Desde 1996 y hasta el 2021, el Congreso norteamericano asignó alrededor de 404 millones de dólares para los programas de «democracia». Foto: Alfredo Martirena Hernández / Cubahora
Nuevamente suenan los tambores de la Guerra No Convencional de Estados Unidos contra Cuba, con la organización y financiamiento de una marcha contrarrevolucionaria por las calles del país el próximo 15 de noviembre. Forma parte de la misma operación político-comunicacional que tuvo su máxima expresión en los hechos del 11 de julio y que emplea como principal plataforma las redes sociales en internet.
¿Quién financia las acciones subversivas y a cuánto ascienden las sumas invertidas?
Recientemente el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden solicitó al Congreso para su presupuesto de 2022 la cifra de 20 millones de dólares para los denominados programas dirigidos a «promover la democracia en Cuba», y casi 13 millones para las transmisiones ilegales de radio y televisión, mal llamadas Radio y TV Martí. Exactamente el mismo monto que para el 2021 solicitó la Administración de Donald Trump.
Desde 1996 y hasta el 2021, el Congreso norteamericano asignó alrededor de 404 millones de dólares para los programas de «democracia» [1] Estos fondos se han ejecutado a través del Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
Con la «Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba», conocida como Ley Helms Burton de 1996, para provocar el cambio del sistema político y económico cubano, se internacionalizó el bloqueo y codificó los programas subversivos contra la nación, al establecer la obligación de otorgar financiamiento para su ejecución. En el documento se declaran abiertamente dos componentes fundamentales de su estrategia de Guerra No Convencional: la guerra económica y la guerra ideológica.
Desde entonces, cada gobierno estadounidense -sea republicano o demócrata- han empleado esos fondos, que como promedio se mueve entre los diez y 20 millones de dólares anuales. Los programas los opera bajo la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, que «autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba».
A lo apuntado en la Sección 109, se le añade la Sección 115 donde se declaran «lícitas las acciones de inteligencia contra Cuba, para cumplir los propósitos del bloqueo». Por tanto, los millones de dólares invertidos para la subversión interna, no incluye los gastos de la Comunidad de Inteligencia contra Cuba, que se calcula también son millonarios.
Asimismo, desde 1984 y hasta el 2021, el Congreso estadounidense asignó cerca de 945 millones de dólares para las transmisiones ilegales de Radio y TV Martí. [2] Por tanto, si lo sumamos a los 404 millones invertidos en los programas «democracia», se puede asegurar que en los últimos 35 años el presupuesto del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en materia de Subversión Política e Ideológica suma 1 349 millones de dólares, y si agregamos las partidas de la Comunidad de Inteligencia que tienen carácter secreto, se puede aseverar que los gastos ascienden a miles de millones de dólares para destruir la Revolución Cubana.
¿Cuáles son los orígenes de la subversión norteamericana contra Cuba?
Hace más de dos siglos de forma sostenida, la Mayor de las Antillas ha sido utilizada por los grupos de poder estadounidenses como «balón de ensayo» de sus proyectos hegemónicos, expansionistas y subversivos. Un precedente importante lo constituye el pensamiento geopolítico de los principales exponentes de los grupos de poder, destacándose entre ellos los primeros gobernantes conocidos como los «Padres Fundadores».
Uno de los precursores de esa posición fue Thomas Jefferson, quien había redactado la Declaración de Independencia y fue el tercer presidente estadounidense. Se reconoce como el primer gobernante que ideó la anexión de Cuba a Estados Unidos, cuyo testimonio resulta bastante revelador:
«Aunque con alguna dificultad (España), consentirá también en que se agregue Cuba a nuestra Unión, a fin de que no ayudemos a Méjico y las demás provincias. Eso sería un buen precio. Entonces yo haría levantar en la parte más remota al sur de la Isla una columna que llevase la inscripción NE PLUS ULTRA (no más allá), como para indicar que allí estaría el límite, de donde no podía pasarse, de nuestras adquisiciones en ese rumbo […] Yo estoy persuadido de que nunca ha habido una Constitución tan bien calculada como la nuestra para poner en armonía un extenso imperio con el principio del gobierno propio». [3]
Esa proyección se mantuvo invariablemente en el tiempo y aplicaron diversas fórmulas para apoderarse de Cuba–desde la compra de la Isla a España ofreciendo millones de dólares hasta la intervención militar. En 1898 lograron materializar por la fuerza sus ambiciones sobre el Archipiélago, sometido posteriormente durante 60 años al dominio imperial que intentó americanizar la sociedad cubana.
El triunfo de la Revolución en 1959 y su posterior carácter socialista, constituyó un duro golpe a la geopolítica estadounidense, al verse afectada por primera vez en la historia la hegemonía hacia América Latina y el Caribe, considerada despectivamente como su «patio trasero». A partir de entonces, los programas subversivos adquirieron otro carácter, que incluía acciones terroristas, como planes de atentados y acciones violentas en las ciudades cubanas. Millones y millones de dólares han empleado para recolonizar a Cuba.
Las evidencias históricas así lo confirman: intentos de compra y anexión; intervención armada y ocupación militar; imposición de un apéndice de la Constitución; usurpación de su territorio e instalación de una base militar permanente; establecimiento de regímenes dictatoriales; realización de acciones de sabotajes; introducción de plagas y enfermedades; organización de atentados contra sus principales dirigentes; múltiples acciones terroristas con un saldo de miles de víctimas mortales e incapacitados; aislamiento político internacional y regional; bloqueo económico, comercial y financiero; ruptura de las relaciones diplomáticas; creación y apoyo a bandas armadas; transmisiones radiales y televisivas ilegales; ejecución de programas subversivos financiados con miles de millones de dólares, los que invierten en la actualidad en las redes sociales de internet para sembrar el odio y la división entre los cubanos.
¿Se puede valorar la pretendida marcha del 15 de noviembre como un hecho aislado?
Existen evidencias denunciadas por Cuba de la complicidad del gobierno de Estados Unidos en la preparación y financiamiento de los promotores de la marcha, como parte de sus programas de «democracia». Persisten algunos factores que indican su organización y la certeza que será otro proyecto subversivo destinado al fracaso, entre ellos:
1. Es declarada ilegal por las autoridades cubanas porque viola varios artículos de la Constitución de la República.
2. Ante la insistencia de los operadores políticos de ejecutarla, se realiza un apercibimiento de la Fiscalía donde advierte las consecuencias legales para sus promotores.
3. Existe una conexión entre los promotores y la extrema derecha anticubana radicada en Estados Unidos, con el objetivo de generar disturbios al igual que el 11 de julio.
4. Quieren desarrollarla cuando el país está controlando la pandemia de la COVID-19, decide abrir sus fronteras internacionales y los niños iniciarán el curso escolar.
5. De manera abierta el gobierno estadounidense amenazó con sancionar a Cuba si sus autoridades actúan sobre los promotores de esta marcha, lo que demuestra su complicidad en la organización y financiamiento.
Pero más allá de esos factores, se debe tener encuenta que la obsesión de Estados Unidos para establecer el NE PLUS ULTRA y recolonizar a Cuba perdura en el tiempo. La esencia del conflicto bilateral entre ambos países se mantiene invariable: recuperar la dominación sobre la Isla y transformar su sistema político, económico y social, contra la voluntad soberana del pueblo cubano de defender su independencia y mantener el Socialismo.
Fuentes:
[1] Véase las estadísticas que son publicadas por investigaciones del Congreso norteamericano en: Mark Sullivan: «Cuba: U.S. Policy in the 116th Congress, March 29, 2019», en:https://fas.org/sgp/crs/row/R45657.pdf y «Cuba: U.S. Policy in the 116th Congress and Through the Trump Administration, January 22, 2021», en:https://sgp.fas.org/crs/row/R45657.pdf.
[2] Ibídem.
[3] Véase fragmentos de la carta que envió Thomas Jefferson a su sucesor James Madison en 1809, citada en: José Antonio Saco: Contra la anexión, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1974, p. 325.
