El ingeniero químico David Alejandro Martínez Espinosa, miembro del grupo Archipiélago, interpuso ayer 29 de octubre, ante el Tribunal Provincial de Cienfuegos, una demanda contra el intendente del municipio cabecera Mario Liván Abrahantes Quintero por declarar ilícita la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre.
Archipiélago aclaró en un post de Facebook que en “este documento jurídico se acusa al intendente de Cienfuegos por declarar ilícita la Marcha Cívica por el Cambio, explicando todos los fundamentos de derechos que respaldan la Manifestación del 15 de noviembre. De igual modo se denunciaron los actos de difamación, asesinatos de honor, amenazas y violaciones de derechos, a que han sido sometidos los firmantes desde la presentación del documento en la Intendencia Municipal”.
El Tribunal aceptó el documento y comunicó que notificaría el resultado de viabilidad en unos siete días hábiles.
“Este acto jurídico responde a uno de los principios de la Plataforma Archipiélago, basado en responder a los actos autoritarios del Régimen Cubano con ejercicios pacíficos y cívicos”, señala la publicación de la plataforma.
Martínez Espinosa, quien también firmó la carta de solicitud de la manifestación que fue entregada en la intendencia de Cienfuegos en septiembre de 2021, fue expulsado de su puesto como profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de esa provincia por sus ideas políticas.
Tras el hecho, decenas de estudiantes, profesores y otros profesionales escribieron una carta rechazando la medida, que es parte de la estrategia de hostigamiento contra quienes han explicitado su apoyo a la marcha del 15N.
El texto está dirigido al presidente designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al ministro de Educación Superior Ramón Saborido Loidi.
Martínez Espinosa fue separado de su trabajo porque se consideró, por parte de las autoridades de la Universidad, que se hizo eco de noticias falsas y por sus “críticas al sistema político y sus dirigentes”.
“Las personas firmantes, rechazamos de forma categórica el actuar de la institución docente por considerarla contraria a Derecho, ya sea este el abstractamente existente como el incorporado en el Ordenamiento Jurídico positivo. La Resolución 109 del 2021 de la Rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, que formalizó la separación del cargo, invoca fundamentos de derecho de forma genérica, imprecisa, relativos a «causales de índole moral” o “pérdida de ideología de la revolución cubana». Igualmente, nos hacemos eco de las diversas críticas que desde diferentes espectros de la intelectualidad cuestionan la pertinencia e interpretación de la Constitución de 2019 esgrimida por el aparato estatal, la cual deviene en excluyente y arbitraria, materializándose en actos tan lamentables como el que mediante la presente se condena”, arguye la carta.
Los firmantes invitaron a la ciudadanía a apoyar la carta abierta.
