La dictadura cubana pide una condena de 10 años para el pastor Lorenzo Rosales del municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
La denuncia llegó a través de Yoel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera en Cuba con sede en Las Tunas.
Demetrio compartió las palabras de la esposa de Rosales, quien conoció de la petición de Fiscalía por el abogado que lleva el caso.
“Yo de ellos no espero nada bueno, pero ahora me llamó el abogado, acaban de notificar las petición Fiscal y a mi esposo le piden 10 años, por los delitos de instigación pata delinquir, desacato y atentado, durante toda la fase de instrucción no estaban esos delitos, eso se lo han armado ahora, yo sé que ellos son capaces de todo. Usted ni se imagina. El sábado tuve visita y lo pude ver y lo que me contó que le han hecho sobrepasa toda imaginación”, explicó la cubana.
Demetrio pidió a sus seguidores que difundieran la noticia.
Varios integrantes de la comunidad religiosa cubana han sido reprimidos por haber acudido a las manifestaciones del 11J en toda la isla.
Los religiosos matanceros Yéremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra fueron detenidos ese domingo y excarcelados el 25 de julio. Recientemente fueron amenazados por la Seguridad del Estado por su intención de participar en la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre.
Otro de los religiosos hostigado el 11J fue el padre Castor José Álvarez, de Camagüey, quien fue liberado el 12 de julio con un golpe en la cabeza.
En declaraciones tras su salida de prisión, el cura denunció que fue a ofrecer asistencia espiritual a los manifestantes y a abogar por la no violencia, pero un agente del gobierno le pegó con un bate en la cabeza.
Cubanos en redes y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las altas condenas pedidas por el régimen a varios manifestantes del 11J.
La embajada de EE.UU en La Habana criticó fuertemente al régimen cubano por condenar a diez años de cárcel a Roberto Pérez Fonseca, un manifestante del pasado 11 de julio de 2021, que rompió un cuadro del fallecido dictador Fidel Castro.
También trascendió que la Fiscalía Provincial de La Habana hizo peticiones de hasta 20 años para dos ciudadanos, 21 años para 15, 25 años para ocho y 15 para cinco de los manifestantes en La Güinera.