El próximo 23 de octubre se cumple un año de la decisión política del Gobierno de Estados Unidos que interrumpió el servicio, por vías institucionales, de remesas familiares a Cuba desde aquel país.
Se trató de una medida deliberadamente concebida para dañar el nivel de vida de una parte de la población cubana a la que la administración de la Casa Blanca pretende utilizar como rehén en su guerra permanente contra la Mayor de las Antillas.
Se sabe –y quienes hoy gobiernan EE. UU. tienen conciencia clara– que el costo de enviar dinero y recibirlo, para cubanos de ambos lados del estrecho de la Florida, se ha encarecido considerablemente por culpa de este capricho hostil y cruel. Se sabe también lo que ha significado en el marco de la COVID-19 y sus marcadas consecuencias económicas.
Corregir esa medida injusta es un compromiso que el actual Gobierno de Estados Unidos prometió, no a los cubanos, no a la dirección de nuestro país que, por cierto, no lo pidió; sino a sus propios electores cuando procuraba beneficiarse con su voto en los comicios presidenciales. Han hablado de ella públicamente. Convocaron a un grupo de trabajo para estudiar el tema, cuyos resultados seguramente mostraron que la manera más segura, legítima, directa, rápida y barata de enviar dinero a familiares en Cuba es por la vía del esquema utilizado y probado durante años entre Western Union y Fincimex.
Los pretextos para no actuar son conocidos y totalmente falaces. Lo saben quienes tienen responsabilidad sobre el tema, pero queda claro que desmentir falsedades es una libertad que no disfrutan los gobernantes estadounidenses cuando se trata de enfrentar, con la verdad, a los políticos anticubanos en el Congreso de ese país.
La paralización total del servicio de remesas representó un objetivo del Gobierno estadounidense desde finales del año 2019, en el afán de recrudecer, de manera vil, las medidas de bloqueo contra la Isla y castigar a su población.
Ya en octubre del 2019 –hace dos años– la administración estadounidense dispuso un límite trimestral de envíos de mil dólares por beneficiario. Meses después, en febrero de 2020, sin razones comerciales lógicas y sin previo aviso, la compañía norteamericana Western Union suspendió las operaciones hacia Cuba desde 42 países. En el mes de junio del propio año, el Gobierno de Estados Unidos incorporó a Fincimex a la lista de Entidades Cubanas Restringidas del Departamento de Estado de ese país, bajo el pretexto de que sus resultados «benefician desproporcionadamente a la dictadura», y que «son utilizados para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela», argumentos que no soportan el más mínimo escrutinio.
No conformes, en septiembre del propio 2020 también incorporaron a la ya mencionada lista a la empresa panameña American International Services, vinculada con Fincimex para la gestión de remesas. Según el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, el objetivo era «evitar que el ejército cubano controle y se beneficie del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo». Más de lo mismo.
También en ese mes de septiembre, el banco europeo, por medio del cual se tramitaban las remesas desde Estados Unidos a Cuba, cerró la cuenta de Fincimex. Por último, el Gobierno estadounidense enmendó, el 23 de octubre, las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos del Departamento del Tesoro, para prohibir a personas sujetas a la jurisdicción de EE. UU. procesar remesas desde y hacia Cuba que involucren a empresas incluidas en la lista de Entidades Cubanas Restringidas del Departamento de Estado.
En virtud de esa decisión, a partir del mes de noviembre de 2020 –30 días después– se suspendieron las remesas desde Estados Unidos a Cuba por canales financieros institucionales. Todas estas medidas fueron aplicadas en medio de una pandemia global y con argumentos insostenibles.
Financiera Cimex s.a. mantuvo vínculos contractuales durante más de 20 años con entidades norteamericanas, con licencias específicas y generales emitidas por el propio Gobierno estadounidense. Estas relaciones comerciales se caracterizaron, en todo momento, por el respeto a lo pactado y por la profesionalidad demostrada. No constaron nunca reclamaciones por incumplimientos de Western Union, ni de ninguna de las otras empresas vinculadas con Fincimex. En el caso de Western Union, el contrato fue de Representación Internacional, según el cual las condiciones del servicio a los clientes cubanos eran determinadas por la entidad estadounidense.
Fincimex invirtió de manera sostenida en la red de pagos de Western Union, en aras de facilitarles a los consumidores el acceso a un servicio considerado esencial para las familias.
En 1997 se comenzó con 36 puntos. En el momento del cierre, la red alcanzaba 407 puntos de pagos, con representación en todos los municipios del país, y conectados vía internet con la plataforma de Western Union.
Las remesas se garantizaban en horas, de acuerdo con los requisitos de la marca. Ya estaban creadas las condiciones para incorporar una nueva modalidad: remesas directo a cuentas bancarias, lo que representaría un cambio sustancial para los consumidores. Esta nueva modalidad incluiría la posibilidad de recibir remesas en moneda libremente convertible y vincularlas con los consumos mediante tarjetas en la red de comercios.
En el momento de la ruptura, esta no se encontraba lista por no contarse con el desarrollo tecnológico necesario para vincular la misma con la plataforma de Western Union. El resto de las empresas extranjeras y estadounidenses que trabajan el mercado de remesas a Cuba utilizan las remesas a cuentas bancarias en moneda libremente convertible desde octubre de 2019.
¿Qué ha pasado después de esta injusta decisión?
Fincimex ha continuado cumpliendo su encargo empresarial, garantizando remesas desde el mundo entero a través de varios contratos con entidades extranjeras y de su propia página web transaccional. Se ha trabajado diariamente por mantener un servicio financiero sobre el que recaen las presiones derivadas de la infame Lista de Entidades Restringidas y de la constante persecución a las transacciones de Cuba.
Los consumidores del servicio desde Estados Unidos se han visto en la obligación de acudir a canales informales con un alto costo (hasta más de un 30 % del envío) y con un alto riesgo por la falta de seguridad y garantías.
No son pocos los ejemplos con experiencias y resultados infelices Es un escenario al que instaba el exsecretario de Estado en el momento del anuncio de las medidas: «a quien mande remesas a la familia en Cuba, que emplee otros medios distintos de las entidades de remesas controladas por el Gobierno cubano». Se trata de un propósito político sin precedentes en país alguno: un llamado a la informalidad financiera.
El actual Presidente estadounidense expresó, el 29 de octubre de 2020, en su campaña electoral, que «en medio de una pandemia mundial en la que las familias están sufriendo profundamente en la Isla y en todo el mundo, el presidente Trump les está negando a los cubano-estadounidenses el derecho de ayudar a sus familias», y añadió, en esa propia ocasión: «Western Union es el mayor servicio de remesas en Cuba y su cierre será doloroso para las familias cubanas, especialmente los más mayores y vulnerables, tanto en la Isla como en Estados Unidos».
En el mes de julio indicó la creación de un grupo de trabajo para «estudiar» la manera de reactivar las remesas al país sin que el «gobierno pueda confiscar las mismas o parte de ellas», una acusación totalmente infundada.
Nunca se ha extraviado en Cuba un centavo tramitado por concepto de remesas. No existe orden de pago confiscada o una dejada de pagar. El Gobierno estadounidense lo conoce y Western Union lo avala. ¿Cómo pudiera Western Union ser representada por una compañía que incumpliera las condiciones del servicio?
Se conoce que detrás de las múltiples excusas del Gobierno de Estados Unidos está el empeño en decidir, dirigir y controlar lo que sucede en Cuba; de determinar cómo se organiza este país; qué institución puede hacer qué y cuál no. Está el capricho de debilitar las instituciones del Estado, de deslegitimar la soberanía del país y de socavar el derecho de los cubanos a la autodeterminación.
Se cumple el primer año de un acto de agresión directa contra el pueblo cubano. Como dijera nuestro Comandante en Jefe en el discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, el 25 de noviembre de 1994: «El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y militares. (…) Para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y, realmente, preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía».
La verdad y la justicia terminarán derrumbando las paredes de falsedades en las que intentan sostener sus frágiles argumentos. Los lazos familiares y la necesidad de mantener vínculos solidarios nunca han podido ser interrumpidos por medida coercitiva alguna, por muy imperial que sea quien la disponga. Utilizar a la población y sus necesidades como rehenes es un acto cruel y políticamente impotente.
