La información pública y solicitud de garantías de seguridad para la marcha convocada por Archipiélago y otros grupos de la sociedad civil cubana, es un acto de profundo civismo. Un acto que rescata la agencia colectiva de la ciudadanía, honra la legislación vigente, revela la transparencia de quien apuesta a construir una sociedad democrática y demuestra la capacidad que tiene —y que le falta al Gobierno— de conducirse con civilidad.
La civilidad o el civismo son conceptos que designan una conducta consistente con las buenas prácticas y el respeto por el otro en el espacio público y político. Sin embargo, a veces, la lucha por el poder conduce a sus protagonistas, en especial a los que ocupan cargos de Gobierno, a denigrar a sus rivales y a lesionar su dignidad e integridad por el hecho de disentir de las pautas oficiales. Este tipo de conductas —cuando permanecen impunes— son indicativas de una cultura autoritaria y de un sistema político deficiente.
UN PODER DESCIUDADANIZANTE
Por su esencia, los sistemas (pos)totalitarios como el cubano aborrecen el civismo. Para ellos, la agencia del ciudadano no es permitida si se opone al sistema (agencia), porque es un riesgo para el mantenimiento del poder total y porque en sí contiene la capacidad de impulsar acciones colectivas como la que se vivió en Cuba el 11 de julio de 2021 (11J).
Por esa razón, además, el régimen cubano ha desvirtuado política, social y jurídicamente el concepto de ciudadanía. Desde lo sociopolítico ha anulado las capacidades de actuación individual y comunitaria y ha impuesto la unanimidad ficticia en la toma de decisiones. Ha apostado por el consenso impuesto en la oscuridad, ha decretado la necesidad de intermediación de instituciones o de organizaciones creadas y controladas por el Partido Comunista para que la ciudadanía ejercite, de manera fragmentada y selectiva, algunos reclamos y apoyos como si fueran derechos.
Desde un enfoque en el que los derechos del Estado han sustituido al Estado de derecho, se ha vaciado de contenido a la ciudadanía. Se le ha convertido en una categoría generadora de obligaciones para el ciudadano que no sea un funcionario público. Por nuestra condición de semiciudadanos, los cubanos tenemos que pagar pasaportes a precios prohibitivos incluso para quienes viven en boyantes economías de mercado. Si somos emigrados, estamos obligados a entrar con ese pasaporte a nuestro país, sin importar si tenemos otra ciudadanía. Sin embargo, de manera simultánea, no se nos garantiza acceso a la degradada pero sobreviviente cobertura gratuita de salud o educación. Tampoco nos garantizan la posibilidad de ejercitar derechos políticos.
Como si viviéramos en las monarquías absolutas previas a 1789, para el régimen cubano la mayoría de los derechos no emanan de la ciudadanía, sino de la residencia. Una residencia que tiene que ser “efectiva” para que pueda considerarse como válida a los efectos de ejercitar derechos como el sufragio o la recolección de firmas para impulsar iniciativas legislativas populares. Ni siquiera la residencia legal, que se mantiene con la entrada cada 24 meses al territorio nacional, garantiza el ejercicio de ese tipo de derechos. Desde la Ley Electoral aprobada en 2019 los cubanos para votar tenemos que estar en Cuba o evidenciar nuestra “voluntad de permanecer” y tener allí nuestro domicilio permanente.
Para los regímenes autocráticos es imprescindible sepultar a la ciudadanía políticamente activa y al civismo. Para ellos es indispensable también que perdure la confrontación pues esta les permite etiquetar como enemigos a los opositores y justificar así su represión.
La concepción de ciudadanía impulsada por el poder en Cuba profundiza la división —generada en amplia medida por el Gobierno— de la nación cubana. Una nación que no responde a criterios políticos como la ciudadanía, sino a criterios culturales e idiosincráticos. Ante esa división ideologizada que vive la nación cubana y a los efectos de lograr consensos es preferible apelar más a la nacionalidad que a la ciudadanía.
Debemos pensar en la nacionalidad —en el hecho de que aquello que más nos une como pueblo son lazos culturales ancestrales y no solo espaciales— para salvar las distancias entre los cubanos “de adentro” y “de afuera”, entre los de “izquierda” y los de “derecha”, entre los “visionarios” y los “confundidos”. El Estado cubano no aglutina a la nación; más que todo, la divide. La ciudadanía es un elemento que atiza ese conflicto pues muchos cubanos sueñan con renunciar a ella y hasta eso el Estado cubano les impide.
ANTE EL PODER, LA AGENCIA
En los sistemas autocráticos predomina una concepción de la política como confrontación directa; una guerra donde solo puede identificarse la relación amigo-enemigo. El pensamiento de Carl Schmitt es paradigmático para entender esa relación —a despecho de las etiquetas marxistas autoimpuestas— en la forma de hacer política en Cuba.
Sin embargo, otras concepciones como la de Theodor W. Adorno[1] están más en la cuerda de lo que hoy cientos de cubanos proponen para su país y otros —socializados en lo político por el espíritu schmittano— no entienden. La perspectiva propuesta por Adorno remite a la cuestión de la búsqueda infinita de la reconciliación de las diferencias al interior de la sociedad. Señala que la política es un proceso continuo —y nunca acabado— de construcción conjunta de un orden público, “digno de ser vivido”. Se trata de una construcción que incluye a todos y que entiende que el conflicto político-social no se reduce al enfrentamiento destructivo.
De ahí que el civismo sea indispensable para actuar como un ciudadano, incluso en los ambientes autocráticos.
Sin embargo, algunos consideran al civismo como un arma política ineficiente y contraproducente para el caso cubano. Ante la ausencia en Cuba de mecanismos democráticos reales, niegan la factibilidad de impulsar estrategias políticas que invoquen la institucionalidad vigente. Estrategias como estas últimas, conocidas como activismo legal, son entendidas por no pocos cubanos —incluidos varios activistas y opositores— como un espaldarazo al sistema político vigente. Una conclusión que me parece limitada.
Quien utiliza el activismo legal como estrategia política no parte de reconocer la legitimidad del sistema que adversa. Este activismo no es sinónimo del concepto de “oposición leal” discutido —sin mayores repercusiones prácticas— hace pocos años en algunos espacios intelectuales cubanos. El activismo legal parte de reconocer la necesidad de actuar políticamente con civilidad y sepultar la confrontación schmittiana como forma de convivencia republicana. De aprovechar cada resquicio del orden vigente para impulsar agendas alternativas que transformen la sociedad y a los sujetos que en ella viven. De prefigurar, aquí y ahora, el tipo de comunidad en que deseamos vivir.
Se podrá decir que para un régimen (pos)totalitario como el cubano no hay diferencias entre quienes disienten con civismo y aquellos que apuestan por un activismo (por demás muy minoritario dentro del arco opositor) que apela a la violencia para lograr un cambio. Esa es una conclusión evidente. Para los regímenes como el cubano cualquier activismo es político. Cualquier muestra de desobediencia se considera y se trata como enemiga.
Sin embargo, el civismo sometido a represión genera empatías. Las personas terminan colocándose —a veces más tarde que temprano—, de forma abierta o velada, del lado de los débiles. Arrancan al perseguido de las entrañas de una patrulla o lo esconden en su casa, le llevan comida o le prestan un teléfono, repudian a los represores, corean consignas libertarias…; sucesos que hemos visto en los últimos tiempos. Todo eso sucede en las mismas calles donde antes solo había, en apariencia, temor, resignación y apatía.
La represión suele ser la misma para quienes apuestan por una movilización cívica y para quienes propugnan —algo, insisto, muy reducido en el caso cubano— actos violentos. La represión solo busca infundir el miedo para evitar cualquier desafío al poder. No obstante, el miedo es un capital limitado. Los cubanos lo apreciamos el 11J. Es mucho más fácil vencer el miedo cuando se sabe que se apoya a un débil que ha decidido, a la par, desafiar sin agredir al opresor. La civilidad reprimida a gran escala puede terminar por ejercer un efecto contrario al que busca el represor. Ese efecto fue resumido en la frase de una de las manifestantes del 11J: “nos quitamos el ropaje del silencio”.
Por el contrario, la violencia —incluso cuando es dirigida a sacudir a un régimen violento— no genera las mismas identificaciones o los mismos apoyos. Sobre todo, en una sociedad en la que las propias muestras sistemáticas de violencia gubernamental generan repudio en la población. Aun y cuando esta violencia no haya asumido una publicidad y expresión criminales equivalentes a las de otros regímenes aliados del continente, el cubano es un Estado violento en profundidad. Véase los efectos de su largo dominio sobre el tejido y psicología sociales. La población cubana ha mostrado su rechazo a la violencia. Una de las principales muestras de ello es que la mayoría de los miles de ciudadanos que marcharon el 11J no destruyeron hospitales, edificios gubernamentales o estaciones de policía. Los hechos vandálicos que se produjeron en esa fecha emulan con los mismos que suceden en toda protesta popular latinoamericana en las que el agravio de los excluidos se ceba contra los símbolos que encarnan su pobreza y explotación materiales. Las tiendas en moneda libremente convertible y las patrullas de policía representan algunos de esos símbolos para muchos de quienes viven en Cuba.
Aunque algunos cubanos en la diáspora han construido nexos con un Estado diferente, continúan sintiéndose parte de su matria y como tal exigen. Exigen que se les reconozcan —por necesidad o por elección— derechos políticos y económicos que debería garantizarles el Estado del archipiélago. Exigen además a sus compatriotas que viven en Cuba que asuman estrategias menos tibias y más frontales que impliquen una ruptura total e impulsen lo que creen puede ser el desmantelamiento automático del Estado totalitario que les limita o niega los derechos que exigen.
Pero si nos entendemos como nación, como parte de un todo que es más grande que ese Estado impuesto por un único partido, debemos ser capaces también de exigirnos como un todo. Si nos miramos como nación y no como ciudadanos sometidos a jurisdicciones diferentes, lo más coherente sería —si vamos a exigir— que todos corriéramos los mismos riesgos.
Utilizar la nacionalidad como amalgama nos permitiría superar los sesgos de muchos cubanos de la diáspora que se sienten ciudadanos de otro Estado y por ende se desentienden de lo que sucede en el archipiélago. Ese desentendimiento los lleva a considerar que la solución única para el restablecimiento de un nuevo Estado que ordene la nación y se funde —como le gusta decir a uno de los promotores de Archipiélago— en un pacto social diferente, le corresponde solo a los cubanos de dentro. La responsabilidad de dotarnos de un nuevo Estado le corresponde a todos los cubanos y no solo a los ciudadanos sometidos a la jurisdicción de este que encarna el Partido Comunista.
POR ELLOS, POR NOSOTROS
No hay una Cuba futura que no pase por la liberación de los cientos de presos políticos encarcelados. No puede construirse un orden público digno de ser vivido si se mantiene y reproduce la exclusión. Todas las estrategias y las agendas para una Cuba futura deberían tener como objetivo principal arrancar de las prisiones cubanas a quienes sufren de manera injusta la ignominia y la cárcel por pensar diferente y demostrarlo.
La convocatoria de Archipiélago tiene a la liberación de los presos políticos como principal objetivo. Eso debería ser suficiente para que la nación cubana en pleno, sin importar de dónde sean los ciudadanos, la acompañara o como mínimo evitara juzgarla.
[1] Adorno, T. (1987). Minima moralia: reflexiones desde la vida dañada. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Taurus.
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