El miércoles 24 de noviembre concluyó el juicio de los 13 jóvenes de la provincia Artemisa que salieron a manifestarse durante las protestas populares que se dieron en toda Cuba el pasado 11 de julio.
En la vista, que tuvo lugar en el Tribunal Popular Provincial de Artemisa, fue ratificada la petición fiscal de cada uno de los acusados.
El proceso estuvo plagado de irregularidades, según informaron a Radio Martí Irma Ravelo, esposa del acusado Yeremin Salcine Jane y la periodista independiente Eralidis Frómeta.
Ravelo explicó que a las cuatro de la tarde ya el proceso estaba “concluso para sentencia con la misma petición fiscal” y agregó que “dentro de la sala, quedó totalmente demostrada la inocencia de los jóvenes”.
La mujer elogió “la defensa tan grande que hicieron los abogados”.
Por su parte, la comunicadora Eralidis Frómeta recalcó que “les han impuesto estas sanciones tan altas, tan injustas”, destacando que durante la sesión, “hubo mucha complicidad por parte de la dictadura, hubo mucha presión, mucha intimidación”.
La periodista independiente denunció la militarización que durante tres días se vivió en las calles de Artemisa cercanas al Tribunal Popular, donde el área se mantuvo vigilada por el ejército y la Policía Nacional.
“Ellos pudieron poner todos los testigos que ellos entendieron en contra de los manifestantes pero a los manifestantes no les permitieron poner los testigos que ellos tenían, que evidenciaron, y estaban en el momento en que se originó la protesta y el camión quiso impactar a varios manifestantes que estaban acostados en la carretera y ellos no permitieron que estas personas pudieran testificar a favor de estos niños”, subrayó Frómeta.
Frómeta explicó que “los peritos presentaron el video (de los hechos) editado a favor de la dictadura”, pero, advirtió, “el video original está bien guardado, bien protegido para, en un momento determinado, enviar ese video a donde tenga que ser enviado para demostrar al mundo que estos niños no tienen ningún delito”.
Yeremin Salcine trató de impedir que el camión militar atropellara a los manifestantes extendidos en el suelo y para ello, dice Frómeta, se vio obligado a “romper la ventanilla del camión”.
El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios presentó una denuncia a favor de Salcine Jane ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, donde detalla la participación del joven artemiseño en los eventos del 11J: “En la tarde del 11 de julio de 2021 una multitud, mayormente formada por jóvenes, se manifestó contra la Dictadura de Partido Único ante la Unidad de la PNR de Artemisa. Los manifestantes gritaron “Abajo la Dictadura”, “Patria y Vida”, “Abusadores” y “Libertad” entre otras consignas. Yeremin formó parte de la manifestación pacífica cuando llegó un camión con agentes uniformados de la Brigada Anti-Motín (Boinas Negras) de la PNR quienes se lanzaron con inaudita violencia contra los manifestantes. Él fue brutalmente golpeado ocasionándosele una lesión con brote de sangre en su cabeza. Salcine Jane fue conducido hacia un hediondo calabozo de la Unidad de la PNR de Artemisa donde recibió golpes por agentes uniformados. De ahí fue conducido en un camión-jaula, donde también recibió maltrato físico, hacia la Unidad de la División de Investigación Criminal y Operaciones, DIVICO, de Artemisa”.
Los trece condenados en Artemisa son:
*Yeremin Salcines, 14 años de cárcel
*Leandro David Morales, 12 años de cárcel
*Eddy Gutiérrez Alonso, 12 años de cárcel
*Víctor Alejandro Painceira, 10 años de cárcel
*Luis Giraldo Martínez, 10 años de cárcel
*Iván Hernández Troya, 9 años de cárcel
*Yoslén Domínguez, 9 años de cárcel
*Javier González Fernández, 6 años de cárcel
*Alexander Díaz Rodríguez, 6 años de cárcel
*José Alberto Pío Torres, 6 años de cárcel
*Yoselín Hernández, 5 años de cárcel
*Yurién Rodríguez Ramos, 4 años de cárcel
*Eduardo Bryan Luperón Vega, 4 años de cárcel
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció las violaciones a las garantías judiciales y penas desproporcionadas, hasta de 25 años, contra quienes participaron en las protestas ocurridas el 11 de julio.
La Comisión mencionó que las imputaciones de cargos por desorden público, atentado, desacato, instigación a delinquir, propagación de epidemias, sedición, manifestaciones ilícitas, daños y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, son algunos de los cargos que se estarían utilizando para criminalizar a las personas mediante el uso de tipos penales abiertos.
El organismo citó violaciones de carácter procesal como que las personas detenidas permanecen incomunicadas por semanas, además de que tienen limitadas oportunidades de comunicarse con sus familias y representantes legales.
(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)
