MIAMI, Estados Unidos. — Detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas del pasado 11 de julio han sido algunos de los patrones represivos implementados por el régimen cubano que han sido denunciados por la ONG Human Rights Watch (HRW).
En un reporte publicado este lunes, la organización dio cuenta de las numerosas violaciones registradas durante las manifestaciones antigubernamentales de hace tres meses, en las cuales —asegura— hubo un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta”.
HRW reflejó en su informe varios de los actos represivos que más trascendieron durante el pasado 11J en Cuba: arrestos de centenares de manifestantes y transeúntes, “incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie”; detenidos que fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, “incluyendo casos de violencia de género”; y decenas de procesados en “juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso”.
La ONG recordó que durante las protestas se registró un fallecimiento y que todavía siguen decenas de manifestantes encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.
“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso (…). Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, indicó Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.
El informe de HRW documenta en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, considerado un “municipio especial”.
Para ello, “entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos”.
La ONG también mencionó a varios de los órganos represivos implicados en los abusos del 11J, entre ellos la Seguridad del Estado, las fuerzas militares, la policía nacional, la brigada especial del Ministerio del Interior, conocida como “boinas negras”.
También formaron parte de las violaciones las llamadas “brigadas de respuesta rápida”, nombre que reciben los grupos de civiles organizados por el régimen, que también estuvieron implicados en varias golpizas.
HRW puntualiza además que los jueces y fiscales encargados de juzgar a los manifestantes del 11J no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, por lo que facilitaron esos procesos penales abusivos y participaron en ellos.
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