decir que es una norma más moderna, que implícitamente generará:

Una contribución a la calidad de vida y el desarrollo sostenible.
A la recuperación de la ciudad existente, sus valores y cualificación de lo nuevo.
A unas relaciones más armónicas con el mercado inmobiliario y el sector no estatal de la economía.
A la simplificación y agilización de trámites.
Al desarrollo de una ciudad más inclusiva y amigable para todos.

Faltan aún los procedimientos para la canalización de estos derechos, las pautas están trazadas como brújula, nos falta disciplina y responsabilidad para su cumplimiento, para que el ordenamiento territorial responda a la máxima, la ciudad es de todos y debemos defenderla como patrimonio legado y que legaremos con amor, para que siempre sea: bella, inclusiva, sostenible y próspera.

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Sancti Spíritus capacita a autoridades electorales para consulta sobre Código de las Familias

Las 646 Comisiones Electorales de Circunscripción que conducirán la consulta popular ya quedaron constituidas en Sancti Spíritus y se determinaron más de 3 000 puntos de reuniones
La consulta popular del documento acontecerá de febrero a abril. (Foto: Yoan Pérez / Escambray)

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Las autoridades electorales en todas las instancias y especialistas en Ciencias Jurídicas reciben una intensa capacitación con vistas al próximo proceso de consulta popular del proyecto del Código de las Familias que se efectuará durante los meses de febrero, marzo y abril.

De acuerdo con Neisa Muro Ríos, presidenta del Consejo Electoral Provincial, a estos encuentros en los barrios asistirán los juristas para que ese personal especializado pueda esclarecer dudas y responder a interrogantes en aras de una mejor comprensión del documento, teniendo en cuenta los cambios y complejidades que trae consigo un Código de las Familias atemperado a los tiempos actuales, que se someterá a consulta popular a partir del primero de febrero.

Durante el mes en curso, aclaró, reciben también una preparación las autoridades electorales y el personal que formará parte de los grupos auxiliares de procesamiento de la información.

De igual forma, agregó, están previstos los aseguramientos para el desarrollo del proceso, entre los que incluyen la transportación y alimentación, así como las comunicaciones y los sistemas informáticos que garantizarán el flujo de la información.

Las 646 Comisiones Electorales de Circunscripción que conducirán la consulta popular ya quedaron constituidas en Sancti Spíritus y se determinaron más de 3 000 puntos de reuniones en las que cada elector tendrá derecho a llevar sus propuestas, ya sea de modificación, adición, eliminación o dudas en relación con el documento.

Esta nueva versión de la norma jurídica está acorde con lo que recoge la Carta Magna en torno a la familia, en correspondencia con el carácter humanista de la Revolución.

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Convocan a misa en New Jersey por los presos políticos cubanos

Mañana 17 de enero se celebrará una misa a favor de la excarcelación de los presos políticos en la iglesia de San Rocco en Union City, New Jersey, a las 7:00 p.m.Según contó el padre Fernando Gálvez a ADN Cuba el evento tiene como fin “suplicar al Señor que ponga su mano en los corazones de todos aquellos que están siendo utilizados por la tiranía comunista para condenar injustamente a todos los que buscan el anhelado cambio en nuestra querida patria cubana”.
Además, los presentes rezarán por la “por la libertad, la justicia, La Paz y El Progreso de nuestra amada nación”, acotó Gálvez.
El religioso afirmó que espera que el  “que el mundo vea, una vez más, lo inhumano y despiadado del régimen comunista que tiraniza a Cuba, que es capaz de hacer caer su ira incluso sobre niños. Que Dios se haga fuerte entre nosotros y detenga con su mano poderosa esta barbarie absurda e innecesaria”.
Por su lado, la activista Anamely Ramos expresó que “Mañana lunes 17 de enero estaremos en una celebración en New Jersey orando por los presos políticos y sus familias. El Estado Cubano ha usado las semanas de celebración por fin e inicio de año para hacer estos juicios. Cuenta con el desgaste colectivo del último año, cuenta con la tristeza de muchos y con erradicar cualquier vestigio de resistencia y solidaridad”.
“Es nuestro deber acompañar a estas personas que perdieron el miedo.  No lo permitamos! Los presos y sus familias nos necesitan a todos. Exigir su libertad es abogar por la libertad de todos los cubanos”, escribió en Facebook.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
En las últimas semanas han sido enjuiciados decenas de cubanos, muchos con condenas que superan los 15 años de prisión. Para la semana venidera se esperan los juicios de 45 personas en La Habana y Mayabeque.
De acuerdo con Cubalex, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
El Ejecutivo cubano ha negado además que se trate de juicios de carácter político. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, dijo recientemente que en la isla “no hay presos políticos” y que las personas cubanas “pueden manifestarse libremente” en contra de la revolución. También, subrayó que en Cuba no hay en cárceles comunes menores de 16 años.
Según el listado de Justicia 11J y el Centro de Información Legal Cubalex, de un total de 1373 personas detenidas en relación con las protestas, al menos 727continúan en centros de reclusión, 70 de ellas son mujeres.
De las 605 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargos de “sedición” y 40, de “sabotaje”.

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