La periodista colombiana Jineth Bedoya fue atacada y agredida sexualmente por paramilitares en la Cárcel Modelo de Bogotá hace 21 años. Años más tarde fue secuestrada por la guerrilla FARC. La CIDH determinó que el Estado colombiano debe responder.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de Bedoya, actualmente subeditora del diario El Tiempo. El tribunal internacional indicó que el Estado colombiano fue responsable.
Jineth Bedoya escribió la tarde del lunes en su cuenta de Twitter: “El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de derechos de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de la vida en su oficio #NoEsHoraDeCallar”.
La lucha de Bedoya, por obtener justicia en su caso, ha sido respaldada por colegas periodistas, mujeres, activistas y organizaciones locales e internacionales que trabajan por los derechos humanos y por la libertad de prensa, no así por el gobierno colombiano.
El reclamo de Bedoya ante los tribunales internacionales tiene relación con dos atentados en contra de su integridad física y mental, en el marco de su trabajo como periodista. El primero tuvo lugar el 25 de mayo de 2000, fue perpetrado por paramilitares con la intención de detener su cubrimiento del conflicto armado y la situación de violencia en la cárcel La Modelo. Allí se documentaron casos de descuartizamiento y desaparición y Bedoya, quien en ese momento trabajaba para el diario El Espectador, fue a investigar el tema.
El segundo caso ocurrió en 2005, cuando ya trabajaba para El Tiempo. La periodista fue retenida por una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que la liberó después de la presión del diario y de la sociedad civil.
Ambas situaciones sucedieron a pesar de que Bedoya había pedido protección al Estado debido a amenazas en su contra. La respuesta que recibió fue que “no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad”.
“La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000″, se lee en el resumen de la sentencia publicado por el tribunal este 18 de octubre.
Atendiendo a las evidencias entregadas por la periodista, la Corte IDH tomó la decisión de forma unánime.
Además de encontrar responsable al Estado colombiano por lo que le sucedió a Bedoya en el año 2000, los magistrados declararon “violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de Luz Nelly Lima, madre de Bedoya.
En razón de estas violaciones, la Corte IDH ordenó siete medidas esenciales de reparación para resarcir a Bedoya de forma directa y para evitar que se presenten más casos como este en el futuro.
El Estado deberá promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los otros responsables de los actos sucedidos el 25 de mayo de 2000 y los actos de amenazas que ha sufrido. Además, el Estado colombiano deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costes.
El Estado también deberá garantizar la difusión del programa transmedia “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos. Este proyecto inició en 2010 y es liderado por Bedoya.
Entre las medidas que se deberán adoptar para evitar casos parecidos en el futuro, la Corte IDH ordenó crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar casos de violencia contras las mujeres basados en el sexo.
En ese sentido, el Estado deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en el sexo contra mujeres periodistas.
Por último, el Estado debe crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. Además de un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de
