La Fiscalía de Cuba pide 25 años de prisión para Miguel Enrique Girón Velázquez, un joven holguinero que participó en las protestas del pasado 11 de julio, asegura CubaNet.
Su padre, Miguel Girón Labrada, denunció la arbitrariedad al medio independiente. El joven fue liberado bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria y se encuentra esperando juicio por el supuesto delito de “sedición”.
Según Girón Labrada, quien reside en Estados Unidos, su hijo participó en las protestas “sin que nadie le ordenara, por decisión propia, sin que nadie le pagara un dólar, que es el discurso que tiene el régimen para tratar de justificar [lo sucedido el 11J], para buscar culpables que ellos mismos han generado”.
“Estoy pidiendo apoyo para mi hijo, para que no quede impune este acto tan vil (…) que quieren cometer no solamente con él. (…) Pido apoyo a la opinión pública, del organismo que sea que esté del lado de la justicia y la verdad y que quiera un mejor futuro para mi país”, concluyó el hombre.
Desde octubre, las autoridades cubanas comenzaron a imponer sanciones a personas encarceladas tras el levantamiento popular del verano, con penas que oscilan entre pocos meses y 20 años de cárcel.
La proximidad de la Marcha Cívica por el Cambio, programada para el 15 de noviembre, provocó que la Fiscalía prefiriera sanciones más severas como escarmiento y advertencia.
El 12 de octubre el régimen declaró ilícita esta nueva marcha. Los organizadores en cada territorio fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades.
Archipiélago, una asociación de ciudadanos que surgió a raíz de las protestas de julio, decidió adelantar la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
Decenas de ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de marchar demandando respeto a los derechos humanos y a favor de la libertad de los presos políticos.