“Mientras este problema no se resuelva habrán muchos trabajadores que no se arriesgarán a dar el paso decisivo porque del aire no se vive. Y ahora menos con la inflación astronómica que hay. De hecho veo creciente desempleo y subempleo”, agregó Fernández Delgado.
El líder católico declaró a ADN Cuba que “muchos trabajadores no estarán dispuestos a arriesgar su economía familiar por salir a una marcha porque cómo van a quedar”.
De acuerdo con Fernández Delgado, la iniciativa debería ser de ‘cubano a cubano’, entre quienes residen en el exterior y la persona afectada dentro de Cuba.
Los casos más recientes de expulsiones son los del profesor universitario David Martínez Espinosa, de Cienfuegos; y el doctor Manuel Guerra, de Holguín. Ambos son impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio, programada para el próximo 15 de noviembre.
Martínez Espinosa fue expulsado de su trabajo el 19 de octubre por su participación en la solicitud de marcha del 15N, confirmó en una nota escrita dirigida a ADN Cuba.
Según dijo en una notificación escrita donde explica su caso, Arelys Falcón Hernández, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos le hizo saber que no podía continuar enseñando por sus “posturas ideológicas”.
Por su parte el doctor Guerra fue expulsado de su trabajo en el Hospital Municipal Nicodemus Regalado el 20 de octubre.
Las autoridades municipales de salud también le sugirieron que se marchara del país. Agregaron que, de continuar en Cuba, sería recolocado en otro puesto laboral, de acuerdo al criterio del Estado.
Previamente entre 2020 y 2021 han sido expulsados otros doctores cubanos como Alexander Pupo Casas y Alexander Jesús Figueredo Izaguirre.
La liberación de los presos políticos, los cambios democráticos en la Isla y el respeto a los derechos humanos son los ejes centrales de esta Marcha Cívica por el Cambio, organizada por el movimiento Archipiélago, y que ya el régimen cubano declaró no lícita.
Este 21 de octubre la Fiscalía General de la República publicó un comunicado oficial alegando que “de incumplir la decisión de las referidas autoridades, (los manifestantes) incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente”, indica un comunicado de la institución”.
