HAVANA CLIMA

El proceso de trabajo y seguridad social, también protagonista de la reforma procesal cubana

La Constitución de la República de Cuba en su artículo primero consagra como uno de los fundamentos del Estado Socialista de Derecho, que somos una república “fundada en el trabajo”; y más adelante, en el artículo 64, establece que todos los ciudadanos poseen el derecho al trabajo y a obtener un empleo digno. Estos derechos sociales, consagrados en el Estado cubano poseen toda una implementación en normas jurídicas de variado rango normativo, encabezadas coherentemente con la Ley 116 de 20 de diciembre de 2013, Código de Trabajo.

A partir del reconocimiento de derechos laborales, es necesario determinar las vías y maneras que permitan a los trabajadores reclamar e instar a órganos competentes cuando entienden que han sido vulnerados sus derechos laborales reconocidos por el orden jurídico laboral, derechos por demás, indispensables para que los trabajadores, en una sociedad socialista, puedan satisfacer sus necesidades económicas personales y familiares.

Sobre esta base, se construye un proceso laboral como el modo a través del cual se ejercitan, mediante órganos judiciales competentes, los derechos laborales. Por ello, para que puedan conocerse las principales garantías reguladas en este “reformado” proceso de trabajo y seguridad social intentaremos responder, desde simples preguntas y respuestas, las principales trasformaciones que posee la administración de justicia laboral en Cuba.

  1. ¿Ha sufrido trasformaciones el procedimiento laboral?

Las primeras normas procesales de trabajo data del año 1924 con la Ley de Inteligencia de Puertos, a través de la cual se dilucidaban los conflictos de trabajo de los trabajadores del mar. Luego, tras el triunfo de la Revolución Cubana en el país fueron promulgadas varias normas de justicia laboral, que establecían los mecanismos para que los trabajadores reclamaran sus derechos en el trabajo; hasta que llegó en 1977 la LPCALE, la cual dedicó parte de su articulado al procedimiento laboral.

En consecuencia, el antiguo procedimiento laboral, hoy devenido en proceso de trabajo y de la seguridad social, ha sido también protagonista en la reciente reforma procesal que aconteció en el país. No solo ha sufrido un cambio de nombre para atemperarse a las corrientes teóricas más contemporáneas, sino que ha colocado importantes garantías que hoy pueden invocar los trabajadores de cualquier sector de la economía.

Además, se nutre de las categorías e instituciones procesales que han sido modificadas en la parte general del nuevo Código de Procesos.

  1. ¿Cuáles es el fundamento del proceso de trabajo y de seguridad social?

El proceso laboral, posee un carácter eminentemente social, de ahí que su fundamento se sustente en la protección de la parte más débil de la relación de trabajo: el trabajador.

Por ello, la nueva norma jurídica establece en su articulado el principio protectorio como baluarte y sostén de la justicia laboral. Así se mandata que los tribunales en los procesos de trabajo...

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Argentinian musician Javier Malosetti to perform for the first time at Jazz Plaza in Havana

HAVANA, Cuba, Jan 21 (ACN) Argentinian bass player Javier Malosetti is another of the renowned foreign musicians taking part at the 37th edition of the International Jazz Plaza Festival, which will be held until next Sunday in Havana, Cuba’s capital city.It is a dream to come to play my music in this land of music, and at the same time a challenge, he said in a meeting with the press at the Abelardo Estorino hall of the Ministry of Culture.The multi-awarded bass player, a reference for several generations of musicians, offered his art to the Cuban audience on Thursday at the Avellaneda Hall of the National Theater in Havana, accompanied by the band La Colonia.In this long-awaited concert, the Argentinean played works from his latest album, “Malosetti & La Colonia”, winner of a Gardel award for best jazz album, and included other songs from previous albums in his repertoire.He assured that being in Cuba for the first time is a dream; this land has a very acute ear to listen, detect and decode music well, I am happy enjoying the Aragon orchestra, Synthesis and the spiciest music of Cuba, he stated.Javier Malosetti will once again give his music to the Cuban public on January 23, the last day of Jazz Plaza, as a guest at the concert of his compatriot Rodrigo Sosa.

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Otros 39 manifestantes del 11J serán enjuiciados la próxima semana

LA HABANA, Cuba. — Al menos 39 manifestantes del 11 de julio (11J) de 2021 serán enjuiciados entre el 24 y el 28 de enero próximo en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, según reportó el grupo de trabajo Justicia 11J. Con ello, sumarán 407 los manifestantes que han sido enjuiciados en la Isla, la mayoría de ellos entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Los delitos imputados a los 39 acusados son: sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual. Las peticiones fiscales oscilan entre los cinco y 26 años de privación de libertad. Entre los acusados se encuentran dos menores de 21 años, ambos de Mayabeque: Raúl Xavier Díaz Pérez (17) y Livan Viel de la Peña (19), con petición fiscal de cinco y siete años de privación de libertad, respectivamente.
Justo la pasada semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en denuncia presentada ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), denunció la existencia de al menos 39 ciudadanos cubanos menores de 21 años que se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J.
Félix Navarro Rodríguez (68), presidente del del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, y su hija Saily Navarro Álvarez (35), serán igualmente procesados en el Tribunal  Municipal Popular de Jovellanos, en Matanzas. El primero, ex preso político del grupo de los 75, permanece en la prisión Agüica (Matanzas) y enfrenta una petición fiscal de 15 años de privación de libertad; su hija se halla cumpliendo medida cautelar de reclusión domiciliaria y tiene una petición fiscal de 11 años.
En los juicios desarrollados hasta la fecha, Justicia 11J ha identificado los mismos patrones: “operativos policiales en las sedes de los tribunales donde se realizan las audiencias y celebración a puertas cerradas de las mismas, en franca violación de las normas que rigen el proceso judicial. Lo anterior constituye una violación de las garantías del debido proceso, y atenta contra la transparencia de los actos judiciales. Las autoridades solo permiten la presencia en los juicios de un familiar por acusado”.
El grupo de trabajo insiste en el rol y la responsabilidad de los fiscales y jueces en estas violaciones del debido proceso, y hace un llamado a que actúen con independencia e imparcialidad.
“Están a tiempo de garantizar justicia a más de un millar de personas que resultaron detenidas arbitrariamente y que son sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por ejercer su derecho a las protestas”, agregan.
Entre los mecanismos legales que existen para restituir a los acusados de sus derechos y garantizar que no ocurran más hechos como esos, Justicia 11J cita: “retirar la acusación por falta de evidencia probatoria; sobreseer los casos iniciados contra los manifestantes que aún no tienen petición fiscal y emitir un fallo absolutorio de aquellos que han sido juzgados, pero contra los cuales no se ha dictado sentencia; en el caso de los que han sido sancionados, pero la sentencia no se ha hecho firme, promover de oficio los recursos de casación donde se declare la absolución de los manifestantes; en los casos en los que la sentencia se ha hecho firme, promover de oficio procesos de revisión, anulando las actuaciones realizadas y retrotrayendo el proceso penal a la fase investigativa donde se archiven los casos contra ellos; así como iniciar procesos de investigación contra los agentes del Ministerio del interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que usaron indebidamente la fuerza, violencia y armas de fuego contra los manifestantes pacíficos, incluido el jefe de estas dos instituciones armadas, el presidente de la República”.

Al menos cinco de los manifestantes del 11J encarcelados se hallan actualmente en huelga de hambre: Luis Manuel Otero Alcántara, William Manuel Leyva Pupo, Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez y Chadrián Vila Sequin.
Según detalla Justicia 11J, de un total de 1 379 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 727 continúan en centros de reclusión, de ellos, 15 son menores de 18 años. De las 613 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargos de sedición y 40 de sabotaje.
Asimismo, de las 93 personas detenidas en relación con la Marcha Cívica por el Cambio (15 de noviembre), continúan en detención nueve; la organización ha confirmado igualmente la ejecución de dos juicios sumarios, una revocación de libertad y que seis personas permanecen pendientes a juicio.
Esta semana Human Rights Watch (HRW), en su Informe Mundial 2022, resaltó la “represión brutal” desatada por el gobierno cubano tras las protestas del 11J, cuando resultaron detenidas más de mil personas, “en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes (…). Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención”.
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The Desperation to Flee Cuba Provokes Turmoil in the Lines for Visas

Security patrols guarding the Colombian Embassy in Havana, in the municipality of Playa. (14ymedio)
14ymedio, Juan Diego Rodríguez, Havana, 19 January 2022 — The desperation of Cubans to leave the island is becoming more and more evident. Some thirty people staged an altercation this Wednesday at the gates of the Colombian consulate in Havana when they were informed that their transit visas, necessary for the trip they intend to to Nicaragua via Bogotá, were not ready.
Some of them travel this Thursday, but the officer — a Cuban, not a Colombian — who guards the consular headquarters no longer let them pass. “I’m going to say it once, I’m going to hand over 44 passports. When I finish with this list, everyone can go, because we’re not going to serve anyone else,” he said harshly.
The discomfort grew when a security agent joined the official, who tried to dispatch them in a bad way. “Outside the man’s list, everyone who is not included there, please have to leave the area, you cannot loiter around here and the embassy’s decision is irrevocable,” he told the crowd, making it worse. “Everybody sleep and rest, I’m very sorry but nothing is going to be done,” he insisted.
Faced with the agent’s attempt to get them off the street as well, one of the men who were waiting rebelled: “If in the end they won’t attend to me, I’m going to stay because I haven’t bothered anyone and they can’t prevent me.”
The agent looked surprised at the man, who repeated firmly: “You are violating our rights; we can’t be inside the embassy, ​​but we can be outside here, no one can tell me that I can’t be here. I’m leaving today, but the day before my trip I am going to stand here.”
The discussion repeated the scene from the day before, when, a witness told 14ymedio, the police evacuated the place after a nervous breakdown by a lady who is traveling soon.
What happened in front of the Colombian embassy is not the only sign that, now more than ever, the exodus is unstoppable. The main destination is, of course, the United States, and the springboard is Nicaragua, which  last November established a “free visa” for Cubans.
The stories multiply throughout the country. In the capital, Rosa María has already sold her house and other properties and only kept a few clothes. While waiting for her flight to Managua, scheduled for next month, she is staying at a sister’s house. Her plan is, together with her children, to reunite with her husband, who is already in the United States.
In Sancti Spíritus, on an entire street in the San Luis residential area, almost all the young people have sold their motorcycles and their belongings to leave the Island.
“Never before have I known so many people leaving, not even during the Rafter Crisis,” said a resident of El Vedado when, on Tuesday, she saw the line with hundreds of people waiting to enter the Immigration and Aliens offices on Calle 17, between J and K, which issues passports.
“I’m tired of living here, I need to leave because there is no future in this country, and in order to have something you have to live with a rope around your neck all the time,” Alejandro, a 40-year-old Cuban who is waiting to get a passport for the first time, told this newspaper.
In his case, his journey north will be a little more convoluted. According to him, he wants to use his savings to travel to Russia to buy articles to bring back and sell in Cuba. If everything goes well, and with the money he collects, he plans to leave for good. “What I want is to go to the United States, via Nicaragua, but I need more money to achieve it,” Alejandro asserts.
Tickets to Managua have been selling for prices ranging from $1,500 to more than $3,000.
José, who is also waiting in line for his passport, lives in Sancti Spíritus, and reports that he has sold his house and a car to leave with his family, including children. “This decision has not been easy to take, but it has been necessary,” he argues. “Here I go out with 2,000 pesos to the street and return with practically nothing for my children.” He does it for them, he says, because “the years go by and nothing changes, we are getting worse and worse.”
Others, like Kenia, instead of going to the US, will head for Europe. A Spanish citizen and with a brother living in France, this will be her final destination. Until now, she has had to pay for two extensions of her passport for a value of 500 pesos each.
“We gave my uncle a power of attorney to take care of my husband’s house for at least two years, in case something goes wrong and we decide to return,” she explains, crossing her fingers. “In Paris we have the possibility of working thanks to friends of my brother. He will pay for the tickets and then we will repay the loan.” And she confides: “I hope we can get ahead there, because there is no one who can stand this.”
A block further from that place, on the corner of 17th and J Street, there is a similar tumult among the crowd in front of the La Rampa University Polyclinic, where PCR tests are carried out for Cubans who intend to travel abroad, to prove that they are not infected with covid-19.
Without mentioning the long lines at the doors of the polyclinics, the Havana authorities determined that as of this Wednesday the PCR tests and the antigen tests for “people who will temporarily or permanently leave the country” will be carried out in the municipality of residence of the interested party. To do this, Tribuna de La Habana reports, they will need to present their identity card, travel ticket and passport.
Between 8:00 am and 1:00 pm they will take the samples, and will deliver the results between 1:00 pm and 4:00 pm.
Cubans who do not live in Havana but are in the capital waiting for their departure through the José Martí airport, says the official note, will be tested “according to the municipality where they are residing before their departure abroad.”
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Familiares de presos políticos se suman a cacerolazo

Decenas de familiares de presos políticos, sobre todo de las protestas del 11 de julio de 2021, han comenzado esta semana cacerolazos en toda Cuba para exigir su liberación, como muestran videos difundidos en redes sociales.Una de las que se unió al cacerolazo es la activista cubana Bárbara Farrat, madre del menor Jonathan Torres Farrat, preso desde agosto pasado sin petición fiscal ni fecha de juicio aun.
“Recibí una amenaza. Quieren quitarme de las redes sociales. Mi hijo no tiene ni petición fiscal siquiera. Mientras más me amenacen con mi hijo, va a ser peor. Hoy comienzo el cacerolazo. Libertad para todos los presos políticos”, expresó Farrat en un video el 19 de enero.
Torres Farrat se encuentra preso desde el 13 de agosto de 2021. Ese día fue detenido por oficiales de la policía con el argumento de que aparecía en un video lanzando una piedra a agentes del orden. 
Jonathan padece de hipertensión arterial por hipertrofia del ventrículo izquierdo y durante su presidio ha sufrido de otitis. Aún sin petición fiscal, le han negado en seis ocasiones un cambio de medida cautelar desde su detención.
Disney Azahares, hermana del prisionero político del 11J, Dixán Gainza Moré en la provincia Camagüey, también agitó cacerolas por su liberación. Al joven le piden diez años de cárcel.
La madre del joven Kevin Damián Frómeta Castro pidió su excarcelación. “Exijo libertad para mi hijo y para todos los presos políticos. ¡Libertad!”.
Fiscalía pide 18 años de prisión para Frómeta Castro por el presunto delito de “sedición”.
Según la organización Cubalex, desde las protestas antigubernamentales de julio han registrado la detención de 1377 personas. De ellas, 727 continúan en centros de reclusión, incluidos 70 mujeres y 15 niños, y al menos 361 han sido juzgadas en procesos sumarios u ordinarios.
Entre las edades de 12 y 20 años han documentado un total de 130 detenidos; 53 permanecen en centros de reclusión y 38 han sido juzgados. Entre 60 y 75 años fueron detenidas 18 personas, nueve permanecen encarceladas y ocho han sido juzgadas.
La ONG denunció las pésimas condiciones de salubridad de los centros de reclusión en Cuba y los malos tratos contra presos.
Al menos diez de los acusados de sedición en Holguín han decidido plantarse en protesta por las altas peticiones fiscales que enfrentan. Hay reportes de que en la prisión de Guanajay, provincia Artemisa, también hay presos plantados incluido el artista Luis Manuel Otero Alcántara. 
“Es imperativo que la prensa extranjera acreditada en Cuba, las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, así como los cuerpos diplomáticos presentes en Cuba, tengan acceso a los juicios y a las prisiones en función de observadores imparciales”, indica un comunicado de Cubalex.

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